“El gobierno del juez”

Ya hace algunos días que se dictó el sobreseimiento definitivo en la causa por el pago del seguro del exgobernador Carlos Soria donde Igoldi, el mismo juez que me procesó y brindó un trato despectivo y agraviante en el proceso, ha dicho que no se encuentra afectado mi buen nombre y honor. Tarde, muy tarde, puesto que podría haberme ahorrado todo el proceso judicial con sólo estudiar un poco el Derecho. La improvisación y pauperización institucional con el que se compromete al Poder Judicial asusta un poco y si no fuera por el vedetismo y la falta total de apego a las normas jurídicas que inauguró Igoldi podríamos hasta pensar que es sólo pasajero. Pero me temo que no es así. Igoldi abrió las puertas de su despacho a la política, siendo permisivo a sus requerimientos y prestándose al juego. Entonces, no debe extrañar que lo que tenga en su computadora sea compartido con la política. Los niveles de inseguridad en la sociedad rionegrina no sólo deben medirse en el aumento o disminución del índice delictual o por los correos espiados que van de un lugar a otro, ello por cuanto la actuación jurisdiccional también es una clara muestra de la inseguridad. Pude comprobar en carne propia cómo se pisotea el principio de inocencia en un lugar donde la transparencia en el obrar y el apego a la Constitución deben ser guía y sostén del actuar de un juez. Si en la Justicia no existe el principio de inocencia, el descrédito queda en manos de cualquier oportunista. Más allá de aquellos que se montan en la coyuntura para regodearse de los males ajenos, el escarnio judicial es el más dañino de todos, sin dudas porque lleva ínsito el respeto que un fallo judicial dictado por un magistrado merecería. Se supone que hay un antecedente de justicia en su análisis y que el juez no tiene “ningún interés particular” cuando emite su fallo, circunstancias totalmente ausentes en esta causa. Esta particular visión del juez de no honrar el contrato con los deudos del exgobernador significa, en términos claros, que se intentó sembrar una sospecha sobre la legitimidad del seguro de Carlos Soria y, consecuentemente, con ello del cobro respecto de sus hijos. Una causa así, exclusivamente política, oyarbidizada a la rionegrina, llevaba a varios inocentes –entre los que me cuento– al patíbulo. Por eso también el repique que algunos medios y varios opositores le dieron al procesamiento, olvidando su ecuanimidad al tener que exponer la noticia del sobreseimiento. El intento de golpear a quienes como en mi caso defendimos los intereses del Estado, en todo momento, pierde su fuerza de impacto cuando no logra explicar por qué no avanza la denuncia que yo mismo hice por los contratos de mala praxis médica en Horizonte. La suma supera los diez millones de pesos y hasta el momento pareciera que a nadie la interesa encontrar a los responsables. La frustración de Igoldi no es propia. Aunque ahora un poco sí. Como brazo ejecutor intentó manchar mi nombre antojadizamente, de prepo, sin consideración, a todos y cada uno de los antecedentes de mi paso por la empresa y la evacuación de las citas, atento que en sólo cinco meses de ingresado resolví la eliminación de muchos viáticos y el control de gastos en combustible; profundizamos respecto del control del gasto médico en la ART y me había encaminado a realizar una auditoría de cada prestación médica, con personal propio de la empresa. Intenté desterrar los quioscos y los pagos cuyos antecedentes eran poco claros, instruyendo a la mayoría del personal que se comprometió con esta idea de gestión a un pormenorizado análisis de qué se pagaba y por qué, incluido el edificio en construcción de la empresa. Propuse, con poco éxito, que la contratación entre los municipios, ministerios, empresas públicas y Horizonte sea de manera directa, sin intermediarios; así de esa manera no se pagaban esas abultadas comisiones a los productores de seguro, dinero que salía de la empresa, sólo por citar algunos ejemplos. El escaso acompañamiento y la imposibilidad de cambiar ciertos niveles gerenciales, sumado a las disputas internas, terminaron con mi alejamiento de la empresa. Por eso lo tomo como una ofensa, porque el relato del juez no se corresponde con mi historia ni con la realidad de mi actuación. No existe otra interpretación que los genuflexos y carentes de la más mínima ética resultan útiles a ciertos perfiles de dirigentes. Y es por tal motivo que varios de ellos se encuentran ocupando cargos, sin que éstos resulten exclusivos de un solo poder del Estado. Pero tiene que haber un replanteo y lo tiene que haber porque las diferencias con el pueblo se advierten cada vez mayores. Y esa percepción que alguna vez tuve antes de mi paso por la función pública se mantiene incólume: la gente, el ciudadano de a pie, sigue buscando y esperando que la dirigencia asuma su verdadera responsabilidad, la de todos los días, y que además comprende inevitablemente el nombramiento de jueces y fiscales probos y honestos. Sandro Chaina Roca

Sandro Chaina Roca