El ajuste es machista

El ajuste y la austeridad castigan con especial dureza a las mujeres. La mayoría de ellas ya está haciendo frente a una serie de desigualdades estructurales, como las diferencias salariales, la segregación ocupacional, la informalidad, los empleos precarios, el desempleo, la falta de acceso a la tierra, el crédito y otros recursos productivos y de control de los mismos y la pesada y desproporcionada carga del trabajo de cuidado no remunerado.

Las mujeres suelen estar también insuficientemente representadas en la política y la adopción de decisiones, y así tienen menos oportunidades de participar en las definiciones que determinan directa o indirectamente sus condiciones de vida y las de sus familias y comunidades.

En algunos casos, debido a sus desventajas económicas o necesidades concretas, muchas mujeres suelen recurrir al sector público en busca de empleo, servicios de salud y educación, ofrecidos por el sector público. A menudo, las mujeres dependen también de las transferencias sociales y los subsidios de vivienda y servicios públicos, junto con las prestaciones de discapacidad y por hijo/as a cargo o, en el caso de las mujeres que viven en la pobreza, las transferencias en efectivo o en especie.

Por ello, las medidas de consolidación fiscal y las reformas económicas impulsadas por la austeridad, como las que alientan la flexibilización del mercado laboral, las reducciones de la cobertura de las prestaciones y los servicios de protección social, los recortes del empleo público y la privatización de los servicios, suelen afectar negativamente a las mujeres más que a los hombres. En vez de crear o consolidar esas situaciones, que en muchos casos pueden constituir una forma de discriminación, las políticas estatales deberían centrarse en su prevención.

Las políticas de austeridad y consolidación fiscal golpean de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables de la población, entre los cuales las mujeres están sobrerrepresentadas, lo que provoca formas interrelacionadas de discriminación.

Entre las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad se encuentran las madres solteras, las jóvenes, aquellas con discapacidad, las mayores, las migrantes y refugiadas, las lesbianas, bisexuales, transgénero e intergénero, las que pertenecen a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, las de las zonas rurales y las que viven en situación de pobreza o extrema pobreza. Una serie o combinación de medidas de austeridad y consolidación fiscal tiene a menudo efectos adversos acumulativos para las mujeres.

La formulación de políticas con perspectiva de género debe ser un requisito esencial para realizar una evaluación del impacto de las políticas de reforma económica en los derechos humanos. Con ese fin, los Estados y otros actores, como el FMI, deben garantizar la participación de las mujeres en el proceso, sobre todo las que se verán probablemente afectadas por las reformas económicas. Dado que las mujeres no son un grupo monolítico y presentan diferencias significativas en cuanto a la identidad, la condición jurídica, el acceso a los recursos y la capacidad de iniciativa, es crucial una recopilación sistemática de datos para determinar y anticipar los efectos de esas medidas en que las mujeres que podrían verse afectadas.

No se puede ser feminista y al mismo tiempo promover políticas de recortes en subsidios de energía, la privatización de servicios públicos, debilitamiento de las redes de protección social, la reducción del salario mínimo, desregulación laboral, reducción de pensiones, reducción de servicios públicos y regímenes impositivos regresivos, porque todas esas políticas afectan de manera agravada a las mujeres.

*Esta nota sintetiza el informe que el autor, como experto independiente sobre deuda externa y derechos humanos de la ONU presentó en octubre de este año a la Asamblea General de la ONU

Las políticas de austeridad golpean de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, en los cuales las mujeres están sobrerrepresentadas