Avance corporativo
El presidente Alberto Fernández y los gobernadores peronistas lanzaron el jueves una iniciativa para ampliar la Corte Suprema a 25 jueces, con el argumento de llevar “eficiencia, federalismo y paridad de género” al cuerpo. En realidad, se trata de un nuevo intento de “apriete” político al máximo tribunal, que de concretarse desnaturalizaría su función, transformándolo en un sitio de intercambio de favores corporativos y claramente dependiente del Poder Ejecutivo, anulando la división de poderes republicana.
Ya desde su lanzamiento la iniciativa recolectó el rechazo frontal de casi toda la oposición y generó escaso entusiasmo en quienes no simpatizan con el kirchnerismo: los gobernadores peronistas de Córdoba y Santa Fe desistieron del convite y dejaron trascender su malestar, mientras que otros optaron por el silencio, como el neuquino Omar Gutiérrez, o por respaldar proyectos propios, como Arabela Carreras. De este modo, el declamado “consenso” prometido en la conferencia de prensa del jueves parece haber muerto antes de nacer.
Quienes mejor puntualizaron los problemas que tiene el proyecto oficial fueron los integrantes de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales, que reúne a prestigiosos juristas de todo el país. Señalaron que la Corte no es un órgano en el cual las provincias “deban” estar representadas, ya que para eso existe el Senado de la Nación, sitio natural de la representación federal. Es la Cámara Alta el organismo que valida por mayoría especial el ingreso de integrantes al máximo tribunal a propuesta del presidente, por lo cual allí está el momento en que las provincias se pronuncian sobre su integración. La entidad agrega dos problemas de la iniciativa oficial: en primer lugar, el Poder Judicial no puede estar representado corporativamente, porque atentaría contra su independencia ya que entonces debiera contemplarse a municipios, partidos, etc. Por otra parte, la Corte perdería otra función esencial: definir la constitucionalidad o no de leyes provinciales. Finalmente, la entidad agrega que se le daría a gobiernos provinciales una injerencia indebida en procesos judiciales, algo que está vedado al Poder Ejecutivo (en todos sus niveles) por el artículo 109 de la Constitución, “una grave afectación a la separación de poderes”, señalaron.
Otro argumento, el de la eficiencia, fue refutado también por quienes siguen de cerca las tramitaciones del alto tribunal. En el 2021, la Corte dictó en total 8.358 sentencias y falló en 21.053 causas. Si el Ejecutivo nacional busca aliviarles el trabajo debiera recurrir a la AFIP y Anses, que con sus masivas apelaciones son los principales litigante ante esta instancia.
Sobre la paridad de género, cabe destacar que es el Presidente quien tiene la potestad de proponer los nombres de los jueces de la Corte, con lo que bastaría que lo haga con este criterio. De hecho, Alberto Fernández dispone desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco de la oportunidad de designar a una jurista para integrar el cuerpo, pero ni él ni su beligerante ministro de Justicia Martín Soria se han molestado en proponer y menos en buscar diálogos interpartidarios para designarla. Gritándoles desencajado desde un atril “ladrones de guante blanco” a los opositores, difícilmente se consiga ese clima de diálogo institucional.
Habiendo fracasado lastimosamente en lograr las mayorías necesarias para la reforma judicial o para ratificar al Procurador General, es difícil imaginar que el Gobierno consiga los consensos para reformar toda la Corte y designar 25 jueces.
Cabe preguntarse si el anuncio no es sólo una movida para desviar el debate político, realizar un gesto conciliatorio a la Vicepresidenta o, peor aún, presionar al máximo tribunal ante posibles fallos adversos en temas clave, como el del reparto de la coparticipación o causas de corrupción. Mientras tanto, se juega con la violación de la división de poderes y -como señaló el exministro Roberto Lavagna- se abre la puerta a transformar a la Corte Suprema en “un mercado de favores” entre caudillos, que genere fallos basados en la política y no en la Justicia.
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