El mito del default

Cuando en el curso de su brevísima gestión el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá oficializó el default que de facto, si bien no de jure, ya había anunciado el gobierno anterior del presidente Fernando de la Rúa, fue ovacionado por su patriotismo por casi todos los legisladores y por muchos ciudadanos comunes que, según parece, imaginaban que la Argentina podría aprovechar el dinero así ahorrado pagando más a los maestros, construyendo nuevos hospitales y, tal vez, dotándose de una red de seguridad social un tanto menos precaria que la ya existente. También lo consideraban un golpe viril en favor de la independencia nacional. Es innecesario decir que tales ilusiones se esfumaron en seguida al difundirse la conciencia de que lejos de ayudar al país, la medida que tantos habían reclamado sólo sirvió para aislarlo comercial y financieramente del resto del mundo, exacerbando aún más la crisis económica, social y política que lo está depauperando, sin suponerle ninguna ventaja importante. Aunque hacia fines del año pasado ya era evidente que el país no estaba en condiciones de cumplir con las obligaciones que había contraído, era insensato creer que el default constituiría una opción deseable y que declararlo sería una forma de defender los intereses nacionales. Por el contrario, fue un desastre sin atenuantes.

Tal vez éste no hubiera sido el caso si realmente hubiera sido posible eliminar la deuda pública mediante un decretazo, si era de prever que luego de algunos meses o incluso años los acreedores perjudicados decidirían dar por perdidas las sumas adeudadas y, sin preocuparse por la experiencia de sus antecesores, una nueva generación de inversores optaría por arriesgarse prestando dinero a instituciones o empresas argentinas, pero sucede que la posibilidad de que ello ocurra es nula. Algunos acreedores aceptarán renegociar sus deudas con el país tal y como ya hacían antes de que el default fuera formalizado, pero otros se negarán a conformarse con lo ofrecido. Es que a menos que un país elija emular a la Unión Soviética o Corea del Norte para intentar sobrevivir durante décadas marginado del sistema financiero internacional, el default sólo le supondrá la demora del pago de los montos adeudados, no su eliminación definitiva. Es factible que la Argentina se dirija hasta esta alternativa, pero de ser así no será porque lo quiera la ciudadanía sino porque sus gobernantes, trátese de los actuales o de sus eventuales sucesores, resultaran incapaces de manejar la economía.

El default representaría una opción auténtica si los acreedores fueran otros países o instituciones internacionales que podrían acceder a perder miles de millones de dólares por motivos políticos o estratégicos al juzgar que sería de su propio interés sacrificarlos en aras del futuro de una nación coyunturalmente inviable. Sin embargo, en el caso argentino los acreedores no se limitan a un puñado de países ricos, sino que son decenas de miles de individuos, de los cuales muchos -acaso la mitad- son argentinos. Así las cosas, para que la deuda fuera anulada tal y como suponían los que hablaban como si creyeran que nos sería muy beneficioso rehusar honrarla, sería necesario que los integrantes del Grupo de los Siete u otros que sean igualmente prósperos aceptaran encargarse de ella. De concretarse las peores pesadillas de quienes prevén que antes de tocar fondo la Argentina experimentará una caída económica calamitosa acompañada por el «baño de sangre» que a menudo vaticina el presidente Eduardo Duhalde, dicha solución podría volverse concebible, pero en vez de equivaler a la reafirmación de la independencia del país significaría la virtual desaparición de la soberanía nacional. Si bien los impulsores más vehementes del default lo reclamaban por motivos presuntamente patrióticos, aseverando ruidosamente que serviría para «romper los lazos de la dependencia», ya deberían haberse dado cuenta de que entre las consecuencias más penosas del endeudamiento excesivo está la pérdida tal vez definitiva de la autonomía nacional. El que tal resultado haya sido lógico, evidencia la irracionalidad delirante de ciertas corrientes políticas que han incidido profundamente en la evolución del país, corrientes que, por desgracia, distan de haberse agotado.