El plan Felices Fiestas, remedio temporal a un problema permanente

Obligado por las circunstancias ante la certeza de la profundidad de la recesión en ciernes y sometido a la presión sindical por la posibilidad concreta de un paro general, el gobierno decidió de apuro otorgar un bono de fin de año a los trabajadores registrados y a una parte de los estatales.

La intención del Poder Ejecutivo es poner un ‘piso’ al desplome del nivel de actividad que se registra en los últimos dos meses, y generar un parche al menos parcial a la abrupta caída del poder adquisitivo que tiene lugar en 2018. En efecto, un informe publicado esta semana por la consultora Macroview, indica que la caída acumulada del salario respecto a la inflación, es de al menos 7% hasta el mes de noviembre. Estima que en términos reales, la pérdida acumulada del salario promedio podría llegar a los $19.500 en el acumulado anual respecto al año 2017.

La propuesta inicial del gobierno fue un bono de $5.000 pagaderos en dos cuotas (diciembre y febrero). Según Macroview, si todos los trabajadores registrados recibieran la primera cuota de $2.500 en diciembre, el poder de compra en lugar de caer $3.500 durante ese mes en relación a igual mes de 2017, solo caería $1.500.

La forma en que se negoció la medida y posteriormente se anunció, así como las versiones encontradas en los detalles de la implementación, no escapan al estilo de marcha y contra marcha que se ha hecho marca registrada de la gestión Cambiemos desde el año 2016. La primera mesa de diálogo se mantuvo con el ala sindical menos combativa, representada en la CGT oficial. Fuera de la discusión quedó el ala dura representada por Hugo Moyano y la CTA que nuclea a los gremios estatales. Más tarde se decidió que el beneficio alcanzaría a todos los trabajadores registrados, y también a los empleados públicos de la administración nacional.

Fue el momento en que aparecieron las primeras voces de alerta. Desde el sector privado advirtieron que hay miles de empresas, en especial las pequeñas y medianas, que no están en condiciones de afrontar el pago extra de fin de año, y que obligarlas es ponerlas en serio riesgo de subsistencia. Desde el sector público, quienes pusieron el grito en el cielo fueron los gobernadores. La dádiva para los estatales nacionales, pone a los mandatarios provinciales ante la obligación de equiparar el beneficio, o pagar el costo político de no otorgarlo.

El reclamo hizo retroceder al gobierno, que se vio en la necesidad de flexibilizar su propia propuesta inicial. El texto del decreto presidencial que establece el bono, aclara que el mismo se podrá pagar en más de dos cuotas, que el monto puede ser menor a los $5.000 y que existe la posibilidad de abonar el beneficio ‘a cuenta de futuros aumentos’.

Tras la publicación del decreto, el punto ahora es la situación de jubilados y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo. El inconveniente principal para incluir en el bono tales sectores, que son dos de los más golpeados en medio de la crisis, es que para incrementar las partidas de gasto de 2018 ya no alcanza con la decisión del gobierno, sino que es necesaria la venia del FMI. En el gobierno esperan convencer a la directora ejecutiva del organismo Christine Lagarde, de que los números fiscales de este año marchan mejor que lo previsto en el último acuerdo, para que habilite la ampliación del gasto. La ejecutiva visitará el país la semana entrante para la Cumbre del G20. Allí, el gobierno exhibirá lo que espera sea un déficit primario de solo 2,5% del PBI, cuando la meta inicial escrita en el acuerdo era cerrar 2018 con un rojo de 2,7%.

Si finalmente el FMI diera el visto bueno, en el gobierno se entusiasman con un paquete al que denominan en “Plan Felices Fiestas”, que incluiría al grueso de los trabajadores registrados y no registrados, y permitiría paliar al menos en parte, la zozobra de la crisis en medio de un mes como diciembre, históricamente complicado en el país.

La medida sin embargo, va en dirección contraria a las premisas de eficiencia a las que siempre ha apelado el gobierno, y a las que se ha apegado con más fuerza que nunca desde el arribo del FMI. Se trata además, de un paliativo temporal a un problema permanente. Una vez recibido el bono por única vez, el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo volverá a sentirse en el primer trimestre de 2019.

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