Un protocolo efectista

La reciente resolución 956/18 del gobierno nacional que establece un nuevo protocolo de actuación de las fuerzas policiales respecto del uso de armas de fuego en las fuerzas federales ha generado fuerte preocupación en diversos sectores, que temen que la ambigüedad del texto termine alentando casos de gatillo fácil y la consiguiente muerte de civiles inocentes.

La ministra Patricia Bullrich señaló al anunciar el protocolo que la medida busca dar “reglas claras” de actuación y reforzar la autoridad de las fuerzas de seguridad, a su juicio mermada por la incertidumbre que habrían generado varios casos de condena a policías y gendarmes por el uso indebido de sus armas reglamentarias. Afirmó que en el país se llegó a tener una “policía de brazos caídos” y señaló que su gestión está “cambiando esa filosofía”, con el nuevo reglamento, basado en resoluciones de la ONU. Sin embargo, este criterio no es compartido por la mayoría de los expertos en seguridad y derechos humanos.

El texto tiene numerosas imprecisiones y ambigüedades en su redacción, con una definición muy amplia del “riesgo inminente” que daría una enorme discrecionalidad a los agentes a disparar sin previo aviso ni haber recibido agresión alguna. El director de HRW para América, José Miguel Vivanco, advirtió que el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptado por la ONU del 17 de diciembre de 1979, que cita el protocolo, establece, entre otras cosas, que los agentes “utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”.

Entre otros aspectos, las críticas apuntan a que la resolución habilite a que las fuerzas puedan disparar para impedir una fuga. O aun si el arma de fuego no fuera real o cuando “se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda portar un arma letal”, ya sea porque integre un grupo que “posea armas, haya efectuado disparos o haya lesionado a terceras personas” o “efectuado movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”, por citar sólo dos casos.

Varias provincias, entre ellas Buenos Aires, La Pampa o Río Negro no adherirán al protocolo. La mayoría considera que darle semejante poder discrecional para juzgar en pocos segundos si una persona es o no “un peligro inminente” a agentes a quienes se da un arma con sólo 6 meses de instrucción, a menudo deficiente, es un enorme riesgo. En Río Negro sólo hay que leer el fallo del crimen de los jóvenes Cárdenas y Carrasco para ver las consecuencias de las fallas en la conducción policial y de agentes dejados a su libre albedrío en momentos de fuerte tensión. Las peores amenazas a los efectivos no parecen estar en las calles. Según un estudio reciente, de 27 agentes fallecidos en forma violenta desde el 2012 en la provincia el 60% fueron suicidios, el resto por accidentes atribuibles a malas condiciones de móviles o del trabajo y apenas dos en enfrentamientos, además del secuestro y asesinato del policía Lucas Muñoz.

Por otra parte, algunos expertos advierten que, lejos de reafirmar la autoridad policial y amedrentar a los delincuentes, los podría hacer aún más temerarios, ante la certeza de que serán baleados en cualquier momento. La propia Elisa Carrió señaló que, si bien es necesario un protocolo de este tipo, éste debiera ser más detallado, establecido por ley del Congreso y con amplios acuerdos políticos. Y advirtió que el actual podría terminar perjudicando a los agentes, dándoles una falsa sensación de seguridad, ya que de todos modos sus acciones concretas pueden ser revisadas por un juez que determine como inconstitucional el reglamento.

La sensación que queda es que este protocolo, más que devolverle “autoridad” a las fuerzas de seguridad, es una propuesta efectista de “mano dura” que busca aglutinar apoyo político al gobierno de un sector de la sociedad donde hay legítimas preocupaciones por el delito, en momentos en que la economía sólo trae malas noticias. Un plan integral de seguridad no debiera tener como eje la facultad discrecional para andar a los tiros con cualquier sospechoso, sino una adecuada inteligencia criminal, una profesionalización y mejor articulación entre las distintas fuerzas federales y de las provincias, entre otros aspectos.

Editorial