El «Consenso de Washington»: blindaje y consolidación del modelo

Una de las consecuencias más perniciosas para la sociedad democrática, por la aplicación del neoliberalismo, es la transferencia casi total del poder político al poder económico. De tal forma, las instituciones quedan castradas y además corrompidas. Desaparecen los entes públicos y en el caso argentino, hasta facultades constitucionales, como la de fijar las políticas monetarias en forma independiente y soberana, ya que la legitimidad dada por el Congreso es la embreta con un «chaleco de fuerza». Ni qué hablar de las garantías y protección que prescribe el art. 42 de la Constitución Nacional.

Todas las libertades, derechos y garantías del ciudadano ceden ante la libertad de los mercados -del financiero en primer lugar-, donde reina la competencia imperfecta o monopolística, transformándose de «mediadores» en «vínculos obligatorios» de una concurrencia que se apropia, no sólo de la plusvalía, sino de casi toda la acumulación en forma de capital «más débil», «no competitivo» (concentración, quiebras de empresas, liquidaciones, etc.).

La producción y reproducción ampliada del capital se desarrollan en el marco de políticas económicas consensuadas por las organizaciones e instituciones rectoras a nivel mundial, dirigidas en especial, con fuerte presión y extorsiones, hacia los países menos desarrollados o con desarrollo dependiente como la Argentina; mientras que entre los países altamente desarrollados, tanto la lucha de clases como la lucha a muerte entre la misma concurrencia monopolística, adquiere otro carácter, tanto internamente como a escala mundial.

No se pueden transferir impunemente poderes políticos nacionales al espacio político global transnacionalizándolo. Es muy imprudente pensar que el mercado global con su maximización de ganancias y «laissez faire» global puedan resolver los problemas puntuales de la Argentina.

En la conferencia celebrada en noviembre de 1989 en Washing-ton, organizada por el Institute for International Economic, se discutieron y aprobaron distintos trabajos que constituyeron lo que pasó a denominarse el «Consenso de Washington». Un documento final sintetizó los lineamientos neoliberales que F. Hayek y sus amigos de Austria y Europa habían delineado después de la Segunda Guerra Mundial, en su célebre reunión en Suiza, especialmente en contra de las políticas keynesianas.

El gran público está hoy familiarizado con esas políticas de «ajuste», pero hace unos pocos años, cualquier mención al FMI, por ejemplo, eran inventos de «izquierdistas» o simplemente «zurdos», expresión esta última superlegitimada por el peronismo de derecha. Las críticas a estas políticas se desacreditan hoy de otra manera. Los programas «for America» tienen en cuenta la situación de dominio casi absoluto del capitalismo globalizado y del reino neoliberal (el que a mi juicio se está derrumbando estrepitosamente); se inculca a la gente la imposibilidad de cambio o simplemente de oposición u «ofensa a los mercados». Oponerse a estas políticas es colocar al país (el riesgo país) fuera de la realidad global de los mercados mundiales, que podrían castigar con la pena máxima a millones de argentinos. Por lo tanto, proteger a los mercados financieros, a los bancos, a los fondos comunes de inversión, etc. es prioridad y así lo fue también anteriormente.

En consecuencia, los organismos internacionales tienen muy en cuenta hoy (su improvisación en Asia fue muy seria) la hipersensibilidad con «efecto cascada» que desataría en todo el mundo la cesación de pagos de Argentina. El «blindaje financiero» tiene que ver más con el gran peligro de desestabilización financiera mundial (latente y ya con ciertas manifestaciones muy concretas, que serán a mi juicio precedidas por la recesión que se incuba en EE.UU. en el corto plazo), que con cualquier otra intención vinculada con dar impulso al desarrollo productivo en la Argentina.

El diagnóstico realizado por el «Consenso de Washington» es una guía insustituible para la aplicación de estos programas en todo el mundo, especialmente en América Latina. Sus conclusiones señalan que el crecimiento desmesurado del Estado y el «populismo económico» se conjugan que para éstos no puedan controlar el déficit público ni frenar las demandas salariales, dos cuestiones entre otras, afirman, que conducen a las dificultades permanentes de déficit en sus balanzas de pagos y consecuente inflación. Sin duda que en 1989 el Dr. Cavallo abrevó en tales fuentes de diagnóstico. Con este diagnóstico se recetan los remedios: economía de mercado, con apertura irrestricta de la economía, para insertarse en el mundo en forma competitiva; reducción del Estado «a la nada» vendiendo sus empresas públicas, reduciendo también «a la nada» su intervención, desregulando la economía para hacerla más competitiva (por ejemplo los Ferrocarriles, con 48.000 despidos, subvención del Estado, suba de tarifas del transporte de carga y público y desmembramiento económico nacional), con flexibilización de salarios, rebaja de aportes que subvenciona el Estado, precarización, etc. para hacer a «la Argentina competitiva»; a lo que hubo que agregarse la eliminación de restricciones a las inversiones extranjeras en forma indiscriminada y sobre todo al movimiento especulativo de capitales (como en ningún país que yo conozca), todo lo cual frenó la inflación, manteniendo en el tiempo una caja de conversión, con bimonetarismo (casi único en el mundo y desechado totalmente), independizando al Banco Central; con lo cual los objetivos económicos y no políticos (la política monetaria no es tema político en la Argentina) prevalecen, por la aplicación de las «recomendaciones» que comentamos.

La Argentina tiene una historia reciente de «salvatajes» y «blindajes», como la tiene también Latinoamérica. Los salvatajes en las crisis bancarias de 1981/82 y la estatización de la deuda pública en 1982/83 tuvieron un costo fiscal enorme y provocaron inflaciones que pagó el pueblo argentino. El ex jefe de economistas del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, reconoció que esas crisis le han costado a la Argentina hasta un 50% del Producto Bruto Interno. En Chile (1981/82) el 41% del PBI; en Uruguay (1981/84) el 31% del PBI y en México en 1995, el 14% del PBI, según lo estimaron oficialmente. ¿Quiénes han pagado estos enormes subsidios y en beneficio de quiénes se han pagado?

El Estado ha perdido los instrumentos necesarios para ejercer el poder económico y con ello -por más retórica institucional que se haga- parte del poder político; hecho que parece no interesar o pasa inadvertido por los analistas políticos. Tanto las políticas recomendadas por el «Consenso de Washington» como por los organismos financieros internacionales explicitan con disfraz técnico políticas que fomentan la concentración de ingresos, la dependencia y vulnerabilidad externa de estos países y favorecen toda la operatoria comercial, financiera e inversora de las transnacionales y los bancos, y con ello, eternizan y profundizan la pobreza y marginación en América Latina, como efectivamente lo muestran las cifras de estas políticas en los 20 años últimos.

A mi juicio, las dificultades mayores para frenar este desborde del poder multinacional son los efectos de traslado de funciones y decisiones del ámbito político democrático (reducido cada vez más al formalismo electoralista) al ámbito económico, vaciando de contenido el primero. La realidad es desbordante y tendrá consecuencias políticas sin duda. El temor o «terror» como línea ideológica que baja a las grandes mayorías para conservar y profundizar el modelo es asombroso. Se aprueba el presupuesto con exclusión social o no habrá «blindaje» y caeremos en la cesación de pagos y el «default»; y hace pocos meses atrás, el mismo presidente, con gallardía triunfadora, afirmaba que honraremos nuestros compromisos externos, y cómo no recordar al Dr. Cavallo (ahora predilecto de «Chacho» a los fines de reforzar el modelo) cuando nos decía que el endeudamiento era una señal de fortaleza Argentina y demostraba que el país era confiable a los inversores extranjeros (¿lo recuerdan?). ¿Cómo se puede explicar con racionalidad que se mantenga revaluado el peso, sobre todo desde 1995 en adelante? ¿No tiene nada que ver el valor de la moneda fijada por decreto con la producción o solamente mantiene su valor por estar atada al dólar? ¿Cuáles son las diferencias y los efectos que produce mantener un precio artificialmente (moneda), pretendiendo bajar otros (sin afectar intereses de monopolios de servicios o financieros) y entre los más importantes, los salarios, que deprimen aún más el mercado interno y la recaudación de impuestos (el más importante el indirecto IVA)? Tantas preguntas elementales «las contestan» en distintas formas todos los días los economistas del establishment con las bases teóricas de las recomendaciones del «Consenso de Washington», del FMI y otros. No es problema «de humor», de pesimismo; el «blindaje» es solamente para salvar a los bancos y al negocio financiero cortoplacista parasitario y a unas pocas transnacionales. Al reforzarse el esquema antiproductivo y antisocial del modelo, tarde o temprano éste estallará. Los problemas de Argentina tienen que ver no sólo con la economía, también con la política, con lo social, con lo moral. Cuestiones que sólo un proyecto nacional, con estrategias de futuro, convocante, participativo y democrático, puede y debe resolver.