El Superior Tribunal pidió información a la Procuradora
No es una medida usual, pero se tomó al ser atacado el Poder Judicial. Hay otra abogada involucrada en la investigación.
Ataque a la justicia
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro pidió información a la Procuración General en relación a la investigación por el incendio intencional, que afectó la totalidad del juzgado penal a cargo de Carlos Mussi. Además, se tomaron extracciones de sangre a imputados en esta causa para cotejar con elementos secuestrados en el lugar del incendio en los que podrían ser identificados ADN.
Ante la consulta de este diario, desde el Superior Tribunal de Justicia se confirmó el pedido de información sobre la investigación de este grave hecho a la Procuración General, organismo del que dependen las fiscalías de la provincia. La solicitud fue formulada luego de la repercusión pública que tuvo el pedido de la fiscal Itziar Soly de varias medidas al juez penal Favio Igoldi, entre ellas detenciones, a las que el magistrado no hizo lugar.
No es usual que el STJ pida información a un juez sobre una determinada investigación pero, en este caso, la víctima -explican en el cuerpo- es el Poder Judicial de Río Negro, representado por el STJ. En esa línea las víctimas tienen el derecho a mantenerse informadas, razón por la cual se le formuló el pedido a la Procuradora General, Silvia Baquero Lascano.
Con ese informe en mano, los jueces del máximo órgano judicial de la provincia, evaluarán la situación sin avasallar la competencia del juez ni entorpecer el trabajo fiscal. No obstante, ese análisis incluirá, sin dudas, si el juez actuó dentro del marco que le otorga la Ley.
Esta decisión del Superior Tribunal calmará los comentarios en los pasillos tribunalicios que no cesan desde que trascendieron los pedidos de la fiscal Soly a los que no hizo lugar Igoldi, como las detenciones. Sólo fueron privados de la libertad por un par de horas y no por este hecho sino por resistencia a la autoridad tres de los imputados por la fiscal -el policía Gustavo Salinas, Ricardo Collman y Ricardo Becerra-. Soly había solicitado inicialmente también extracción de ADN, lo cual, recién se habría concretado en las últimas horas.
Otra abogada involucrada
El juez denegó también la detención del abogado viedmense Ignacio Galiano y sólo autorizó el allanamiento a su domicilio particular y estudio de donde fueron secuestradas computadoras y teléfonos celulares, entre otros elementos.
Según trascendió, Igoldi tampoco autorizó otro allanamiento requerido por Soly a una abogada viedmense. Las detenciones fueron requeridas a los efectos de evitar que la investigación se vea obstaculizada así como la comunicación entre los imputados una vez que se conocieran algunos resultados como las más de 100 horas de escuchas.
Esta situación se ve agravada aún más teniendo en cuenta una presunta filtración de información del juzgado de Igoldi en torno a la investigación de esta causa. Por esa razón el juez inició un sumario interno que desde hace un tiempo lo tiene a cargo la jueza del STJ, Liliana Piccinini.
La Justicia de Río Negro nunca vivió un atentado de estas características cuyo efecto pudo ser aún mayor, como tal vez, fue el propósito. Esclarecer un hecho tan grave como éste es una obligación no sólo por la cuestión institucional sino por el mensaje a la sociedad: sino se aclara lo que pasó en la propia casa judicial que queda para quienes sufrieron una pérdida irreparable o simplemente un robo.
DeViedma
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