El «caso» Rofecoxib

En los algo más de cinco años que transcurrieron desde que la FDA (Food and Drug Administration) de EE. UU. aprobó la comercialización de la droga Rofecoxib en mayo de 1999, millones de personas la consumieron en más de 80 países y las ventas en todo el mundo (sólo en el 2003) ascendieron a 2.500 millones de dólares.

Rofecoxib es una droga antiinflamatoria que se utiliza para el tratamiento de diversos problemas reumáticos y que, a diferencia de los antiinflamatorios tradicionales, ofrece la ventaja de producir menos problemas digestivos.

Sin embargo nuevas evidencias científicas confirmaron las sospechas, existentes desde algunos años atrás, de que quienes consumen esta droga tienen mayor frecuencia de problemas cardiovasculares, específicamente infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares.

Por este motivo la empresa fabricante dispuso el retiro de la droga del mercado en todo el mundo, adelantándose a lo que, de no hacerlo, sería una casi segura prohibición de parte de las autoridades estatales, la que llegó algo después.

El proceso que va desde que un medicamento comienza a ser estudiado hasta que finalmente es autorizada su comercialización y aparece en las farmacias, consiste en una serie de investigaciones y controles, que en promedio insume siete a diez años y unos 300 a 500 millones de dólares. Se calcula que sólo una de entre 500 drogas logra completar el ciclo, y llega a ser incorporada al así llamado «arsenal terapéutico» que manejan los médicos.

Tal proceso de evaluación es controlado por las autoridades sanitarias de cada país, y comenzó a aplicarse a principios del siglo XX. Con los años fue tornándose cada vez más exigente, en particular después de que en la década del 60 se produjo la catástrofe de la talidomida, en la que varios miles de bebés (cuyas madres habían tomado durante el embarazo ese medicamento, de reciente aparición en ese momento) nacieron con malformaciones congénitas complejas.

Sin embargo, este proceso adolece de varias debilidades, una de las cuales es que, al momento en que son aprobados, se conocen mucho mejor los posibles efectos beneficiosos de los medicamentos que sus probables efectos indeseables. Debido a que debe observarse en casi todos los pacientes que la utilizan, es más fácil establecer la eficacia de la droga que demostrar un efecto indeseado que tal vez sólo se observa en uno de cada diez o veinte mil personas. Por eso, a medida que más personas emplean una droga, más posibilidades existen de demostrar efectos adversos serios y poco frecuentes que tal vez habrían pasado inadvertidos en los estudios de seguridad previos a la aprobación (tal como se realizan en la actualidad).

Por ejemplo: los datos originales de seguridad de Rofecoxib provenían de estudios sobre unos cinco mil pacientes, pero en la actualidad la droga era empleada por unos dos millones de personas (1).

Por este motivo, todos los medicamentos que se comercializan son «vigilados» por organismos específicos del Estado mediante un conjunto de técnicas denominado «farmacovigilancia». La idea es que si es complejo aumentar las exigencias de seguridad para evitar que aparezcan problemas, por lo menos vigilando su uso en la población se puede detectar rápidamente la aparición de tales problemas.

Al igual que los sistemas de evaluación y aprobación, los de farmacovigilancia son fuertes sólo en los países centrales que toman estos temas con la debida responsabilidad, y la FDA constituye el ejemplo más evidente.

Sin embargo, en este caso también la FDA tuvo una actitud contemplativa, puesto que Rofecoxib ofrecía, desde el mismo día de su aprobación, un perfil de riesgo cardiovascular que la hacía merecedora de una serie de estudios aclaratorios (2) y cuya realización debería haberle sido exigida (por la FDA) a la empresa fabricante. Por su parte, la empresa postergó la realización de otros estudios y la presentación de ciertos resultados (3).

Para que un medicamento nuevo sea mejor que uno ya existente, debe demostrar que es más eficaz para solucionar o aliviar el problema de salud para el que se lo propone. Pero esa evaluación es insuficiente, puesto que también es deseable que demuestre que tiene menos riesgos y, en la medida de lo posible, que es más barato. O sea, su ecuación eficacia / riesgo / costo debe ser más favorable. Una evidencia de la importancia de lo anterior lo constituye el hecho de que, de entre los medicamentos aprobados en los últimos años, el mayor número corresponde a aquellos que prometen (aunque, como en este caso, no siempre se confirma) ser más seguros que sus predecesores, pero que no necesariamente son más eficaces.

Sin embargo, la población exige (legítimamente) de los médicos y de los medicamentos que le solucionen sus problemas, no sólo que los expongan a menos riesgos. Y cree (también legítimamente) que si algo nuevo ha aparecido después de tantos ensayos y controles, entonces, debe ser mejor que lo existente. Porque si no es mejor que lo anterior, entonces ¿para qué fue aprobado? Y termina asociando los adjetivos «bueno» y «nuevo» como sinónimos, con lo cual muchas personas se exponen a riesgos que podrían evitarse mediante una actitud más cauta: en materia de seguridad de medicamentos, siempre es preferible esperar el prudente dictamen del paso del tiempo.

(1) (Editorial) Vioxx: an unequal partnership between safety and eficacy; Lancet; 2004; 364; 1287-1288.

(2) FitzGerald, GA: Coxibs and Cardiovascular Disease; N. Engl. J. Med; 2004; 351; 17;1709-1711.

(3) Topol, E. J: Failing the Public Health-Rofecoxib, Merck and the FDA; N. Engl. J. Med; 2004; 351; 17; 1707-1709.

(*) Profesor de Farmacología, carrera de Medicina, Universidad Nacional del Comahue.