El debate presupuestario

Los primeros debates en torno a la Ley de Presupuesto 2026 muestran lo difícil que será lograr una iniciativa equilibrada y realmente operativa para las necesidades del país. Los primeros posicionamientos tanto del oficialismo como de la oposición estuvieron muy influenciados por la campaña electoral, donde ambas partes sobreactúan posturas principistas y adoptan actitudes polarizantes que en nada ayudan al debate serio que la denominada “ley de leyes” requiere.

Sin dudas que contar con un presupuesto aprobado por amplia mayoría del Congreso debiera el norte de cualquier gobierno.

Allí se estiman los cálculos de ingresos y egresos del Estado nacional, la relación con las provincias y sobre todo se fija la “hoja de ruta” del plan económico: cuáles serán las prioridades de las políticas públicas y su financiamiento en todo el ejercicio.

Argentina presenta una situación anómala para cualquier país medianamente organizado, ya que todavía funciona con los parámetros fijados en la ley de 2023, mediante dos prórrogas sucesivas decretadas por el Poder Ejecutivo, ante la imposibilidad de acordar con el Legislativo.

El presidente Javier Milei presentó su propuesta para el 2026 el pasado lunes, en un discurso que distó bastante del realizado el año pasado, en vivo ante el Congreso, con notoria ausencia de opositores y un público compuesto principalmente por ministros, legisladores afines y partidarios. Tuvo un fuerte tono técnico, dogmático libertario y muy confrontativo con la oposición.

El de este año fue presentado en cadena nacional, sin público, en un tono mesurado, más didáctico e institucional. Reconoció errores y situaciones difíciles para la población, apelando varias veces al diálogo y consenso con legisladores cercanos y gobernadores.

En lo medular, la propuesta sigue los lineamientos básicos de la gestión, según la Oficina de Presupuesto del Congreso: equilibrio fiscal sostenido; acompañamiento social sin intermediaciones; equipamiento y modernización de seguridad y defensa; desregulación del Estado.

En su discurso, el presidente adelantó aumentos en jubilaciones, educación, salud y pensiones por discapacidad superiores a la inflación proyectada para el 2026.

Varios economistas han cuestionado como “poco realistas” algunas de los indicadores y metas propuestas: un crecimiento del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1.423 (menor a la cotización actual). Este descalce le daría un importante margen de discrecionalidad al Ejecutivo para modificar partidas y además licuaría los pretendidos aumentos en Educación y políticas sociales.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) estima que habrá en estas áreas un recorte real del 24,6 %, comparado con los valores de 2023.

Más allá de las naturales diferencias, sería muy negativo que el debate presupuestario entrara dentro de la “grieta” y de la campaña electoral, como ya se anticipa.

Voceros del oficialismo insisten en que no cederán en ningún tema de fondo e incluso amenazan con una tercera prórroga por decreto, una anomalía constitucional que generaría un conflicto de poderes en momentos de extrema debilidad legislativa del Gobierno. Esta actitud es tan temeraria como la de quienes impulsan un “desguace” radical de la ley, ampliando gastos sin mecanismos de financiamiento genuino. Casi un “cogobierno” en materia económica.

Como bien señaló la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) “gobernar con un Presupuesto de prórroga implica renunciar a una herramienta clave de planificación, reduce la previsibilidad de las acciones del Estado, debilita los mecanismos de control, excluye la pluralidad en el proceso de toma de decisiones y revela la imposibilidad de alcanzar los consensos mínimos necesarios para llevar adelante las acciones de un Estado”.

Sin dudas el debate presupuestario será un desafío de responsabilidad para todos.
El oficialismo deberá mostrar realismo, aceptar que el proyecto no está “escrito en piedra” y que su voluntad de dialogar y conciliar va más allá de los discursos formales. La oposición, que es capaz de ejercer su tarea de control y auditoría, garantizando al mismo tiempo la estabilidad económica y la gobernabilidad que tanto preocupan hoy a los inversores que miran al país.