El peligroso juego al que decidió entregarse Venezuela




mirando al sur

La elección de Hugo Chávez como presidente en diciembre de 1998 provocó en Venezuela el choque de dos concepciones sobre la democracia en tanto sistema de gobierno cuya legitimidad descansa, en última instancia, en la soberanía popular. Una, la tradicional, de tipo republicano, con un acceso limitado de las capas más populares a la plenitud de la ciudadanía; otra, la que traía el exparacaidista, de tipo populista y plebiscitaria.

Pero aunque ambas narrativas se referencien, en última instancia, en la idea de “democracia”, sus reflejos concretos tuvieron muchas veces modos más emparentados con reflejos autoritarios. No hay que olvidar que el propio chavismo es hijo de un intento fallido de golpe de Estado en febrero 1992 y que la oposición que hoy lo combate envuelta en la bandera de la república hizo lo propio en el 2002.

Esa política bifronte, de apelación democrática (aunque de cuño diferente, como dijimos) y prácticas autoritarias, emerge una vez más con nitidez en la Venezuela de hoy. La crisis multidimensional que asola a ese país requiere de remedios eminentemente políticos, pero la tendencia apunta, de modo inquietante, a una clausura de los mecanismos institucionales y acerca el peligro de que las diferencias se zanjen por la vía de la acción directa.

El chavismo sufrió varios mazazos. La muerte del “comandante” en marzo del 2013 fue el primero y más significativo. Que, por decisión de aquel, el heredero haya sido un Nicolás Maduro agudamente carente de su capacidad política y de su carisma ha sido, hoy se ve, otro. El desplome del precio internacional del petróleo de los últimos dos años fue el tercero, al evitar que el gobierno siguiera disimulando con rentas extraordinarias su fracaso en “sembrar el petróleo”, tal la recordada consigna de Arturo Uslar Pietri en 1936.

En la actual coyuntura, la abrumadora petróleo-dependencia de Venezuela puso en extrema tensión las políticas sociales del chavismo: si la receta había sido redistribuir, más y mejor que nunca antes, esa renta, el achicamiento de la misma debía forzosamente poner en crisis el modelo.

Así, con exportaciones de crudo que pasaron de los u$s 80.000 millones en el 2013 a u$s 25.000 millones el año pasado, el producto se derrumbó y la inflación se empinó gravemente. La recesión fue del 5,7% en el 2014, se proyecta en un 8% para este año y se mantendría con otra retracción del PBI del 4,5% en el 2017. En solo tres años la economía venezolana habrá perdido un quinto de su tamaño.

En paralelo, el desajuste fiscal y los monumentales errores de política hicieron que la inflación siguiera una trayectoria opuesta: 180% el año pasado y, según proyecciones privadas y del Fondo Monetario Internacional, treparía al 720% en el actual y... ¿a 2.200% en el 2017?

No sorprende así que la popularidad de Maduro alcance en la actualidad a un raquítico 15%.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática obtuvo una aplastante victoria en las elecciones legislativas de diciembre último y sólo la impugnación que hizo el oficialismo en algunos distritos la privó de contar con la “supermayoría” de dos tercios, que le habría permitido, entre otras facultades, convocar una Asamblea Constituyente y cambiar la composición del Tribunal Supremo de Justicia. Ni más ni menos que tocar los pilares del Estado chavista.

Esas impugnaciones fueron el primer modo en el que el acosado oficialismo comenzó a clausurar la política en lo que va del año.

El segundo fue la decisión del TSJ de suspender una serie de artículos del reglamento interno de la Asamblea Nacional, vigentes sin cuestionamientos desde la etapa anterior. De este modo, quedaron limitadas las facultades del Legislativo unicameral para decidir el levantamiento de la inmunidad de sus miembros y potestades de sus autoridades para presidir los debates y decidir sobre su agenda.

El tercero, más serio, fue la decisión de la Sala Constitucional del TSJ de declarar inconstitucional la ley de Amnistía votada por la Asamblea a fines de marzo, lo que impidió que Leopoldo López y otros políticos encarcelados recuperaran la libertad.

Cuarto, probablemente más razonable, el TSJ frenó un intento opositor de imponer, vía enmienda constitucional, una reducción del mandato presidencial.

Quinto, las actuales dilaciones en los trámites del intento de un sector de la MUD de activar un referendo revocatorio de Maduro. Un intento impulsado, básicamente, por el sector moderado que responde al excandidato presidencial Henrique Capriles y que es acompañado con menos entusiasmo por los radicales que se referencian, sobre todo, en López, más dados a una salida de hecho.

La revocación es una alternativa plenamente constitucional, que requiere que vote contra Maduro al menos la misma cantidad de ciudadanos que lo eligieron. Si eso ocurriera este año, Venezuela iría a nuevas elecciones; si fuera el que viene, el actual vicepresidente completaría el mandato de seis años. Se entiende el sentido de las demoras.

Atrincherado en el Poder Judicial, el chavismo se aferra al poder y el propio Maduro promete una “rebelión” si la oposición logra apartarlo. Obtura así las vías políticas para la solución de la crisis, algo que parte de la oposición acepta, un poco por ahogo y otro poco, si se mira la historia reciente, por vocación.

Unos y otros se entregan a un juego peligroso. Si la salida no es política, la violencia estará a la vuelta de la esquina.

La revocación es una alternativa plenamente constitucional, que requiere que vote contra Maduro al menos la misma cantidad de ciudadanos que lo eligieron.

Atrincherado en el Poder Judicial, el chavismo se aferra al poder y el propio Maduro promete una “rebelión” si la oposición logra apartarlo.

Datos

La revocación es una alternativa plenamente constitucional, que requiere que vote contra Maduro al menos la misma cantidad de ciudadanos que lo eligieron.
Atrincherado en el Poder Judicial, el chavismo se aferra al poder y el propio Maduro promete una “rebelión” si la oposición logra apartarlo.

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