El juez Guzmán aplazó el interrogatorio a Pinochet

SANTIAGO – El juez Juan Guzmán Tapia acogió ayer una petición de la defensa del ex dictador chileno Augusto Pinochet y aplazó la fecha de la declaración indagatoria para el próximo 23 de enero.

El anuncio lo hizo al finalizar Pinochet tres días de exámenes mentales y neurológicos ordenados por él mismo para establecer si el octogenario militar está en condiciones de ser procesado.

La declaración indagatoria estaba prevista originalmente para el lunes próximo y la decisión del magistrado tuvo una inmediata reacción en la parte querellante.

El abogado Hugo Gutiérrez declaró que comprendía la medida por razones humanitarias, pero advirtió sobre el peligro de que la derecha utilice este nuevo plazo para ganar tiempo y lograr que la declaración indagatoria se suspenda “definitivamente”.

El hijo de Pinochet, Marco Antonio, opinó que la decisión se ajusta a una lógica equilibrada de parte del juez, ya que tras tres días de intensos exámenes sería conveniente conocer primero los resultado antes del interrogatorio.

La defensa en su escrito argumentó que Pinochet quedó en un estado de gran agotamiento físico y síquico tras tres días de intensos exámenes médicos.

La nueva acción de los abogados de Pinochet persiguió asegurar que los resultados del peritaje médico estén disponibles antes del interrogatorio, porque si éstos indican que el ex dictador no está en condiciones de ser procesado, la declaración indagatoria quedaría definitivamente anulada.

El escrito presentado por la defensa señaló que las razones de esta solicitud son que “no parece recomendable forzar al inculpado a prestar declaración indagatoria estando pendiente un antecedente de tanta importancia como el resultado de la pericia decretada”.

Agregó que la citada diligencia no debe realizarse porque puede afectar la integridad física y síquica del desaforado senador vitalicio, “toda vez que ha sufrido algunos accidentes vasculares cerebrales en el pasado inmediato, los que, de repetirse, podrían incluso poner en peligro su vida”.

Pinochet cumplió ayer en el Hospital Militar de Santiago la tercera y última etapa de los exámenes mentales y neurosicológicos ordenados por el juez Guzmán en el marco del proceso que se lleva en su contra por los crímenes de la Caravana de la Muerte.

No se dijo cuándo los seis especialistas que examinaron a Pinochet, emitirán un informe que permita revelar el real estado mental del general en retiro.

El director ejecutivo de la Fundación Pinochet, general retirado Luis Cortés Villa, declaró que el general en retiro “está muy tensionado y cansado”.

El gobierno aclara

El jefe del gabinete del ministro chileno de Justicia José Antonio Gómez, Luis Horacio Rojas, señalado como “puente” de presión política ante el juez especial Juan Guzmán Tapia, por el caso del ex dictador Augusto Pinochet, negó ayer rotundamente esta acusación.

Fuentes judiciales extraoficiales identificaron a Rojas como el funcionario gubernamental encargado de comunicarse con Guzmán, aparentemente con la intención de que las decisiones en el caso del octogenario militar se tomaran en una dirección favorable hacia él.

En tanto, las excavaciones para dar con los restos de seis desaparecidos, en una fosa clandestina situada en las cercanías de Santiago fueron infructuosas y hoy proseguirán. (DPA, Reuters)

Quieren un punto final

Uno de los más estrechos asesores del ex dictador Pinochet, el alcalde de la comuna de Providencia, Cristián Labbé, pidió ayer una ley de punto final para terminar con los problemas que originan las múltiples violaciones a los derechos humanos registradas durante el régimen militar (1973-90).

El burgomaestre de la comuna santiaguina dijo que ésta era la única solución para resolver los problemas de derechos humanos después del “fracaso de la Mesa de Diálogo”, agregando que se ha suscitado en Chile un problema como consecuencia de la falta de liderazgo para dejar atrás el pasado.

Labbé, quien en protesta por la detención de Pinochet en Londres hostigó fuertemente a entidades británicas y españolas instaladas en Providencia, declaró que “ha faltado la conducción de un estadista que logre dejar atrás las heridas del pasado”.

“Creo que aquí tiene que haber una decisión política fuerte, en el sentido de generar una acción de futuro y de encuentro y que alguien tome la decisión de punto final. O sea, terminemos con el cuento”, expresó.

El alcalde llegó al grado de coronel en el Ejército y estuvo vinculado a tareas de seguridad durante el régimen militar. (DPA)