El relato y los saqueos

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Sin esperar un solo minuto, los estrategas del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner atribuyeron la epidemia de saqueos que empezó en Bariloche, para después propagarse al resto del país, a una conspiración sindical. Lo hicieron por motivos que podrían calificarse de literarios, ya que tenían menos interés en procurar entender las causas de lo que sucedía que en incorporar los episodios al “relato” oficial. Puesto que, según éste, el país está disfrutando de un boom de consumo sin precedentes, apenas hay pobreza y la mayoría abrumadora de sus habitantes se siente “incluida” en un gran proyecto de cambio progresista, la única explicación posible era que se trataba del accionar de grupos “organizados”. Es de suponer que, de haberse producido los saqueos algunas semanas antes, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y otros funcionarios hubieran dirigido sus dardos contra el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, pero parecería que desde entonces el contador se ha visto desplazado como líder máximo de la conspiración antipopular en contra de Cristina por el camionero Hugo Moyano, secundado por el jefe de la CTA no oficialista Pablo Micheli, razón por la que optó por responsabilizarlos de los robos y desmanes. Si bien es factible que en las turbas de delincuentes que saqueaban supermercados y almacenes se hayan encontrado algunos afiliados de Camioneros y de la facción encabezada por Micheli del gremio de los empleados públicos, hasta ahora el gobierno no ha presentado ni una pizca de evidencia que sirviera para respaldar sus temerarias acusaciones. No cabe duda de que hay una multitud de agrupaciones politizadas que se han propuesto crear un clima propicio para los saqueadores y que han estado muy activas últimamente, pero ninguna cuenta con la capacidad para “organizar” centenares de asaltos simultáneos contra comercios a lo ancho y a lo largo del territorio nacional. Tales agrupaciones son aliadas meramente coyunturales; serían intrínsecamente incapaces de elaborar una estrategia de desestabilización común. Asimismo, si bien la televisión, al difundir imágenes de los disturbios, habrá potenciado el “efecto contagio”, en la edad de las comunicaciones personales instantáneas a través de las redes sociales la censura no hubiera resultado suficiente para impedir que en diversas partes del país grupos extremistas trataran de emular a los compañeros barilochenses. Otro factor que estimuló la violencia habrá sido la conciencia, ya generalizada, de que las fuerzas de seguridad, en las que el gobierno no confía, podrían verse desbordadas en cualquier momento si se concretan demasiados saqueos y disturbios, de suerte que en muchos lugares tendrían que transcurrir varias horas antes de que llegaran efectivos en condiciones de contener a los revoltosos. Por lo demás, estarán en lo cierto aquellos dirigentes opositores que vincularon la actitud de los saqueadores con la prédica kirchnerista. Han podido señalar que el gobierno se ha esforzado por implantar la idea de que, por ser víctimas de la falta de justicia social, los sectores más pobres tienen derecho a vivir de subsidios aportados por los demás, razón por la que es natural que hayan reaccionado con ira ante la reducción de los fondos disponibles. Asimismo, como han subrayado muchos opositores, tanto conservadores como progresistas, una proporción muy grande de quienes aprovecharon lo que tomaron por una oportunidad para robar con impunidad ni trabaja ni estudia. Para quienes conforman este sector que propende a crecer el futuro difícilmente podría ser más deprimente, ya que con escasas excepciones nunca tendrán un empleo adecuadamente remunerado. Antes bien, tanto ellos como sus hijos dependerán de los planes de ayuda del gobierno de turno o, en el mejor de los casos, de trabajos ocasionales, sobre todo en la construcción, pero, desgraciadamente para ellos, el gobierno de Cristina no puede continuar repartiendo grandes sumas de dinero entre las organizaciones que sirven de diques de contención, la construcción se ha visto golpeada con dureza por el cepo cambiario y la inflación rampante, que a pesar del estancamiento de la economía parece destinada a acelerarse en los próximos meses, está devorando los magros ingresos de quienes viven al borde de la indigencia.