El Consejo de la Magistratura cerró el caso del juez Moldes

BUENOS AIRES (ABA). – Por considerar insuficientes las acusaciones en su contra, el Consejo de la Magistratura desestimó por amplia mayoría iniciarle juicio político al juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes.

En la reunión plenaria de ayer el miembro informante de la mayoría, Luis Pereira Duarte, fue descartando uno a uno los argumentos para abrir a prueba los hechos por los que el magistrado fue denunciado.

Salvo la insistencia de Beinusz Smuckler -apoyado por la diputada del ARI Marcela Rodríguez- para que se «profundice la investigación», el resto no compartió ese criterio y prefirió inclinarse por cerrar el caso.

Votaron en este último sentido además de Pereira Duarte, los legisladores radicales Carlos Prades y Juan Jesús Mínguez, los justicialistas Lelia Chayá y Jorge Casanovas, el senador centrista Ricardo Gómez Diez, así como Eduardo Orio y Bindo Caviglione Fraga, por el sector representativo de abogados y jueces.

Consultado por este medio, Gómez Diez dijo acompañar el dictamen de la mayoría (aconsejando no enjuiciar a Moldes ) por considerarlo «sólido», en tanto calificó de «inconsistente» la pre

sentación de Smuckler.

Pese a la cómoda definición en favor del juez barilochense (tal como lo había anticipado «Río Negro» en su edición del 15 de este mes), las argumentaciones en uno y otro sentido contuvieron elementos muy controvertidos.

Polémico

Las acusaciones contra Moldes se basaron en artículos periodísticos y elementos denunciados por el diputado nacional rionegrino, Julio Accavallo.

A Moldes se le imputaba hacer uso de un automóvil propio del juzgado para usos particulares como esparcimiento. Frente a ese dato, la mayoría consideró que siendo el único juzgado federal de la jurisdicción, es muy difícil establecer y comprobar la utilización que se le dio a ese coche.

Por otra parte se le adjudicó a Moldes haber designado a un «agente encubierto» sin los recaudos exigidos por la ley y empleado «escuchas telefónicas» vulnerando garantías constitucionales.

Pero la mayoría también descartó ambos elementos, basándose esta vez en que hubo disidencias entre el juez de Primera Instancia y la Cámara de Apelaciones sobre cómo se empleó el «agente encubierto», además de considerar que «salvo excepciones» no resulta del contenido del Consejo analizar los decisorios judiciales.

También se observó una condena que Moldes dictó a tres años en suspenso contra una docente por cortar una ruta cerca de la Estación Terminal de Bariloche, pero a esta argumentación se le respondió que el criterio del juez en cuestión fue compartido por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Y se añadió la omisión de un operativo antidrogas contra un empresario de un local bailable de la región, lo que fue calificado por la mayoría como una resolución que le compete investigar a la justicia local.

Callejón sin salida

Pero el detalle más curioso del proceso consistió en una denuncia contra Moldes por haber instaurado -junto a funcionarios de su juzgado- una demanda por la diferencia dineraria por trabajar en «zona desfavorable»; a la vez de haber instaurado en su propio juzgado una acción (en su beneficio y el de su familia) por recupero de plazos fijos incautados durante el «corralito», los que pudieron extraerse con prontitud.

A ello, Pereira Duarte respondió que era el único juzgado competente para actuar, mediante un magistrado subrogante.

Pero paradójicamente, frente a otra denuncia de tres importantes inversiones inmobiliarias que habría realizado el juez (una por 50.000 dólares), la respuesta de la mayoría fue que esos fondos justamente se justificaban por lo obtenido por zona desfavorable, más lo recuperado del corralito. Un caso único en que se unieron dos denuncias para fundamentar una defensa.

Argumento de ribetes graciosos… Como la referencia de un consejero a este cronista: «Si se tomaran en cuenta estas acusaciones como causal de juicio político, la mitad de los despachos quedarían vacíos» (sic)

Claudio Rabinovitch