El medio vaso lleno

La decisión política del gobernador Alberto Weretilneck de terminar con las famosas “becas” de Desarrollo Social –a partir de julio– constituye un importante avance del actual gobierno que, además de cumplir una promesa realizada al inicio del mandato, podrá erradicar un nefasto mecanismo de contratación de trabajo “en negro” en un área muy sensible del Estado rionegrino, sistema instaurado por la gestión que gobernó durante 28 años la Provincia de Río Negro. Los 279 becados que se anuncia pasar a contrato desde el Consejo de la Función Pública se sumarán a los 103 pasados a inicios del 2013 y a los 140 pasados en el 2012, lo que totaliza la regularización de 522 trabajadores que desempeñan tareas en programas e instituciones que atienden a la población de mayor vulnerabilidad social de nuestra comunidad. Simultáneamente con esta acertada medida, conviene analizar con mayor profundidad cuáles son las causas que han generado esta irregularidad en el ingreso a la administración pública provincial, con el propósito de no repetir los mismos errores en el futuro y no tener que estar analizando nuevamente este tema dentro de un tiempo. El área de Desarrollo Social –a diferencia de Educación, Salud y Seguridad– carece de una normativa laboral específica que regule no solamente la forma de contratación inicial sino todas las especificidades de los diferentes e indelegables servicios y roles que se prestan desde ese ministerio, organismo de aplicación de múltiples leyes provinciales y nacionales, la mayoría de ellas promulgadas en los últimos diez años. Temáticas relacionadas con la niñez y la adolescencia con sus derechos vulnerados, con las personas con discapacidad, con jóvenes en conflicto con la ley, con víctimas de la violencia de género y con adultos mayores en situación de abandono son algunas de las delicadas situaciones que deben asumir los trabajadores de ese ministerio. Tan difíciles cuestiones supondrían la necesidad de contar con personal capacitado e idóneo, con la profesionalidad que cada problemática requiere. Sin embargo, tales condiciones son imposibles de conseguir a la hora de incorporar personal si no existe un mínimo encuadre laboral, lo que trae como consecuencia que suelan asumir estos roles personas que por distintas causas no consiguen un empleo real en el mercado laboral y se prestan a trabajar a cambio de una “beca”, más allá de la buena voluntad y disposición que puedan tener para desempeñarse en la tarea que les toque. Si bien la regularización laboral que se está activando es un importante avance cualitativo para mejorar las condiciones de trabajo, si no se genera paralelamente una legislación pertinente adecuada al área es muy probable que por razones de servicio que imponen el ingreso de personal en forma cotidiana continúen los procesos de precarización laboral, generándose un círculo vicioso que repetirá el mismo problema. Además de cubrir este vacío legal –indispensable para jerarquizar el área– sería auspicioso acompañar todas estas medidas con la necesaria capacitación profesional que requieren los nuevos trabajadores del área social para realizar su compleja tarea. La posibilidad de restituir derechos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad es una apuesta que requiere una inversión económica que tal vez pueda resultar significativa pero que seguramente redundará en un futuro de mayor equidad y menor violencia social, lo que constituye un mejoramiento real y concreto de la calidad de nuestra democracia. (*) Exministro de Desarrollo Social de Río Negro

JORGE LUIS VALLAZZA (*)