El imperio de las palabras

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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus colaboradores más activos parecen convencidos de que la mejor forma de demoler los obstáculos que encuentren en su camino consiste en someterlos a un intenso bombardeo verbal. En su opinión, cubrir de epítetos oprobiosos a quienes les ocasionan problemas debería ser más que suficiente como para eliminarlos. Aunque la táctica así supuesta no ha servido para quitarles de encima a los molestos “fondos buitre” que, desgraciadamente para el gobierno, tienen sus cuarteles generales en el exterior, los kirchneristas suponen que fronteras adentro seguirá brindándoles resultados positivos. Así, pues, luego de afirmar que a su juicio la “corporación judicial” necesita ser “democratizada” para que se subordine a la “voluntad popular”, creen tener derecho a mofarse de la ley, como acaba de hacer el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, al optar por iniciar ya el despedazamiento del Grupo Clarín sin esperar que el largo y complicado proceso legal que está en marcha concluya con una sentencia definitiva. Si bien puede entenderse la frustración que con toda seguridad sienten Cristina y su operador principal en este asunto, Sabbatella, por la negativa de la Justicia a obrar con mayor velocidad o, lo que les parecería peor aún, por permitir que lo que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, llama una “cámara de mierda” extendiera una medida cautelar, puesto que habían anunciado que el desguace de “la corpo” clarinista comenzaría el “7D”, tarde o temprano tendrán que rendir cuentas por su decisión de quemar etapas. A diferencia del Ejecutivo, el Judicial es un poder permanente. Mal que bien, los jueces suelen adaptarse a las circunstancias políticas coyunturalmente imperantes; en la actualidad, los funcionarios del gobierno quisieran que lo hicieran con más entusiasmo, pero llegará el día en que lamentarán la plasticidad que últimamente se han puesto a reivindicar. Ya no cabe duda alguna de que el conflicto entre los kirchneristas y sus exaliados del Grupo Clarín ha incidido de manera sumamente nefasta en la política del país. Para justificar su agresividad, tanto Cristina como otros integrantes del gobierno nacional se ensañaron primero con virtualmente todos los medios de difusión no oficialistas y después con el Poder Judicial, haciendo de la mismísima Corte Suprema uno de los blancos de sus feroces ataques retóricos. Es de suponer que apuestan a que la ofensiva que han emprendido ayude al gobierno de Cristina a recuperar la popularidad que ha perdido en el transcurso del año que está por terminar, pero sucede que según los resultados de distintas encuestas lo único que han logrado es aislarse todavía más, ya que parece que la mayoría ha cambiado de opinión acerca de la ley de Medios que antes había apoyado. Por lo demás, el desprecio oficial por la libertad de expresión se ve repudiado con vigor creciente por quienes participan de los cacerolazos multitudinarios que se celebran en todo el territorio nacional, mientras que escasean los dispuestos a acompañar a los kirchneristas en una guerra santa contra la “corporación judicial” cuyas deficiencias más notorias se deben precisamente a que sea en efecto la creación de una clase política dominada por populistas. Asimismo, nadie ignora que los kirchneristas han estado en el poder desde hace más de nueve años, de suerte que son los máximos responsables del estado actual del país. Por desgracia, ha resultado ser tan fuerte la obsesión kirchnerista por “el relato” –es decir por la propaganda– que lo toman por el sustituto más que adecuado para una gestión eficaz. Al multiplicarse los problemas, algunos tan graves como los supuestos por la inflación rampante, un déficit energético alarmante, el fin del crecimiento macroeconómico y la inseguridad ciudadana, el gobierno intenta defenderse con nada más que palabras fogosas, como si a su entender sirviera para algo atribuirlos a la malignidad de periodistas hostiles y las maniobras antipopulares de “corporaciones” perversas. Por un rato, la estrategia escapista así supuesta parecía funcionar, pero a partir del triunfo de Cristina en las elecciones presidenciales de octubre del año pasado ha resultado ser contraproducente, lo que, en vista de la precariedad del sistema político del país, es motivo de gran preocupación.