Aprender del horror
Las duras condenas a perpetua que recibieron tanto la pareja como la madre de Lucio Dupuy, el niño asesinado en su casa de La Pampa tras soportar un largo periodo de violencia psicológica, física y sexual, pareciera cerrar un ciclo para su familia, más allá de cuestionar aspectos puntuales del fallo. Como sociedad, se abren preguntas sobre los problemas que persisten para involucrarnos en prevenir el maltrato infantil, el manejo judicial y mediático de los casos y las respuestas ofrecidas, tanto a víctimas como a agresores.
El caso de Lucio fue uno de los más extremos, pero no es aislado. El año pasado, la línea telefónica 102 de ayuda que ofrece el Estado para denunciar violencia, maltrato y abuso infantil recibió más de 21.000 llamadas, un 5% más que en 2021, casi 60 por día, en todo el país. Según la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, entre 2019 y 2021 hubo 6.805 denuncias de niños, niñas y adolescentes afectados por violencia doméstica; en un 80% de los casos fueron agredidos por sus progenitores. No hay cifras ciertas de menores de 18 años asesinados porque el delito de infanticidio fue eliminado en 1994 y las estadísticas de homicidios dolosos no desagregan edad o vínculo, lamentable carencia estatal que dificulta aproximarse al tema.
La Pampa ejemplifica la lentitud y poca eficacia del Estado para enfrentar esta problemática. Fue la última provincia en adherir a la línea de emergencia gratuita manejada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Lo hizo luego del resonante crimen. El día que mataron a Lucio, una vecina que escuchó gritos y llantos llamó a la policía, pero un error en la dirección les impidió llegar a la casa. No se siguió el tema. Hubo negligencias en servicios de salud y educación, que ignoraron claras señales de alerta (lesiones en el cuerpo, su comportamiento) y no activaron los protocolos para estos casos. También es cuestionada la jueza de Familia, que otorgó la custodia a la madre de Lucio y su pareja, sin escuchar ni evaluar el interés superior del niño, ni determinar fehacientemente si las mujeres estaban en condiciones de criar a Lucio, que vivía con sus abuelos.
Por el caso, el Congreso tramita una ley que fija un plan para que agentes públicos de todos los niveles se capaciten obligatoriamente en derechos de la infancia y violencias contra la niñez. Tiene media sanción en Diputados y espera en Senadores. Otra urgencia demorada por “la grieta”.
Las estadísticas del 102 también revelan que un 43% de los pedidos son hechos por adultos del entorno de la víctima (familiares, vecinos) un 38% anónimos y sólo el 1% de quienes llaman son niños. Hace años que no hay campañas sistemáticas de educación y concientización sobre las violencias a niños, niñas y adolescentes. Sí hay evidencias que la Eduación Sexual Integral (ESI), tan denostada por algunos, ha servido de instancia de denuncia.
El juicio también deja lecciones a funcionarios, profesionales y medios. Su difusión a menudo no siguió criterios adecuados para evitar revictimizar a los afectados por la violencia, la reiteración de imágenes que identifiquen a los implicados, difundir versiones no constatadas por fuentes fiables y no exponer a niños, niñas y adolescentes. También se abusó de los juicios de valor y relatos tendenciosos, que incriminan anticipadamente a las personas juzgadas.
Como bien señala el abogado constitucionalista Roberto Gargarella, la rabia y el estupor por casos aberrantes no debe hacer concluir automáticamente que “más justicia es lograr la pena más alta”. Sin avalar la impunidad, debemos cuestionar si lo que queremos como sociedad es aprender de los hechos o sólo infundir miedo “para disuadir al resto”. Si el Estado es sólo un instrumento de venganza colectiva para “darle a alguien su merecido” o para “reformar y reintegrar” a los criminales, como manda la Constitución.
En definitiva, ver si somos capaces de un consenso social que deje de naturalizar la violencia en la crianza de niños, niñas y adolescentes, comprometernos y dar respuestas comunitarias e institucionales en la prevención y denuncia de estos abusos.
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