Los alcances de la nueva Ley de Inocencia Fiscal
La presunción de inocencia, la reforma del Régimen Penal Tributario, y el régimen simplificado de Ganancias son las principales novedades. Si bien la norma se presentó como un incentivo a usar los “dólares del colchón”, la ley no constituye un blanqueo.
Por Dayana Rivarola (Larrondo, Tonelli & Asoc.)
Con la sanción en el senado de la Ley 27.799, el Gobierno nacional introdujo uno de los cambios más significativos de los últimos años en materia tributaria.
La denominada Ley de Inocencia Fiscal redefine el vínculo entre los contribuyentes y el organismo recaudador (ARCA), al incorporar nuevos criterios de fiscalización, sanciones, plazos y beneficios.
Nuevo enfoque en la fiscalización: la presunción de inocencia
El eje central de la ley es la incorporación del principio de exactitud en las presentaciones en término del contribuyente en el ámbito tributario.
A partir de esta modificación, se establece una serie de parámetros calificados como discrepancias significativas para iniciar un proceso de investigación, en lugar de presumirlo automáticamente frente a inconsistencias formales o diferencias de criterio.
Al reducir la litigiosidad, elevar los umbrales penales y consolidar la presunción de inocencia, la norma busca generar un entorno más estable para el contribuyente cumplidor, y de incentivar una mayor formalización de la economía.
El cambio apunta a fortalecer la seguridad jurídica y a reducir las fiscalizaciones basadas exclusivamente en indicios o desvíos menores.
Reforma del Régimen Penal Tributario
La ley actualiza de manera significativa los montos mínimos a partir de los cuales una infracción tributaria pasa del plano administrativo al penal.
El mínimo para la evasión simple se eleva de $1.500.000 a $100.000.000 por tributo, mientras que en los casos de evasión agravada el umbral pasa de $15.000.000 a $1.000.000.000.
Además, todos los importes previstos en el Régimen Penal Tributario y en el Régimen Simplificado se actualizarán anualmente a partir del 1 de enero de 2027, según la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), debiendo la administración tributaria publicar cada año los nuevos valores.
El propósito es reservar el derecho penal para los casos de evasión grave y organizada, evitando que incumplimientos de menor magnitud deriven en procesos penales y reduciendo así la litigiosidad y la presión judicial sobre el sistema tributario.
Cambios en los plazos de prescripción
Para los contribuyentes que cumplen con la obligación en tiempo y forma, y regularizan la misma, se reduce el plazo general de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años.
Este punto obliga a ARCA a actuar con mayor eficiencia, ya que las deudas fiscales podrán extinguirse más rápidamente si no son revisadas a tiempo por el organismo recaudador.
Régimen Simplificado de Ganancias y “dólar colchón”
Entre las medidas orientadas a facilitar el cumplimiento fiscal, la Ley de Inocencia Fiscal incorpora un régimen opcional de declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias, destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio que no supere los $10.000 millones.
Dato
- $1.000
- Los millones de ingreso anual que constituyen el topa para adherir al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias.
El esquema se apoya en información ya disponible en los sistemas del organismo recaudador, que elabora la declaración jurada con los datos que posee y la pone a disposición del contribuyente. Si este la acepta y cumple con el pago, la norma reconoce la presunción de exactitud de las declaraciones presentadas en tiempo y forma, lo que refuerza la previsibilidad del sistema y limita el seguimiento patrimonial habitual.
En este contexto se inscribe uno de los aspectos más debatidos de la ley: su impacto sobre los llamados “dólares bajo el colchón”. Si bien la norma fue presentada como un incentivo para que los ahorros que hoy están fuera del sistema se vuelquen a la economía formal, no se trata de un blanqueo fiscal ni de una legalización de activos no declarados.
El efecto es indirecto. Al reducir las presunciones automáticas y prescindir, dentro del régimen simplificado, del control patrimonial tradicional, disminuye el riesgo de fiscalizaciones basadas exclusivamente en el crecimiento del patrimonio no justificado, poniendo el foco solo en los ingresos. No obstante, ARCA conserva plenamente sus facultades de control frente a inconsistencias relevantes o desvíos significativos.
Se reducen las presunciones automáticas, pero ARCA conserva plenamente sus facultades de control frente a inconsistencias relevantes o desvíos significativos.
En este marco, los contribuyentes adheridos al régimen simplificado no deberán informar variaciones patrimoniales ni estarán sujetos a controles de consumo, lo que reduce la presión fiscal sobre la evolución del patrimonio y apunta a fomentar el cumplimiento voluntario dentro de un esquema de mayor previsibilidad.
Multas más altas y mayor exigencia
Como contracara de las mayores garantías, la ley endurece el régimen de multas por incumplimientos formales. Los importes se incrementan de manera significativa, especialmente en el caso de la falta de presentación de declaraciones juradas, la multa pasa de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para empresas.
Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que no habrá sanciones automáticas: el fisco deberá notificar al contribuyente y darle la oportunidad de regularizar su situación antes de aplicar una multa.
Conclusión
La Ley de Inocencia Fiscal marca un cambio relevante en la política tributaria argentina al intentar equilibrar control y previsibilidad. Al reducir la litigiosidad, elevar los umbrales penales y consolidar la presunción de inocencia, la norma busca generar un entorno más estable para el contribuyente cumplidor, y de incentivar una mayor formalización de la economía.
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