El ente regulador logró ordenar el cerro y vela por lo ambiental

El Ente Regulador de la Concesión del Cerro Catedral (Enrecat), creado por ley provincial 3.825/04, logró en los dos últimos años ordenar la concesión del centro invernal, algo inédito en la historia de la montaña. El organismo, que integran representantes de la provincia, el municipio y el sector privado, se rige por un estatuto «ad hoc» y dispone de ocho personas contratadas.

En su resumen de gestión, firmado por su gerente general, Jorge López Digón, se detalla lo actuado durante los años 2005 y 2006.

En particular se hace referencia a la puesta en práctica de los reglamentos para la «Explotación y control de Medios de Elevación», «Funcionamiento, Seguridad y Pistas», y de «Pases de Cortesía y Protocolo» y también a la oficina para la Defensa del Consumidor que funciona en el cerro.

El plan de trabajo del Enrecat se resume en cuatro puntos: hacer cumplir el contrato, velar por la seguridad de las personas y la conservación de los bienes del Estado en la montaña, velar por una adecuada prestación de los servicios y supervisar la sustentabilidad ambiental del complejo invernal.

En primer lugar se llevaron a cabo exhaustivas auditorías en los medios de elevación (con técnicos del exterior) y se prepararon los reglamentos sobre los medios de elevación y la seguridad en pistas, que no sólo fueron incorporados en el manual de gestión de la empresa concesionaria sino que merecieron unánimes elogios en las «primeras Jornadas Técnicas de Seguridad en Medios de Elevación», organizadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial a fines del año pasado. Participaron directivos y técnicos de las mayoría de los centros de esquí de Argentina y Chile y la presentación del Enrecat fue tenida en cuenta como base para la discusión de la futura normativa nacional para el sector.

Además, por primera vez se logró cobrar una multa a la concesionaria, de 25.000 pesos por un accidente en los medios de elevación y se clausuraron las instalaciones de Plaza Oertle, en el 2005, obligando a realizar trabajos para prevenir los históricos aludes en el sector.

En lo que respecta a las obras de su competencia se exige el estudio de impacto ambiental previo, de acuerdo con las normas que fija el Codema, el EPRE y el DPA.