El martes definirán si le hacen juicio político a Caro

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NEUQUEN (AN)- La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura decidirá el martes próximo si le inicia juicio político a Rubén Caro, juez federal de Zapala, por su actuación durante el caso Carrasco. Ayer el diputado nacional Melchor Cruchaga presentó la acusación contra el magistrado, que ahora analiza el resto de los consejeros.

«Entiendo que están dados los requisitos para que el juez Caro tenga que presentarse a defenderse de la acusación que le formulo», dijo Cruchaga al término de la sesión del Consejo.

Por teléfono desde Buenos Aires, el diputado radical señaló a «Río Negro» que «hace muchos meses que estoy analizando la actuación que tuvo Caro en el caso Carrasco I (la investigación del homicidio del soldado) y lo que surgió durante el caso Carrasco II (el encubrimiento). Por eso entiendo que están dadas las condiciones para citarlo».

Cruchaga agregó que los otros seis integrantes de la comisión acusadora analizarán el caso en esta semana, y ya se dispuso en el orden del día del martes próximo volver a tratar el tema. Si cuatro de los siete miembros votan a favor, Caro deberá presentarse a dar explicaciones.

Como hipótesis de lo que puede suceder, el legislador indicó que «hay tres opciones: que los consejeros acompañen mi acusación, que cambien parte de los fundamentos o que la rechacen». No quiso aventurar cuál tiene más chances de imponerse.

Como el expediente tiene 40 cuerpos (unas 8.000 fojas) «es probable que alguno de los consejeros argumente que no tiene tiempo material de analizarlo en su totalidad, de manera que la definición podría postergarse otra semana», advirtió Cruchaga.

La reunión del Consejo de la Magistratura fue seguida con atención -a la distancia- por los defensores de quienes fueron condenados por el crimen del soldado.

Oscar Pandolfi, Marcelo Inaudi y Daniel Valencia presentaron el mes pasado un recurso de revisión de la condena que recayó sobre Ignacio Canevaro, Cristian Suárez y Víctor Salazar. Un eventual juicio político contra Caro le daría más fuerza a su planteo jurídico.

Caro era defensor oficial del juzgado federal de Zapala cuando el 6 de abril de 1994 apareció oficialmente el cadáver de Carrasco, desaparecido un mes antes mientras cumplía el servicio militar en el cuartel de esa localidad.

Poco después, y a instancias del Ejército, el Senado lo nombró juez titular (como defensor oficial subrogaba al juez, ya que ese puesto estaba vacante).

Su desempeño al frente de la investigación fue reiteradamente cuestionado, y en la sentencia contra Canevaro y compañía el Tribunal Oral de Neuquén destacó que el expediente de Caro estuvo «plagado de errores y deficiencias».

No es la primera vez que el juez zapalino está al borde del juicio político. Ya se lo acusó, con anterioridad, de haber resignado su jurisdicción en favor del Ejército.

Según ese planteo, la pesquisa descansó en realidad en los hombres de Inteligencia militar, pese a que por ley tienen prohibido inmiscuirse en la investigación de un homicidio común, aunque este haya ocurrido dentro de un cuartel.