El Senado se aprestaba a suspender en forma provisoria a Moliné

CAMBIOS EN LA CORTE

El Senado nacional se encontraba anoche a punto de disponer la suspensión del juez Eduardo Moliné O'Connor, quien integra la Corte Suprema de Justicia y ayer reprochó a la Cámara alta ser víctima de «discriminación» y confesó sentir «miedo» por el desenlace del juicio político en su contra El Senado, tras las exposiciones de cerca de 20 senadores, iba a votar por mayoría simple la suspensión provisoria del magistrado hasta tanto se dicte sentencia en el juicio político que se le lleva adelante Con el voto asegurado de la mayoría de los senadores peronistas y de algunos representantes de partidos de representación minoritaria el Senado agotaba la extensa lista de oradores como paso previo a efectivizar la suspensión El voto en contra de los senadores radicales, de cuatro representantes de partidos provinciales y de la misma cantidad de pronistas no alcanzarán para evitar que se imponga la voluntad de la mayoría.

Según fuentes parlamentarias, no existen precedentes sobre la suspensión preventiva de un ministro de la Corte por decisión del Senado, por lo que Moliné podría convertirse en el primer juez supremo en cesar provisoriamente en su cargo En sentido inverso avanza Eugenio Zaffaroni, que ayer dio un nuevo paso para ocupar un banca en el máximo tribunal, ya que la comisión de Acuerdos del Senado dio un dictamen positivo para el penalista. (Ver recuadro)

La suspensión es impulsada por el mayoritario bloque justicialista, que invocó el artículo 4 del Reglamento de la Cámara alta que otorga esa facultad al cuerpo, mientras la defensa del juez ha sostenido que se trata de una medida «inconstitucional».

Al ejercer por primera vez su defensa en forma personal, en el marco del proceso parlamentario, Moliné dijo ser víctima de «discrimación» porque las sentencias que se le reprochan fueron dictadas por la mayoría en la Corte y es el único de los firmantes sometido a juicio político.

Afirmó, además, sentir «mucho miedo» porque el juicio político, a su criterio, se sustancia sin «evidencias palmarias» que acrediten un mal

desempeño de su cargo También, y en lo que pareció un tiro por elevación al Gobierno de Néstor Kirchner, el magistrado señaló que en la actualidad «los jueces miran hacia la Plaza de Mayo» para ver «qué va a pensar el presidente de la Nación o el ministro de justicia» (Gustavo Beliz) al momento de resolver un pleito judicial. Antes, «miraban lo que decía la Constitución», comparó Moliné Kirchner, a diez días de haber asumido la presidencia, exhortó al Congreso a renovar la Corte a través del juicio político y el ministro Beliz se colocó al frente de la embestida al supremo tribunal El juicio político vulnera la «independencia de los poderes», expresó Moliné, que aludió a un conflicto institucional.

Moliné efectuó su descargo durante poco más de una hora, acompañado por sus abogados patrocinantes, Gregorio Badeni y Eduardo Aguirre Obarrio, y su hijo Santiago.

El bloque de senadores de la UCR había adelantado durante la tarde que se opondría en el recinto a la suspensión preventiva de Moliné O'Connor, por considerar que «se trata de una medida carente de razonabilidad jurídica y política y manifiestamente inconstitucional» De acuerdo a la bancada que conduce Carlos Maestro, el artículo 59 de la Constitución Nacional que permite al Senado realizar el juicio político a los acusados por la Cámara baja, no implica la facultad de suspender al magistrado, sino de destituirlo al final del proceso Por eso, la UCR sostuvo que la cláusula en el reglamento interno del Senado que considera la facultad de suspender preventivamente al enjuiciado, «además de ser inconstitucional ha quedado desvirtuado por ser anterior a la reforma constitucional de 1994, que transfirió expresamente esa facultad al Consejo de la Magistratura» El bloque radical sostuvo, por ende, que «la medida preventiva de suspensión» que intenta imponer a Moliné la mayoría justicialista del Senado, «no tiene razonabilidad ni fundamento alguno que la avale».

Las imputaciones contra Moliné O'Connor son diez, derivadas de tres expedientes:

• La causa Meller SA: Esta empresa de comunicaciones había firmado un contrato con ENTel para la publicación de guías telefónicas; por diversos incumplimientos, terminó recibiendo indemnizaciones supuestamente «desproporcionadas», que la Corte avaló. Según la acusación, Moliné incurrió aquí en la «legitimación de un proceso administrativo fraudulento», la «negación al Estado de la vía judicial de revisión, lo que le provocó grave perjuicio» y el «haber abdicado arbitrariamente de la responsabilidad de efectuar control de constitucionalidad» • La causa Magariños: El último caso lleva el nombre de un camarista penal: Héctor Mario Magariños. En su calidad de docente de la UBA, este juez redactó un dictamen sobre un fallo de la Corte: lo sancionaron con una rebaja del sueldo. Por esta conducta, a Moliné le imputan «invadir la esfera de competencia del Consejo de la Magistratura», «afectar la libre expresión», «cercenar el derecho a la opinión científica» y «violar la independencia del Poder Judicial» • La causa Macri: se refiere al procesamiento del titular de Sevel, Francisco Macri, por contrabando de autos y evasión fiscal. La Corte habría cerrado «sin fundamentos» este trámite. Y así Moliné habría incurrido en «obstrucción del debido proceso legal respecto de la investigación por presunto contrabando» y «causar grave perjuicio al Estado».


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