El alivio de los juzgados de Paz es sobrecarga para la Policía

ROCA (AR).- Es cierto que los juzgados de Paz rionegrinos se vieron descomprimidos a partir de las medidas adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia, que eliminó varios trámites habituales en esas oficinas y aranceló todos sus servicios. Sin embargo, la realidad evidencia que los vecinos y otras dependencias públicas, sobre todo la policía, están pagando un costo demasiado alto por las nuevas reglas.

La fuerza policial se ve obligada por estos días a poner más personal en cuestiones administrativas, en detrimento de las tareas preventivas de calles, en tiempos en que la inseguridad está en boda de todos.

El origen de los problemas nace en la deficiente información desde el Estado, porque se sabe que en los juzgados de paz no se atienden los mismos requerimientos que antes, pero nadie aclara dónde pueden cumplimentarse ahora esos trámites.

Obviamente, la respuesta que busca la gente no es «en las escribanías», porque su intervención no prevé la gratuidad que pretende la mayoría (ver aparte).

En consecuencia, no son pocos los que deambulan entre mostradores en busca de una certificación de firmas, domicilios o la autenticación de una fotocopia Las quejas ante este diario se repitieron desde el lanzamiento de la acordada 06/2003 -la que impuso aranceles- y volvieron a escucharse en los últimos días, cuando el STJ ratificó la decisión de cobrar las diligencias a través de la acordada 70/2003.

El desconcierto es tal para los justiciables, que incluso algunos recibieron distintas respuestas sobre el costo de un mismo servicio, según la oficina en la que consultaba. Por ejemplo, una declaración jurada por concubinato tiene un valor final de 12 pesos en el juzgado de paz, mientras que en una comisaría la misma «exposición de matrimonio aparente» cuesta 5 pesos.

En este sentido, es preocupante el rol que cumple por estos días la Policía, suplantando al Poder Judicial en este tipo de cuestiones, porque la fuerza debe disponer de varios efectivos para cuestiones administrativas cuan-do la inseguridad apremia a la provincia.

Establecer a la falta de una precisa información como punto de partida para explicar los efectos negativos de la medida del STJ responde a que muy pocos acuden al lugar correcto cuando intentan completar una instancia burocrática.

Lo dicen los propios empleados de las reparticiones consultadas por «Río Negro» en Roca, quienes confirmaron ayer que no son pocos los que llegan equivo

cados y deben partir hacia otro punto.

Por ejemplo, en el Registro Civil autentican fotocopias de partidas de nacimiento, sólo con el costo de la estampilla; en las supervisiones escolares pasa lo mismo con trámites relacionados con la actividad educativa y en el municipio roquense certifican los documentos relacionados con expedientes para presentar en la comuna «Con otros organismos públicos pasa lo mismo, pero nadie lo sabe y entonces la gente termina pagando de más», señaló un empleado consultado.

En tanto, desde Anses se indicó que allí también se generaron problemas por la medida del STJ, principalmente con quienes antes obtenían en los juzgados de paz la documentación necesaria para jubilarse y ahora no pueden.

Cabe recordar que la acordada 70/2003 estableció un nuevo esquema para aplicar los aranceles desde noviembre próximo.

El mismo reitera un cobro de 10 pesos por diligencias de mandamientos en el radio urbano del juzgado de Paz. El costo menor corresponde a los trámites de «cédulas de notificación» que asciende a los 5 pesos.

En cambio, la mayor modificación se establece en los mandamientos «fuera del radio urbano del juzgado», se trate de las solicitudes de Río Negro u otras provincias. En este último caso, la diligencia tiene un costo adicional de 15 pesos. Sin embargo, ambas notificaciones tienen un valor según los kilómetros desde el juzgado al lugar de notificación, que oscila entre los 20 pesos (menos de 50 kilómetros) hasta los 60 pesos (llegando a los 110 kilómetros), con un intermedio de 40 pesos (entre los 51 y 100 kilómetros). Pero además de ese pago la acordada ratifica que «la parte interesada deberá tomar a su cargo o poner a disposición una movilidad».

Respecto de las certificaciones, tienen un costo que va de 10 a 20 pesos. Para la autenticidad de copias se pautó una suma fija de dos pesos, mas un peso por cada foja adicional, pero sólo son posibles en aquellas ciudades que no tienen escribanías, es decir una minoría en la provincia.

Ante la exclusión de las certificaciones de firmas y autenticación de fotocopias del ámbito judicial, la alternativa para los que no pueden esperar los tiempos de los organismos provinciales o municipales es recurrir a una escribanía.

Claro que los costos no son los mismos, porque no existe una regulación para que los registros notariales rionegrinos posean un arancel unificado y las tarifas se corresponden sólo al criterio personal del profesional.

Para colmo, un notario consultado aseguró que ni siquiera hay uniformidad entre las ciudades, registrándose en el Alto Valle importantes diferencias entre Roca, Allen y Cipolletti. En consecuencia, uno puede obtener una copia autenticada por un peso, dos ó cinco, de acuerdo a la escribanía que haya elegido. (AR)

En las unidades policiales rionegrinas se cumplen por estos días la gran mayoría de los trámites que ya no son gratis o directamente no se hacen más en los juzgados de Paz.

Además del desconocimiento sobre otras oficinas que tomaron la posta de los servicios, la concentración de la demanda responde a un simple motivo: Se cobra un sellado de 5 pesos y algunas certificaciones no tienen cargo, sobre todo si el solicitante es jubilado o pensionado.

Esta realidad es sinónimo de decenas de papeles y datos acumulados en pequeñas oficinas y vetustas computadoras de comisarías, subcomisarías y destacamentos.

En la unidad Tercera confirmaron el aumento en la demanda de trámites desde que el STJ dispuso las acordadas para el cambio de esquema en los juzgados de paz.

En este sentido, remarcaron otro problema derivado de la falta de información: la presentación en la sede policial céntrica de vecinos que viven en barrios de otra jurisdicción Paralelamente, la Policía debe hacerse cargo de las citaciones, notificaciones y fichajes emanados desde los juzgados de distintos fueros hacia los vecinos No es un dato menor y alcanza con decir que sólo la comisaría Tercera de Roca tramita 10.000 expedientes de este tipo cada año.

Una y otra función demanda a la fuerza la disposición de personal, perdiendo la posibilidad de destinarlos a tareas de prevención en las calles.

La falencia incluso fue advertida por el gobernador electo, Miguel Saiz, que en una entrevista concedida a este diario semanas atrás ratificó su interés por sacar a la Policía las responsabilidades administrativas para reforzar las patrullas en las calles. (AR)

Anses fue otra de las reparticiones públicas que resultó complicada por las modificaciones en el funcionamiento de los juzgados de paz rionegrinos.

Más que Anses, los perjudicados fueron los jubilados, pensionados y personas con interés en recibir un beneficio previsional que viven en las ciudades aledañas a Roca, Regina, Viedma y Bariloche.

«Ocurre que antes iban al juzgado de paz de su ciudad, conseguían certificaciones y autenticaciones, y luego viajaban a nuestra delegación sólo para entregar la documentación. Ahora vienen con las manos vacías, salen a buscar lo que necesitan en una ciudad que no conocen, muchas veces a pie y pasando por varios mostradores antes de tener una respuesta concreta», explicó ayer un trabajador de Anses Roca.

La fuente agregó que también se los obliga a hacer dos viajes: el primero para saber qué necesitan y el segundo para retirar los papeles en la dependencia que se los gestione, porque algunos no son inmediatos Por otra parte, el empleado indicó que en las oficinas de la calle La Pampa han atendido a vecinos que llegan en busca de certificaciones de firmas para trámites que ninguna relación guardan con el servicio de seguridad social que presta el organismo. (AR)