El ajuste por venir
Lo que los dirigentes están defendiendo no son los bolsillos de "la gente" ni los exiguos haberes de los pobres, sino sus propios "espacios de poder".
Acaso el logro más notable de la clase política nacional haya consistido en hacer del vocablo inocuo «ajuste» una mala palabra, sinónimo, según virtualmente todos, de desocupación masiva, miseria, desnutrición y desesperación. Puesto que desde hace muchos años la resistencia «principista» a ordenar las finanzas del sector público está impidiendo que la economía consiga crear las «fuentes de trabajo» que reducirían el nivel de desempleo y de este modo atenuarían la extrema pobreza que ha afectado a zonas cada vez más extensas del país, la falsedad de este planteo consensuado difícilmente podría ser más claro. Tal vez la situación sería distinta, aunque no tanto, si fuera una cuestión de la voluntad de los políticos de invertir más en salud y educación en un momento en que, por razones coyunturales, una depresión económica hubiera imposibilitado la recaudación de más impuestos, pero no se trata de esto: aunque a partir de las privatizaciones de los años noventa el gasto estatal ha aumentado de forma espectacular, nadie afirmaría que también lo ha hecho la calidad de los servicios públicos. Antes bien, en muchos sentidos éstos son todavía peores de lo que eran en otras épocas.
Por supuesto, a los políticos les convendría que la ciudadanía los considerara luchadores heroicos que están haciendo un esfuerzo tremendo por defenderla contra una ofensiva brutal encabezada por sujetos resueltos a despojarla de lo poco que aún posee, pero a pesar de que en algunos ámbitos esta interpretación interesada del drama político y económico ha adquirido el status de una verdad revelada, no corresponde del todo con la realidad. Lo que los dirigentes están defendiendo no son los bolsillos de «la gente» ni los exiguos haberes de los pobres, sino sus propios «espacios de poder» que, desde luego, dependen en buena medida de su capacidad para repartir sumas de dinero entre los simpatizantes y aliados. En nuestro país, lo mismo que en el sur de Italia, la miseria es la consecuencia lógica del clientelismo, de una multitud de burocracias politizadas, de luchas mezquinas por el control de iniciativas como las supuestas por los planes Trabajar y de una tendencia al parecer irrefrenable para privilegiar a los amigos y castigar a los adversarios. La única manera de que el país se libre de estas auténticas plagas consistiría en la profesionalización -o sea, la despolitización sistemática- de todas las reparticiones vinculadas con el Estado pero, huelga decirlo, los muchos beneficiados por el statu quo no tienen la más mínima intención de permitirla.
En el sur de Italia un esquema similar al imperante en nuestro país ha podido sobrevivir aun cuando los costos humanos fueron tan enormes porque a los políticos responsables les ha sido dado asegurarse cantidades colosales de dinero procedentes del gobierno italiano y de la Unión Europea, pero sucede que su versión local no cuenta con las mismas posibilidades. El gobierno nacional ha quedado casi sin fondos y, lo que desde el punto de vista de los políticos clientelistas es todavía más grave, el resto del mundo, que se ha mostrado tan desconcertado como el que más por los acontecimientos de los años últimos, finalmente ha llegado a la conclusión de que no serviría para nada continuar subsidiando a un orden tan claramente ruinoso e injusto como el construido por el populismo criollo. Por lo tanto, un ajuste en serio ya es inevitable y no habrá forma de esquivarlo. En las circunstancias actuales, será escasa la incidencia de las declaraciones rimbombantes, las alusiones a la «ética», las diatribas contra el capitalismo, las concertaciones, las manifestaciones de «unidad nacional», los pedidos de clemencia episcopales y los debates en torno de la «viabilidad política» de las medidas por venir con los que los «dirigentes» están procurando ocultar la consternación que sienten. Sería mejor para todos que el ajuste que se avecina se concretara de forma prolija pero, puesto que los responsables de llevarlo a cabo están más preocupados por sus propios intereses que por el bien común, sorprendería que los capítulos finales de esta saga tan triste no resultaran ser aún más caóticos que los anteriores.
Acaso el logro más notable de la clase política nacional haya consistido en hacer del vocablo inocuo "ajuste" una mala palabra, sinónimo, según virtualmente todos, de desocupación masiva, miseria, desnutrición y desesperación. Puesto que desde hace muchos años la resistencia "principista" a ordenar las finanzas del sector público está impidiendo que la economía consiga crear las "fuentes de trabajo" que reducirían el nivel de desempleo y de este modo atenuarían la extrema pobreza que ha afectado a zonas cada vez más extensas del país, la falsedad de este planteo consensuado difícilmente podría ser más claro. Tal vez la situación sería distinta, aunque no tanto, si fuera una cuestión de la voluntad de los políticos de invertir más en salud y educación en un momento en que, por razones coyunturales, una depresión económica hubiera imposibilitado la recaudación de más impuestos, pero no se trata de esto: aunque a partir de las privatizaciones de los años noventa el gasto estatal ha aumentado de forma espectacular, nadie afirmaría que también lo ha hecho la calidad de los servicios públicos. Antes bien, en muchos sentidos éstos son todavía peores de lo que eran en otras épocas.
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