El exgabinete de Saiz en el banquillo por $ 26,8 millones en sobresueldos

Empezó en Viedma el juicio contra 11 exfuncionarios de la gestión radical. La causa comenzó luego de una investigación de “Río Negro”

Un ex gabinete provincial completo se sentó ayer en el banquillo, acusado por el desvío de fondos públicos rionegrinos que se destinaron al pago de adicionales salariales.

Ayer se inició el juicio por “sobresueldos”, con la imputación a 12 funcionarios del exgobernador Miguel Saiz por la asignación de adicionales entre el 2004 y el 2010, “separadas de la esfera de control” y usadas en forma “arbitraria, solapadamente y con apariencia de legalidad”.

La causa comenzó a partir de una investigación de “Río Negro”, publicada en febrero del 2011, y se concentró en el desembolso de unos 26,8 millones en el período investigado.

La primera jornada se caracterizó por una fuerte ofensiva a la formal presentación de la elevación a juicio, concluyendo con su pedido de “nulidad absoluta” por parte de las defensas. Después de un cuarto intermedio, el Tribunal admitió “falencias formales” pero convalidó el escrito de imputación y además excluyó del juicio al excontador General, Daniel Bossero, ausente y con problemas de salud.

El debate –que se retomará el lunes próximo– continuará con 11 acusados. El gabinete en pleno de Saiz: César Barbeito, Francisco González, Omar Contreras, Cristina Uría, Alfredo Pega y Diego Larreguy; los exsecretarios Aníbal Hernández y Sergio Pendas; el extesorero, José Ongaro y el excontador, Gustavo Picci.

En sus críticas, el abogado Damian Torres –que defiende a Barbeito– enumeró errores del Ministerio Público en la acusación, aunque las críticas más directas correspondieron a Oscar Pandolfi. Primero entendió que a los ex ministros no les correspondía la imputación de peculado, pues –en todo caso– “el delito ya estaba cometido” cuando los fondos llegaron a ellos y, en esa dirección, apuntó a Saiz como “firmante del decreto” de instrumentación del adicional. Después cuestionó la denuncia original, asegurando que la exprocuradora, Liliana Piccinini (hoy jueza del STJ) impulsó ese proceso cuando no corresponde a sus facultades.

Luego, Juan Chirinos –que representa a Uría y a Pega– adhirió a las críticas de Torres en referencia a la precariedad de las acusaciones y, posteriormente, Pedro Vega pidió la prescripción del delito del que se lo acusa a Bossero (incumplimiento de los deberes de funcionario público), que el Tribunal no resolvió porque directamente lo excluyó del juicio.

El representante del Ministerio Público, Hernán Trejo, defendió –como pudo– la elevación de la fiscal Paula Frandsen, ajustándose a que era suficiente para esa instancia y que las eventuales “falencias” no afectaron el derecho de defensa. El Tribunal fue en igual sentido.

En respuesta a las acusaciones, las defensas pretenden demostrar que los pagos efectuados tuvieron control legal y ejecución; y que no eran discrecionales en su asignación. Estos argumentos quedaron esbozados en las declaraciones de González y Barbieto, que aceptaron hablar en el primer día y, en cambio, el resto se abstuvo.

La ficha técnica del proceso oral y público

Barbeito y González frente a Saiz

En la apertura sólo hablaron González y Barbeito, dos íntimos colaboradores del exgobernador Saiz, hoy seriamente comprometidos porque la cartera que manejaron (Coordinación-Secretaría General) ejecutó los pagos cuestionados. Ambos no dudaron en nombrar que el sustento del mecanismo fue el decreto firmado por Saiz.

En igual línea, los ex funcionarios argumentaron que la causa tiene un origen “político y electoral”. Aludieron que los acusados tenían proyección y, por eso, fueron involucrados.

Barbeito señaló que “fue algún juez quien nos discriminó a nosotros”, pues fueron de cuatro o cinco ministros por área, pero quiénes “están acá fue porque eran candidatos. Eso fue lo que sucedió”.