Fentanilo: hay que ir a fondo

Familiares de las decenas de víctimas por el uso de fentanilo contaminado volvieron a realizar manifestaciones y pedidos a la prensa, ante la sensación de que a pesar de los terribles daños que ha causado el manejo irresponsable de esta sustancia por parte de laboratorios y algunos centros asistenciales, la causa avanza a paso lento y, si bien hay imputados y embargados por el tema, todavía resta mucho para determinar las responsabilidades en este caso.

Varios comentaristas recordaron antecedentes: en los 90 una bodega adulteró vino de las marcas Soy Cuyano y Mansero con alcohol metílico, matando a 29 personas, o el caso del propóleo contaminado, que provocó la muerte de unas 21 personas. La situación generó procesos judiciales con condenados y una crisis sanitaria que derivó en la creación de organismos de control como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

En el caso del fentanilo contaminado se confirmaron 48 muertes, que podrían llegar a 76 con casos en análisis, y sin embargo los eventuales responsables siguen libres y los laboratorios sancionados intentan volver a operar.

El fentanilo es uno de los analgésicos y anestésicos más eficaces del planeta. Es un opioide sintético, cinco veces más potente de que la morfina y hasta tres veces más que la heroína, pero al ser fabricado en laboratorio es mucho más sencillo y económico de obtener.

En medicina se usa para tratar pacientes con enfermedades graves como el cáncer y en terapia intensiva, para aliviar dolores, controlar procesos de recuperación y cuidados paliativos.
Sin embargo, por sus efectos alucinógenos también tiene un uso ilegal como droga recreativa, que ha generado alerta en todo el mundo por sus devastadores efectos adictivos y el rápido deterioro que ocasiona en la salud de las personas adictas. Hoy es uno de los principales ingresos del narcotráfico internacional.

En abril, una investigación del Hospital Italiano de La Plata detectó que un brote de enfermedades respiratorias mortales en varios pacientes se debían a ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias, provenientes del laboratorio HLB Pharma, lo que derivó en una alerta nacional de la Anmat, que lanzó el recupero de las ampollas del producto en todo el país, decomisó lotes almacenados y clausuró ese centro farmacéutico, al igual que de Laboratorios Ramallo SA, ya que las ampollas se habrían elaborado en sus instalaciones. Ambas firmas se atribuyen al empresario Ariel García Furfaro, con importantes contactos políticos.

Se abrió una causa penal en la Justicia Federal, que al día de hoy tiene 24 imputados, varios con inhibición de bienes y prohibición de salir del país. No hay detenidos. Estiman que, de dos lotes de 154.530 ampollas, aún hay miles “pendientes de recuperación”.

Una de las dificultades para los investigadores es determinar en qué medida las muertes son atribuibles a la infección bacteriana causada por las ampollas contaminadas, ya que en varios casos se trataba de personas ya en estado grave. Por otro lado, habría una importante cifra “en negro” de muertes que serían por fentanilo y fueron contabilizadas por otras causas.

Los abogados querellantes señalan que la investigación ha demostrado más de un centenar de infracciones y malas prácticas de fabricación de ambos laboratorios desde 2018, incluyendo falsificación de documentación para importar el opioide. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó a la Justicia pruebas que relacionarían a laboratorios de los Furfaro con el narcotráfico en Santa Fe.

El caso además desnudó falencias en la Anmat y otros contralores: una auditoría interna del Ministerio de Salud reveló falta de la trazabilidad e inspección de sustancias sujetas a control especial, como el fentanilo y la efedrina, lo que podría facilitar su desvío al narcotráfico.

Familiares de las víctimas también apuntan a negligencia de clínicas y centros hospitalarios, que extendieron certificados de defunción mal confeccionados donde se omite la contaminación bacteriana.

En este caso no hay lugar para tibiezas: se debe ir a fondo. Tanto la Justicia como los organismos del Estado que deben velar por la salud pública están en deuda con las víctimas, y la sociedad en general, hasta que no se definan y castiguen todas las responsabilidades por una tragedia que podría haberse evitado y, si no se corrigen los graves errores, podría repetirse.