El desprecio por las normas

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Decía el duque de La Rochefoucauld que “la hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud” pero, cuando de tomar en serio las reglas de juego se trata, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner prefiere la sinceridad. Aunque muchos políticos están más que dispuestos a transgredir las normas si pueden hacerlo sin que sus adversarios se den cuenta, hasta los más corruptos suelen afirmarse respetuosos de la ley por entender que no les convendría en absoluto brindar la impresión de creerse por encima de ella, pero es evidente que la presidenta no comparte tal actitud. Lejos de preocuparse por las denuncias en su contra por violar repetidamente la veda electoral, Cristina se enorgullece de su voluntad de hacerlo, atribuyéndola a su falta de “miedo” y proclamando que nada le impedirá “venir a apoyar a los candidatos del Frente para la Victoria”. Fue su manera de contestar, con su contundencia habitual, al fiscal electoral Jorge Di Lello quien, después de haberse mostrado indiferente ante las primeras acusaciones formuladas por miembros de distintas agrupaciones opositoras, decidió que la denuncia presentada por gente de UNEN, una coalición de centroizquierda, le “pareció correctísima y por eso le di curso”. Puede que la actitud despectiva asumida por la presidenta no perjudique a los candidatos oficialistas, pero no cabe duda de que envía un pésimo mensaje al resto de la sociedad. Ya sobran en el país “rebeldes” y “transgresores”, entre ellos muchos personajes muy ricos y poderosos que se creen con derecho a pisotear normas acaso apropiadas para los demás mortales pero no para ellos; a juzgar por sus palabras, la presidenta supone que le beneficiaría que hubiera muchos más, acaso porque ha hecho de su enfrentamiento con la Corte Suprema y con aquellos magistrados que son reacios a subordinarse al Poder Ejecutivo una prioridad estratégica. Si bien sus motivos tienen más que ver con la conciencia de que si funcionaran como es debido las instituciones su propio futuro sería poco envidiable que con sus hipotéticas convicciones revolucionarias, la presidenta se ha acostumbrado a tratar a los jueces independientes como si fueran militantes al servicio de una vasta conspiración corporativa encabezada por el CEO del matutino porteño “Clarín”. Aspira a desprestigiar a la Justicia con la esperanza de que le permita movilizar a sus simpatizantes para que frustren los esfuerzos de quienes están resueltos a obligarlos a ella y a sus colaboradores a rendir cuentas por lo hecho en el transcurso de su gestión, de ahí la campaña furibunda pero, según parece, tardía a favor de la “democratización” del Poder Judicial a la que se ha entregado. Por fortuna, a esta altura parece muy escasa la posibilidad de que prospere el intento de Cristina por reemplazar la Justicia defectuosa pero así y todo parcialmente autónoma que se da por otra monolíticamente oficialista que se limitaría a cohonestar todas las medidas gubernamentales y nunca soñaría con investigar la evolución patrimonial de los kirchneristas más notorios. Con todo, ya está jugada, de suerte que no motivan demasiada sorpresa sus manifestaciones de desprecio por reglas que a su juicio carecen de importancia. ¿Incidiría su postura en los resultados de las elecciones legislativas que pronto entrarán en su etapa final y que, para la mayoría, sólo servirán para preparar el mundillo político para las presidenciales previstas para octubre del 2015? Aunque los emotivamente comprometidos con “el proyecto” kirchnerista festejen las embestidas de Cristina en contra de la legalidad misma, la reacción de los sectores mayoritarios de la clase media será con toda seguridad negativa. Si bien casi todos comprenden que el Poder Judicial deja muchísimo que desear, las reformas que apoyaría buena parte de la clase media no se asemejarían del todo a las impulsadas por un gobierno que fantasea con conseguir un grado de impunidad aún mayor que el provisto por el esquema existente. Por el contrario, lo que tiene en mente es un sistema que obre con más rapidez y juzgue con mayor severidad a aquellos políticos, funcionarios y otros que durante años han aprovechado el poder para enriquecerse a costa del grueso de sus compatriotas sin dar nada a cambio salvo discursos engañosos y servicios públicos cada vez peores.