El problema se quedará en el territorio argentino



Miguel A. Knecht*


El Decreto Nacional 591/2019 firmado por el presidente Mauricio Macri encendió la polémica, ya que modificó -mediante una herramienta de menor jerarquía- la Ley Nacional de Residuos Peligrosos que en un plazo de treinta días permitirá ingresar al país materiales sin certificado de inocuidad.

La norma señalada modifica los actuales decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de sustancias y objetos, procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para otro mercado o demanda específica.

Esta normativa resulta preocupante porque elimina el requisito de inocuidad y peligrosidad de origen. Entonces ¿cómo podemos prevenirnos que no ingresarán residuos peligrosos en territorio Argentino?

Incluso va en sentido opuesto a lo establecido en la Constitución Nacional.

Desde que China cerró la importación de plástico reciclado desde los Estados Unidos, este país busca nuevos mercados para enviar las cientos de miles de toneladas que genera al año.

Desde la Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente de la Nación se dijo que la importación de residuos está totalmente prohibida.

Ocurre que no podemos seguir considerando a los residuos como en los años ‘90, ya que ahora son recursos. Lo que establece el decreto es flexibilizar el ingreso de ciertos materiales que usa la industria y que en el país no hay o no existe cantidad suficiente. Ejemplos: el scrap de aluminio, para la industria automotriz, el caucho de cierta granulometría o la chatarra.

En Argentina, las suspicacias han aumentado, ya que esta normativa también flexibiliza el ingreso de plásticos, por ejemplo.

Se conoce, desde que China cerró la importación de plástico reciclado desde los Estados Unidos, este país busca nuevos mercados para enviar las cientos de miles de toneladas que genera al año. Los países sudamericanos serían los posibles elegidos como destinatarios finales de estos desechos.


El meollo de la cuestión radica en que una vez los residuos peligrosos entren al país, no se los puede remover y seremos responsables de su disposición final.


Desde el Gobierno informaron que los verificadores aduaneros son los responsables de detectar materiales que no cumplan con la normativa. Y, si sucede, se abre un sumario.

El meollo de la cuestión radica en que el problema queda anclado en suelo argentino.

Y una vez que el “occiso” (Residuos Peligrosos) está en el lugar, no se lo puede remover y seremos nosotros los responsables de su disposición final, sin poder exportarlo a ningún otro país.

Por último, en estos temas específicos, resulta necesario el tratamiento de la cuestión en la comisión pertinente del Congreso Nacional donde todos los miembros componentes de ambas Cámaras pueden expresar sus ideas, opiniones y posteriormente determinar la pertinencia, o no, del ingreso de estos residuos eventualmente peligrosos. En síntesis, el decreto recientemente firmado no sirve por falta de peso jurídico.

Por ello, la Ley en vigencia resulta mucha más amplia en su aplicación.

* Docente. Ex Concejal P.J. fundador y primer presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor en Viedma.


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