El enjuciamiento de Bernardi pidió la Procuradora General

Silvia Baquero Lazcano consideró que están probadas “las causales de mal desempeño y graves desórdenes de conducta” en relación a su condición de magistrado.

Redacción

Por Redacción

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Piden el enjuicimiento del camarista penal suspendido Juan Bernardi. La solicitud fue formulada al Consejo de la Magistratura por la Procuradora General de la provincia, Silvia Baquero Lazcano, al considerar que están debidamente acreditadas las “causales de mal desempeño y graves desórdenes de conducta” en relación a su condición de magistrado. Entendió procedente la remoción de Bernardi en el cargo de magistrado.

En el informe elevado detalló como hechos probados que durante aproximadamente un año “Bernardi empleó para prestar servicios remunerados en tareas de jardinería y otros afines en su chacra particular a Julio Antueque”, siendo esa conducta “incompatible con su función judicial, ya que Antueque se encontraba cumpliendo una condena en suspenso por amenazas”.

Agregó que durante el cumplimiento de esa condena, Bernardi, que “tenía pleno conocimiento de la situación de vulnerabilidad de aquél y sus antecedentes de adicción, le proporcionó bebidas alcohólicas”, hecho que lesionaba las pautas de conducta ordenadas a Antueque.

Para la Procuradora General también se acreditó que Bernardi “intervino de modo deliberado en el trámite de la causa contra Antueque, cuando ésta ya le correspondía a otro magistrado”. Lo recibió en su despacho junto a dos oficiales de prueba del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados que lo acompañaban. En este punto destacó además que “mediante ese accionar, Bernardi hizo incurrir en error a los oficiales de prueba al no aclararles que ya no era juez de la causa”, omitiendo de modo intencional la debida intervención del camarista Carlos Reussi a quien le ocultó además “que el condenado Antueque se encontraba visiblemente alcoholizado y drogado en dependencias judiciales”.

Añadió que en ese encuentro, Antueque expresó que tenía en su poder un arma de fuego y Bernardi pidió que se la entregara. “Ante la negativa, el magistrado le propuso a Antueque que le hiciera entrega de la misma en su propio domicilio, o bien que se la devolviera a quien se la proveyó, habiendo optado el condenado por esta última opción”. Baquero Lazcano interpretó que ese consejo “resultó reñido con la ética propia de su condición de magistrado, omitiendo además, poner en conocimiento de esa situación a Reussi, juez de la causa”.

En la solicitud elevada al Consejo de la Magistratura, la Procuradora agregó que también está probado que Bernardi levantó en horario nocturno y en la vía pública (cercanías a la Terminal de Ómnibus) “a Antueque junto a diversas personas de las que debió suponer por un lado, su condición de menores de edad en razón de su apariencia y contextura física y, por el otro, su situación de vulnerabilidad en razón de su modo de expresarse, como así también por tratarse de personas del entorno del condenado, cuya problemática era por demás conocida por el magistrado”. Agregó que “sin tomar los recaudos, los trasladó en su vehículo particular a su propiedad, regresándolos en horas de la madrugada en una actitud displicente y en clara contradicción a las que resultan esperables a su condición de juez”. Ese viaje tenía como destino un asado en horario nocturno, facilitándoles tanto a Antueque como a los demás asistentes, dos de ellos menores, el consumo de bebidas alcohólicas.

Para la Procuradora con ese accionar, Bernardi en calidad de juez violó la Constitución Provincial, entre otras leyes y reglamentos.

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