El gobierno ordenó disolver Fibertel, empresa de internet de Clarín

En un capítulo más de su ofensiva contra el grupo Clarín, el gobierno de Cristina Kirchner anunció ayer, a través de Julio de Vido, la caducidad de la licencia de Fibertel, proveedora de internet y transmisión de datos del grupo de Ernestina Herrera de Noble.

“Fibertel no existe más”, aseguró De Vido, cortante.

A través de la Secretaría de Comunicación, el gobierno desconoció una fusión con Cablevisión que autorizó la propia Inspección General de Justicia y otorgó 90 días para que el millón de clientes que atiende la compañía se busquen otros proveedores. Cabe destacar que la empresa presta el servicio en la región donde, según fuentes de la empresa, cuenta con alrededor de 20.000 usuarios conectados en Roca, Cipolletti y Neuquén-Plottier.

El anuncio de De Vido fue calificado por Cablevisión como una medida de “hostigamiento” que busca “reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas” y señaló que defenderá en “todas las instancias sus derechos y los de sus clientes”.

“Los usuarios de Fibertel se pueden quedar tranquilos. Les vamos a seguir brindando el mismo servicio que siempre”, aclaró más tarde Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión.

De Vido expuso como argumento central de la decisión que se instrumento a través de la Resolución 100 de la secretaría de Comunicaciones que, “de manera unilateral, es decir sin autorización previa de la Secretaría, Fibertel y Cablevisión llevaron adelante una suerte de fusión que implicó la disolución de Fibertel y el uso de su licencia por parte de Cablevisión”.

Al respecto, Cablevisión reivindicó que es la titular de la licencia que opera con la marca Fibertel, “tras la absorción societaria de esta última, que fue aprobada por la Inspección General de Justicia”. De Vido sostuvo que “se corroboró que se estaba operando ilegalmente desde enero de 2009” y anunció que “para asegurar el servicio a los usuarios se dispone un plazo de 90 días para que estos puedan migrar a otro proveedor”.

Este procedimiento de migración, puntualizó el funcionario, “será supervisado por la Comisión Nacional de Comunicaciones”. El ministro enfatizó que “la fusión de Fibertel, que tenía licencia desde febrero de 2003, con Cablevisión nunca fue aprobada por el Estado Nacional, violentando el régimen legal en la materia”.

La compañía señaló en un Comunicado que su servicio es el “único con tarifas nacionales e igualitarias para todo el país y en el primero que no depende de la red telefónica”, al tiempo que acusó al Gobierno de “pretender anular la competencia” y de “favorecer sospechosamente a las compañías telefónicas de capitales extranjeros que ostentan un claro monopolio, en desmedro de una compañía nacional”.

El enfrentamiento entre el gobierno y Clarín empezó en 2008, cuando Clarín apoyó la protesta que llevaron a cabo los productores del campo contra el gobierno. Más tarde, en marzo de 2009 la presidenta Cristina Kirchner presentó la nueva Ley de Medios, que en el fondo apuntaba a desmembrar el grupo Clarín.

En agosto de 2009 la AFA rompió su relación con TyC, la empresa que comercializaba los derechos de la televisación de los partidos del fútbol argentino, en forma abrupta. A partir de ese momento el gobierno se hizo cargo de la televisación a través de Canal 7 y su controvertido “Fútbol para todos”.

Por otra parte el 10 de setiembre de 2009, en un operativo inusual por su magnitud, el Gobierno envió a unos 200 inspectores de la AFIP a la sede del diario Clarín como un claro gesto intimidatorio hacia el grupo.

El ministro De Vido fue una vez más el encargado de embestir contra Clarín.

LA OFENSIVA CONTRA EL GRUPO