El caso Solano estancado: ahora la Corte Suprema definirá competencia

Si se inclina por la segunda opción, las actuaciones volverán a foja cero y habrá que empezar de nuevo el proceso. Mientras tanto, hay siete policías procesados.

El máximo órgano judicial debe decidir si es la Justicia rionegrina o la Federal la que debe realizar el juicio.

El caso Daniel Solano entró en un estancamiento del que no se sabe cuándo saldrá. El juez subrogante, Julio Martínez Vivot, elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el caso de la desaparición y homicidio del joven salteño para que determine la competencia. Es que para el magistrado, tanto como para el fiscal que intervino en el proceso, Guillermo Bodrato, al tratarse de “desaparición forzada de persona” el hecho debería ser juzgado por la Justicia Federal y no por la rionegrina.

Ahora no se sabe cuanto tiempo podrá demandar la respuesta del máximo organismo de justicia del país. Lo concreto es que este trámite derivará en una dilatación por meses en el inicio de un posible juicio.

Si bien la etapa procesal de la causa principal esta cerrada y elevada a juicio, resta determinar si lo llevará a cabo si la justicia ordinaria de Río Negro, como pretende la querella, o la Justicia Federal como pretenden el Vivot y Bodrato.

Según fuentes judiciales, en el mejor de los casos, habrá que esperar cerca de un año para que la Corte dicte una resolución. Si dice que es la justicia rionegrina la que debe hacerse cargo del juicio, se definirá fecha recién en ese momento.

De tomarse la opción “federal”, esto implicaría la vuelta a foja cero de todo el proceso y la demanda de mucho más tiempo en la resolución del caso.

Es la segunda vez que Martínez Vivot apela a una instancia superior para que la causa pase a manos de la Justicia Federal.

A fines del mes de marzo, la Justicia Federal rechazó su competencia para investigar la desaparición y muerte de Daniel Solano. Desde el juzgado penal Nº 30, se había planteado que la carátula de la causa era “desaparición forzada de persona” por lo que debía entender en su resolución y juicio el fuero federal.

Pero la respuesta en ese momento fue clara: el Juzgado Federal a cargo de la magistrada subrogante Carolina Pandolfi definió que no tiene competencia en este caso.

En el fallo se definió “rechazar la competencia atribuida por el Juzgado de Instrucción Nº 30 de Choele Choel en favor de este Juzgado Federal de General Roca, y en consecuencia devolver las actuaciones al juzgado de origen para invitarlo a trabar contienda negativa de competencia y a dirimir la cuestión ante el superior común.

Se espera que el máximo organismo de justicia del país se expida de manera urgente, para aclarar la desaparición de una persona y porque hay siete policías procesados. Justamente en este punto se debe definir en qué situación quedan los uniformados acusados.

El caso en números

Cronología de un caso con muchos misterios

En la madrugada del 5 de noviembre de 2011, Daniel Solano desapareció de un local bailable de Choele Choel.

A principios del 2012, la causa tuvo un cambio de juez. Marisa Bosco fue reemplazada por el juez civil Víctor Soto.

El 19 de julio de 2012 fueron detenidos siete policías acusados de hacer “desaparecer” a Solano.

A principios de agosto del 2015, se clausuró la etapa de instrucción y el juez, Julio Martínez Vivot, elevó la causa a juicio.

A cuatro años y medio de la desaparición, aún no se definió qué fuero tiene la competencia para llevar a cabo el juicio.

La Corte Suprema de Justicia debe dirimir la competencia suscitada entre el Juzgado Instrucción Nº 30 de Río Negro y el Juzgado Federal de Roca.

Sergio Heredia, abogado de la querella, se mostró esperanzado de que la situación se resuelva rápido, aunque se estima que el trámite podría demorar varios meses.

Datos

400
testigos declararon en la causa por la desaparición del joven que había llegado a Valle Medio desde Salta.
7
son los policías procesados por esta causa; 22 fueron los que estuvieron imputados.
25
son las causas conexas que se han desprendido de este caso a partir de diferentes denuncias de abusos policiales en la región.
La Corte Suprema de Justicia debe dirimir la competencia suscitada entre el Juzgado Instrucción Nº 30 de Río Negro y el Juzgado Federal de Roca.
Sergio Heredia, abogado de la querella, se mostró esperanzado de que la situación se resuelva rápido, aunque se estima que el trámite podría demorar varios meses.

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