El gobierno del Brasil endurece su postura frente a las protestas

El gobierno brasileño endureció su postura frente a la protesta campesina, al anunciar ayer simultáneamente un plan para acelerar la reforma agraria y otro para reprimir con la Policía Federal las invasiones de haciendas y de oficinas públicas por parte del Movimiento de los Sin Tierra (MST).

Según anunciaron los ministros de Justicia, José Gregori, y de Desarrollo Agrario, Raúl Jungmann, a partir de ahora la Policía Federal intervendrá para desalojar a los manifestantes de las oficinas públicas ocupadas, una tarea que hasta ayer correspondía a las policías de los estados.

Además, el gobierno advirtió que los procesos de expropiación de haciendas invadidas por campesinos sin tierra serán aplazados en dos años, por lo menos.

Las nuevas medidas fueron divulgadas minutos después de que el MST anunció su decisión de retirarse hoy de las oficinas públicas ocupadas desde el martes pasado en doce estados brasileños, en el marco de una protesta en demanda de la reforma agraria. «No queremos enfrentar a la policía. Pero pedimos un plazo hasta mañana para retirarnos», expresó el coordinador nacional del MST Jaime Amorim, quien agregó que la protesta seguirá fuera de los edificios.

La suspensión de la ocupación de las oficinas públicas es la principal condición impuesta por el presidente Fernando Cardoso para negociar con el MST, que representa a 5 millones de campesinos sin tierra.

«El gobierno reconoce la legitimidad de los movimientos sociales, pero no puede tolerar que dirijan sus acciones hacia el aventurerismo, la violencia y la criminalidad», expresó el secretario de la Presidencia, Aloysio Nunes Ferreira.

Ferreira advirtió además que Cardoso no acepta que el MST elija a los representantes del gobierno en la negociación, aludiendo a la exigencia de la entidad campesina de dialogar directamente con el ministro de Hacienda, Pedro Malán

«La pauta del MST es económica, y necesita ser debatida directamente con quien comanda la economía», retrucó otro líder campesino, Gilberto Portes, al justificar la exigencia. El MST demanda la liberación de unos 6.000 millones de dólares para asentar a 100.000 familias instaladas en campamentos y para financiar la producción de otras 250.000 familias campesinas en los nuevos asentamientos de reforma agraria.

Paralelamente a las medidas represivas, el gobierno anunció nuevas propuestas para acelerar y ampliar la reforma agraria. El ministro Jungmann dijo que una de las medidas transfiere a las gobernaciones provinciales el poder de expropiar latifundios improductivos, que hasta ayer era exclusivo del gobierno federal.

Aseguró que esa medida permite desarrolle de manera «más rápida y más barata» el proceso. «Este año vamos a expropiar dos millones de hectáreas… Con eso se elevará a 16 millones de hectáreas el total de tierras distribuidas», aseguró.

Paralelamente, dijo, se enviará al congreso un proyecto de ley para ampliar el plazo de pago y reducir los intereses para los bienes inmuebles expropiados, en una acción que calificó como «un golpe al latifundio». La disposición abaratará el costo de la repartición de propiedades ociosas.

La protesta de los campesinos coincidió con el cuarto día de huelga de camioneros y con amenazas de huelgas para los próximos días de parte de trabajadores públicos. La protesta campesina había tomado ribetes violentos el martes, cuando murieron dos manifestantes a causa de la represión policial.

La iglesia católica brasileña, en tanto, respaldó al MST y sus exigencias de una reforma agraria más radical.

El presidente del consejo de obispos de Brasil, Jayme Chemello afirmó ayer que «todo país que no hace una reforma agraria no avanza y no crece».

Al cerrar la 38 asamblea del consejo de prelados en Porto Seguro, Chemello sostuvo que «Brasil no será democrático sin reforma agraria».

Escasea el combustible

Río de Janeiro (EFE).- Los combustibles se agotaron en varios puestos de distribución de ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo debido a la huelga de camioneros iniciada el pasado lunes, a pesar de que el Gobierno afirma que ya acordó el fin de protesta.

La amenaza de desabastecimiento se convirtió en una realidad en Río de Janeiro, en donde el 30 por ciento de los puestos de gasolina están sin reservas, según reconoció hoy el Sindicato Nacional de Distribuidoras de Combustibles (SINDICOM).

El mismo sindicato calcula que un 50 por ciento de los puestos se quedará sin combustibles esta noche debido a que, de los 500 camiones cisternas que diariamente sale de la refinería de Duque de Caxias, apenas 25 lo han hecho en los últimos cuatro días.

Ante el temor de que la ciudad se quede sin combustibles a partir de mañana, viernes, el SINDICOM solicitó a un juez regional una medida preventiva que garantice la libre salida de camiones cisterna de Duque de Caxias, en las afueras de Río de Janeiro.

La sentencia judicial provisional, aprobada ayer, no sensibilizó a los casi 200 camioneros que estacionaron sus vehículos frente a la refinería y que, en la tarde y pese a la orden judicial, aún impedían la salida de combustibles de Duque de Caxias.