El desafío narco
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dice que en el pasado la Argentina era un “país de tránsito, no de consumo”, de drogas ilegales pero que “hoy esta situación ha cambiado: la Argentina es país de consumo y, lo que es más grave, es un país de elaboración”. Discrepa el secretario de Seguridad, Sergio Berni: insiste en que, merced a “las cuestiones climáticas”, la Argentina no sirve para la elaboración de estupefacientes aunque se encontró en Rosario un “gran laboratorio” en el que se transformaba “materia prima”, o sea, se trataba de una especie de empresa armadora parecida a las electrónicas que operan en Tierra del Fuego en que se limitan a ensamblar piezas importadas. De todos modos, si bien a primera vista es meramente semántica la diferencia entre el santafesino Rossi, quien estudió en la Universidad Nacional de Rosario y por lo tanto entiende muy bien la gravedad del desafío planteado por el narcotráfico, y Berni, un militar bonaerense que según parece quiere hacer pensar que el peligro dista de ser tan grande como cree el ministro y que está en condiciones de enfrentarla, al país no le conviene en absoluto que polemicen en público los encargados de defenderlo contra cárteles que han sembrado la muerte en muchos países de América Latina y que, en los años últimos, han logrado establecerse en la Argentina. Además de llamar la atención a la confusión imperante en el seno del gobierno nacional, la reyerta refleja la falta de coordinación de quienes, en teoría por lo menos, forman parte del mismo equipo. A la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ha tocado asistir a una virtual invasión de narcotraficantes, pero no ha manifestado demasiado interés en tratar de expulsarlos, acaso porque no ha querido incorporar el tema a su “relato” triunfalista o porque ciertos colaboradores le han asegurado que se trataba de un problema provocado por los socialistas santafesinos. Sea como fuere, en un lapso muy breve, los delincuentes brutales que manejan el negocio sumamente lucrativo de la droga han conseguido hacerse fuertes no sólo en Rosario sino también en zonas del conurbano bonaerense. Pocos días transcurren sin que haya enfrentamientos entre pandillas rivales con un saldo de muertos. Puesto que cuentan con recursos financieros inmensos, a los narcotraficantes les ha resultado fácil comprar los servicios de policías –los motines prenavideños del año pasado tuvieron entre sus causas la ofensiva del gobierno cordobés contra efectivos policiales acusados de colaborar con los cárteles–, además, sería de suponer, de políticos y jueces, como ha sucedido en otros países de la región. Debería ser innecesario decir que tratar el problema como si nos fuera ajeno, algo que ver con México, Colombia, Bolivia o Paraguay, como acaba de insinuar Berni, no contribuye en absoluto a resolverlo. Por el contrario, sólo sirve para echar dudas sobre la voluntad oficial de adoptar las medidas necesarias. Tampoco ayuda la incapacidad evidente de las autoridades para impedir el ingreso de cantidades crecientes de droga a través de fronteras que son tan porosas que algunos políticos han llegado al extremo de proponer el derribo automático de aviones sospechosos. Según Rossi, el “crecimiento exponencial del delito” se debió a “un momento en que la complicidad de sectores de las fuerzas de seguridad con el delito narco era muy alta”, palabras que podrían tomarse por una crítica contundente a la actuación en tal ámbito del gobierno kirchnerista que inició su gestión más de diez años antes y, sobre todo, de la repartición actualmente encabezada por el secretario de Seguridad Berni, de ahí el esfuerzo del militar por desautorizar al ministro de Defensa. Sea como fuere, en vista de las dimensiones del problema planteado por el avance del narcotráfico en nuestro país, minimizarlas, como vienen haciendo no sólo Berni sino también otros voceros oficiales, no es una opción sensata. Por ser la Argentina un país corrupto y mal administrado, con fuerzas de seguridad poco confiables, es natural que el crimen organizado la vea como un territorio muy propicio para sus actividades, razón por la que se han instalado entre nosotros integrantes de los cárteles más siniestros de Colombia y México sin que las autoridades se hayan mostrado preocupadas por su presencia ominosa.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dice que en el pasado la Argentina era un “país de tránsito, no de consumo”, de drogas ilegales pero que “hoy esta situación ha cambiado: la Argentina es país de consumo y, lo que es más grave, es un país de elaboración”. Discrepa el secretario de Seguridad, Sergio Berni: insiste en que, merced a “las cuestiones climáticas”, la Argentina no sirve para la elaboración de estupefacientes aunque se encontró en Rosario un “gran laboratorio” en el que se transformaba “materia prima”, o sea, se trataba de una especie de empresa armadora parecida a las electrónicas que operan en Tierra del Fuego en que se limitan a ensamblar piezas importadas. De todos modos, si bien a primera vista es meramente semántica la diferencia entre el santafesino Rossi, quien estudió en la Universidad Nacional de Rosario y por lo tanto entiende muy bien la gravedad del desafío planteado por el narcotráfico, y Berni, un militar bonaerense que según parece quiere hacer pensar que el peligro dista de ser tan grande como cree el ministro y que está en condiciones de enfrentarla, al país no le conviene en absoluto que polemicen en público los encargados de defenderlo contra cárteles que han sembrado la muerte en muchos países de América Latina y que, en los años últimos, han logrado establecerse en la Argentina. Además de llamar la atención a la confusión imperante en el seno del gobierno nacional, la reyerta refleja la falta de coordinación de quienes, en teoría por lo menos, forman parte del mismo equipo. A la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ha tocado asistir a una virtual invasión de narcotraficantes, pero no ha manifestado demasiado interés en tratar de expulsarlos, acaso porque no ha querido incorporar el tema a su “relato” triunfalista o porque ciertos colaboradores le han asegurado que se trataba de un problema provocado por los socialistas santafesinos. Sea como fuere, en un lapso muy breve, los delincuentes brutales que manejan el negocio sumamente lucrativo de la droga han conseguido hacerse fuertes no sólo en Rosario sino también en zonas del conurbano bonaerense. Pocos días transcurren sin que haya enfrentamientos entre pandillas rivales con un saldo de muertos. Puesto que cuentan con recursos financieros inmensos, a los narcotraficantes les ha resultado fácil comprar los servicios de policías –los motines prenavideños del año pasado tuvieron entre sus causas la ofensiva del gobierno cordobés contra efectivos policiales acusados de colaborar con los cárteles–, además, sería de suponer, de políticos y jueces, como ha sucedido en otros países de la región. Debería ser innecesario decir que tratar el problema como si nos fuera ajeno, algo que ver con México, Colombia, Bolivia o Paraguay, como acaba de insinuar Berni, no contribuye en absoluto a resolverlo. Por el contrario, sólo sirve para echar dudas sobre la voluntad oficial de adoptar las medidas necesarias. Tampoco ayuda la incapacidad evidente de las autoridades para impedir el ingreso de cantidades crecientes de droga a través de fronteras que son tan porosas que algunos políticos han llegado al extremo de proponer el derribo automático de aviones sospechosos. Según Rossi, el “crecimiento exponencial del delito” se debió a “un momento en que la complicidad de sectores de las fuerzas de seguridad con el delito narco era muy alta”, palabras que podrían tomarse por una crítica contundente a la actuación en tal ámbito del gobierno kirchnerista que inició su gestión más de diez años antes y, sobre todo, de la repartición actualmente encabezada por el secretario de Seguridad Berni, de ahí el esfuerzo del militar por desautorizar al ministro de Defensa. Sea como fuere, en vista de las dimensiones del problema planteado por el avance del narcotráfico en nuestro país, minimizarlas, como vienen haciendo no sólo Berni sino también otros voceros oficiales, no es una opción sensata. Por ser la Argentina un país corrupto y mal administrado, con fuerzas de seguridad poco confiables, es natural que el crimen organizado la vea como un territorio muy propicio para sus actividades, razón por la que se han instalado entre nosotros integrantes de los cárteles más siniestros de Colombia y México sin que las autoridades se hayan mostrado preocupadas por su presencia ominosa.
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