Las contradicciones y las sorpresas que trajo consigo el Presupuesto 2023

Suba de impuestos a los artículos electrónicos incluídos en el Ahora 30, diferimiento del ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias, y la asistencia financiera a los sindicatos que no pudo ser. En el día después, ya se escuchan voces críticas tanto en el gobierno como en la oposición.





Polémicas. Artículos de último momento, subas de impuestos y el rol de la oposición.

Por definición, el Presupuesto de un país es el marco de referencia de una gestión de gobierno. Quien tiene en sus manos la administración del Estado debe encorsetar sus decisiones al límite que establece la ley de presupuesto, donde se determina cuanto, en qué y cómo se pueden aplicar los recursos fiscales.

Ello es lo que convierte en una partida de ajedrez el debate legislativo en relación al presupuesto que cada año tiene lugar en el Congreso de la Nación. Cada una de las fuerzas políticas intenta fijar prioridades, establecer límites estratégicos al avance del gasto, y plasmar en la agenda de gobierno su propia mirada respecto al rol de los ingresos y gastos del Estado.

En este sentido, cobra especial relevancia la relación de fuerzas políticas que existe en ambas cámaras legislativas. Vale recordar que hace apenas un año, el debate fracasó y culminó dejando al país sin presupuesto para 2022, lo que obligó a gestionar con una prórroga del presupuesto 2021 y a la vez permitió al gobierno manejarse con un alto grado de discrecionalidad, ampliando partidas y reasignaciones de recursos por decreto.

Comienzan a escucharse las voces de los sectores que sufrirán recortes, y surgen cuestionamientos a raíz de las medidas con las que el propio oficialismo pretende reactivar la economía.

Con todo ello, de todas formas la política siempre encuentra el resquicio necesario para sortear el corset legal. La discusión en torno al Presupuesto 2023, no fue la excepción. El oficialismo intentó colar por la ventana una serie de artículos que no se habían tratado en comisiones. Lo logró a medias. La oposición logró frenar alguna de las modificaciones, y terminó habilitando otras.

En el día después, emergen las polémicas y las contradicciones. Comienzan a escucharse las voces de los sectores que sufrirán recortes, y surgen cuestionamientos a raíz de las medidas con las que el propio oficialismo pretende reactivar la economía.


Impuestos a los artículos electrónicos


Uno de los detalles que pasaron inadvertidos en medio de los encendidos discursos durante la madrugada del miércoles, fue una llamativa suba de impuestos que alcanza a los artículos electrónicos.

En efecto, el proyecto de Presupuesto 2023 que recibió media sanción ayer establece el aumento de la alícuota de impuestos internos para artículos electrónicos, sean estos importados o ensamblados en el país. La medida alcanza a televisores led y oled, computadoras, tablets, y celulares.

El impuesto se elevará así desde el 17% hasta el 19% para el caso de los artículos importados, y del 6,55% al 9,5% para los nacionales.

Contradicciones. El oficialismo propone subir impuestos a los mismos artículos electrónicos que busca subsidiar.

A simple vista surge una contradicción manifiesta: el mismo gobierno que introduce la suba de impuestos sobre artículos electrónicos es el que esta misma semana acaba de anunciar el plan Ahora 30, que se propone impulsar y facilitar la adquisición de los mismos artículos electrónicos.

No hace falta ser experto para comprender que la suba de impuestos aprobada ayer en Diputados, se traducirá mas temprano que tarde en un incremento de precios, lo que inevitablemente impactará sobre los mismos bolsillos que el plan Ahora 30 pretende aliviar subsidiando nada menos que la mitad de la tasa de interés que surge al financiar el consumo en dos años y medio.


Menos para los sindicatos y polémica interna


Horas después de concretarse la media sanción del Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, la Vice Presidenta Cristina Fernández sorprendió al criticar a su propio gobierno mediante un par de tweets en los que señalaba lo inoportuno de permitir un nuevo aumento en las cuotas de las obras sociales prepagas.

El juicio de valor de Cristina llamó la atención por el momento, por lo intempestivo y porque a priori pareció descalzado de la agenda económica. Bastaron un par de horas para conocer el telón de fondo del malestar de la principal dirigente del oficialismo.

Uno de los artículos que los diputados del Frente de Todos intentaron introducir a último momento en el texto final del presupuesto, se relacionaba de forma directa con las obras sociales sindicales. Puntualmente los artículos 127 y 128 establecían la creación de un fondo de cobertura para tratamientos especiales y la reducción del IVA en ciertos medicamentos puntuales.

La medida suponía una asistencia financiera implícita para las obras sociales de los sindicatos por unos $148.000 millones el año que viene, y fue producto de una negociación directa del gobierno con la CGT. No pudo ser. La oposición logró trabar la introducción de este articulado, y priva así de una jugosa partida a los sindicatos.

Interna. El oficialismo no logró introducir la asistencia financiera los sindicatos.

El inesperado revés legislativo puso en estado de alerta a los popes de la CGT, y generó un cimbronazo interno en el Frente de Todos. Asi, a la luz del resultado adverso y la imposibilidad de manejar la relación política con la principal central obrera en un año electoral, se comprende mejor el malestar de Cristina: al mismo tiempo en que se limita la asistencia financiera a los sindicatos, se autoriza un fuerte aumento en las cuotas de la medicina privada.


Ajuste por inflación del Impuesto a las Ganancias en tres años


El diferimiento del ajuste por inflación del Impuesto a las Ganancias estuvo en el centro del debate, y hasta último momento fue prenda de negociación entre los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

Según las estimaciones del oficialismo, si se aplica el diferimiento podrian llegar a recaudarse $315.000 millones más, lo que equivaldría a un 0,39% del Producto Bruto Interno. El artículo en cuestión es el 195 de la ley de presupuesto que recibió media sanción, y hasta el momento en que el mismo se trató en particular, no se había alcanzado un acuerdo mayoritario al respecto entre el oficialismo y la oposición.

El diferimiento del ajuste por inflación fue consensuado entre el oficialismo y la oposición y permitirá al gobierno recaudar $315.000 extra en 2023.

Finalmente Juntos por el Cambio accedió a incluir la posibilidad de diferir el ajuste por inflación en el cálculo del impuesto, con ciertas excepciones.

El texto acordado finalmente establece que «El cómputo del ajuste por inflación positivo solo resultará procedente para los sujetos cuya inversión en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso durante cada uno de los dos periodos sea igual o superior a los 30.000 millones de pesos». En otras palabras, se concede la posibilidad a las empresas que inviertan. Asimismo se determinó que el ajuste no aplicará en el caso en que la ganancia nominal, sea en realidad una pérdida.


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