El fallo de Griesa y el relato populista
La Cámara de Apelaciones le dio un respiro a la Argentina al restablecer la suspensión del fallo del juez Griesa. Es una gran oportunidad para que el gobierno evalúe lo actuado y corrija los errores que casi lo pusieron “entre la espada y la pared”. Debería revisar conceptos como: “El gobierno no puede cumplir un fallo que ordene pagarles todo a los ‘fondos buitres’ porque tendría que reconocerles lo mismo a los bonistas que participaron del canje”. Lo que dice la cláusula de emisión de estos últimos títulos es que, si el gobierno ofreciera o concediera condiciones mejores a quienes quedaron afuera del canje, debería hacerlas transitivas a quienes participaron en él. Esto justificaría la actitud del gobierno de no negociar con los holdouts y de no reabrir un canje con mejores condiciones, pero no es un argumento válido para no cumplir un fallo adverso. Al aceptar una decisión judicial no se está reconociendo que el otro tiene un derecho sino que el juez le dio la razón, por lo que no se le está concediendo una mejora a nadie. Un fallo es, siempre, una imposición legal y no debería dar derecho a reclamo a quienes participaron en el canje. Incluso, si intentaran pedir igual trato y lo hicieran ante el juez Griesa, en su fallo quedó claro que los que tienen bonos del canje optaron por la seguridad en el cobro en vez de litigar sin garantía alguna de éxito final. “La actitud del juez implica cierto colonialismo judicial”. Este argumento y el de la “entrega de la soberanía” no tienen ningún sentido en boca de un gobierno que también emitió deuda bajo legislación extranjera. Además, es una decisión soberana someterse a otra legislación pero, luego, hay que atenerse a lo que la Justicia de ese país pueda decidir. Si así no fuera, ¿qué sentido tendría la aceptación de otra jurisdicción? Ninguno, ya que quien pretendiera defenderse actuando ante la Justicia de dicho país no podría obtener reparación por el daño sufrido. No es raro que los argentinos no entendamos cómo el presidente Obama o el de Ghana no tienen una “servilleta” con los magistrados para poder apretarlos y decirles qué hacer. Sin embargo, esto último pasa donde no hay una verdadera democracia republicana, con división e independencia de la Justicia, razón por la cual nuestro gobierno no puede emitir bonos de largo plazo a tasas razonables con legislación local. No es una aberración colocar deuda bajo jurisdicción extranjera sino una decisión que les permite a muchos países del mundo abaratar costos de financiamiento. “Con su fallo el juez Griesa está yendo contra la legislación local”. Los bonos fueron emitidos bajo la legislación de Estados Unidos y no de la Argentina. Además, a la ley “Cerrojo” la hizo sancionar el gobierno de Néstor Kirchner y ordenaba que a los que no entraran en el canje del 2005 no se les pagaría nada. Sin embargo, en el 2010 la actual presidenta hizo suspender su vigencia para realizar un nuevo canje y, ahora, se estaría estudiando volver a hacerlo. Es decir, el deudor emite una norma por la que determina que no le va a pagar al acreedor, abriendo y cerrando el cerrojo cuando se le da la gana. Supongamos que al lector yo le debo plata. Un día me encuentra en la calle y me la reclama. Entonces, yo le cuento que junté a mi familia y que, en una votación democrática y por unanimidad, decidimos que no se la pagaríamos porque eso significaría “ajustarse el cinturón”. Cabe imaginarse cuál sería la respuesta del desconcertado lector. “El juez no puede fallar en base a las declaraciones de funcionarios argentinos a los medios”. Siguiendo con el ejemplo anterior, lo más probable es que el lector haya decidido reclamar a la Justicia, la que citará a ambas partes. Se imaginan si entro al tribunal diciendo que es insólito que pretendan hacerme pagar dicha deuda, así que “fallen lo que quieran que yo voy a hacer lo que se me dé la gana”. Seguramente el lector y el juez se quedarán duros, mirándome asombrados. Veamos sólo un ejemplo de los errores que cometió el gobierno y que contribuyeron a ponernos en esta difícil situación. Cuando el juez tuvo que responderle a la Cámara de Apelaciones cuánto y cómo debía pagar la Argentina les pidió a los demandantes que propusieran monto y forma de pago. Como era esperable, ellos respondieron todo y cuanto antes. Cuando les hizo la misma pregunta a los representantes de nuestro país ellos desconocieron que hubiera una deuda por pagar. Conclusión: para el juez significaba que nuestra propuesta de pago era 0%, obligándolo a basarse en la única alternativa real que tenía sobre su escritorio. Ahora, en la apelación, nuestro país sugiere que un fallo lógico hubiera sido reconocerle a la querella el mismo trato que a los que participaron en el canje. Ésa debió ser su respuesta cuando se la pidió el magistrado. “La Corte Suprema de Argentina debe dejar claro que la ley local no permite mejorar la oferta del canje”. Este pedido de una parte de nuestros legisladores es un acto de demagogia populista o demuestra desconocer todo lo explicado anteriormente; en particular, que el juicio se sustancia bajo jurisdicción de Nueva York y no bajo la de Argentina. Ni la Justicia ni la legislación local pueden limitar la aplicación de la ley de Estados Unidos a la que nos sometimos voluntariamente. “La Argentina no puede cumplir el fallo del juez Griesa ya que sería un desastre”. Si, luego de las apelaciones de rigor, alguna instancia mandara cumplir con el fallo de Griesa u otro que no nos sea favorable, la peor decisión sería no cumplirlo. Confirmaríamos que nuestros gobiernos no solamente no cumplen las leyes, ni los fallos de la Justicia local, ni lo que manda la Constitución ni los tratados internacionales sino que, además, tampoco acata las leyes de otros países a las que se acogió voluntariamente. Es cierto que implicaría realizar un depósito judicial que nos restaría reservas pero, desde el 2010, el gobierno lleva gastados más de 20.000 millones de dólares de divisas del Banco Central. Además, según el Presupuesto 2013, se usarán otros 7.967 millones de dólares para el pago de deudas y, de ellos, más de 3.000 millones los terminará gastando el Poder Ejecutivo sin la constitucional aprobación legislativa. A las reservas, que son parte principal del respaldo de nuestra moneda, habría que defenderlas un poco más seriamente y no solamente cuando un juez nos falla en contra. Nuestro país ya vivió varios defaults que tuvieron un tremendo costo social y económico. Esperemos que el gobierno corrija la irresponsabilidad con la que ha actuado y no nos lleve a consolidar más aún nuestra actual imagen de paria internacional o, peor, nos termine hundiendo en una nueva crisis. (*) Economista. Director de la Fundación Libertad y Progreso
ALDO ABRAM (*) Libertad y Progreso
La Cámara de Apelaciones le dio un respiro a la Argentina al restablecer la suspensión del fallo del juez Griesa. Es una gran oportunidad para que el gobierno evalúe lo actuado y corrija los errores que casi lo pusieron “entre la espada y la pared”. Debería revisar conceptos como: “El gobierno no puede cumplir un fallo que ordene pagarles todo a los ‘fondos buitres’ porque tendría que reconocerles lo mismo a los bonistas que participaron del canje”. Lo que dice la cláusula de emisión de estos últimos títulos es que, si el gobierno ofreciera o concediera condiciones mejores a quienes quedaron afuera del canje, debería hacerlas transitivas a quienes participaron en él. Esto justificaría la actitud del gobierno de no negociar con los holdouts y de no reabrir un canje con mejores condiciones, pero no es un argumento válido para no cumplir un fallo adverso. Al aceptar una decisión judicial no se está reconociendo que el otro tiene un derecho sino que el juez le dio la razón, por lo que no se le está concediendo una mejora a nadie. Un fallo es, siempre, una imposición legal y no debería dar derecho a reclamo a quienes participaron en el canje. Incluso, si intentaran pedir igual trato y lo hicieran ante el juez Griesa, en su fallo quedó claro que los que tienen bonos del canje optaron por la seguridad en el cobro en vez de litigar sin garantía alguna de éxito final. “La actitud del juez implica cierto colonialismo judicial”. Este argumento y el de la “entrega de la soberanía” no tienen ningún sentido en boca de un gobierno que también emitió deuda bajo legislación extranjera. Además, es una decisión soberana someterse a otra legislación pero, luego, hay que atenerse a lo que la Justicia de ese país pueda decidir. Si así no fuera, ¿qué sentido tendría la aceptación de otra jurisdicción? Ninguno, ya que quien pretendiera defenderse actuando ante la Justicia de dicho país no podría obtener reparación por el daño sufrido. No es raro que los argentinos no entendamos cómo el presidente Obama o el de Ghana no tienen una “servilleta” con los magistrados para poder apretarlos y decirles qué hacer. Sin embargo, esto último pasa donde no hay una verdadera democracia republicana, con división e independencia de la Justicia, razón por la cual nuestro gobierno no puede emitir bonos de largo plazo a tasas razonables con legislación local. No es una aberración colocar deuda bajo jurisdicción extranjera sino una decisión que les permite a muchos países del mundo abaratar costos de financiamiento. “Con su fallo el juez Griesa está yendo contra la legislación local”. Los bonos fueron emitidos bajo la legislación de Estados Unidos y no de la Argentina. Además, a la ley “Cerrojo” la hizo sancionar el gobierno de Néstor Kirchner y ordenaba que a los que no entraran en el canje del 2005 no se les pagaría nada. Sin embargo, en el 2010 la actual presidenta hizo suspender su vigencia para realizar un nuevo canje y, ahora, se estaría estudiando volver a hacerlo. Es decir, el deudor emite una norma por la que determina que no le va a pagar al acreedor, abriendo y cerrando el cerrojo cuando se le da la gana. Supongamos que al lector yo le debo plata. Un día me encuentra en la calle y me la reclama. Entonces, yo le cuento que junté a mi familia y que, en una votación democrática y por unanimidad, decidimos que no se la pagaríamos porque eso significaría “ajustarse el cinturón”. Cabe imaginarse cuál sería la respuesta del desconcertado lector. “El juez no puede fallar en base a las declaraciones de funcionarios argentinos a los medios”. Siguiendo con el ejemplo anterior, lo más probable es que el lector haya decidido reclamar a la Justicia, la que citará a ambas partes. Se imaginan si entro al tribunal diciendo que es insólito que pretendan hacerme pagar dicha deuda, así que “fallen lo que quieran que yo voy a hacer lo que se me dé la gana”. Seguramente el lector y el juez se quedarán duros, mirándome asombrados. Veamos sólo un ejemplo de los errores que cometió el gobierno y que contribuyeron a ponernos en esta difícil situación. Cuando el juez tuvo que responderle a la Cámara de Apelaciones cuánto y cómo debía pagar la Argentina les pidió a los demandantes que propusieran monto y forma de pago. Como era esperable, ellos respondieron todo y cuanto antes. Cuando les hizo la misma pregunta a los representantes de nuestro país ellos desconocieron que hubiera una deuda por pagar. Conclusión: para el juez significaba que nuestra propuesta de pago era 0%, obligándolo a basarse en la única alternativa real que tenía sobre su escritorio. Ahora, en la apelación, nuestro país sugiere que un fallo lógico hubiera sido reconocerle a la querella el mismo trato que a los que participaron en el canje. Ésa debió ser su respuesta cuando se la pidió el magistrado. “La Corte Suprema de Argentina debe dejar claro que la ley local no permite mejorar la oferta del canje”. Este pedido de una parte de nuestros legisladores es un acto de demagogia populista o demuestra desconocer todo lo explicado anteriormente; en particular, que el juicio se sustancia bajo jurisdicción de Nueva York y no bajo la de Argentina. Ni la Justicia ni la legislación local pueden limitar la aplicación de la ley de Estados Unidos a la que nos sometimos voluntariamente. “La Argentina no puede cumplir el fallo del juez Griesa ya que sería un desastre”. Si, luego de las apelaciones de rigor, alguna instancia mandara cumplir con el fallo de Griesa u otro que no nos sea favorable, la peor decisión sería no cumplirlo. Confirmaríamos que nuestros gobiernos no solamente no cumplen las leyes, ni los fallos de la Justicia local, ni lo que manda la Constitución ni los tratados internacionales sino que, además, tampoco acata las leyes de otros países a las que se acogió voluntariamente. Es cierto que implicaría realizar un depósito judicial que nos restaría reservas pero, desde el 2010, el gobierno lleva gastados más de 20.000 millones de dólares de divisas del Banco Central. Además, según el Presupuesto 2013, se usarán otros 7.967 millones de dólares para el pago de deudas y, de ellos, más de 3.000 millones los terminará gastando el Poder Ejecutivo sin la constitucional aprobación legislativa. A las reservas, que son parte principal del respaldo de nuestra moneda, habría que defenderlas un poco más seriamente y no solamente cuando un juez nos falla en contra. Nuestro país ya vivió varios defaults que tuvieron un tremendo costo social y económico. Esperemos que el gobierno corrija la irresponsabilidad con la que ha actuado y no nos lleve a consolidar más aún nuestra actual imagen de paria internacional o, peor, nos termine hundiendo en una nueva crisis. (*) Economista. Director de la Fundación Libertad y Progreso
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
