El turno de las provincias

Como ya es penosamente evidente, el esquema federal argentino según el cual los ingresos provinciales, y por lo tanto los gastos estatales, dependen más de la relación del gobernador con el presidente de la República que de lo localmente recaudado, es intrínsecamente incapaz de funcionar porque la voluntad de arriesgarse gastando más de lo debido siempre será más fuerte que la de asumir los costos políticos de dejarse impresionar por los números en rojo. Otra deficiencia estructural tiene que ver con las dimensiones extraordinarias de la Provincia de Buenos Aires, jurisdicción que por equivaler al cuarenta por ciento del país es capaz de hacer estallar cualquier programa económico concebible. Aunque la clase política nacional fuera un dechado de prudencia, realismo y lucidez, la combinación de estos dos factores hubiera sido más que suficiente como para dificultar sus intentos de frenar el aumento constante del gasto público. Puesto que no lo es en absoluto, era previsible que a menos que todos los ministros de Economía manejaran con firmeza férrea las cuentas nacionales, tarde o temprano estallaría una crisis no tan distinta de la actual.

Por desgracia, una reforma drástica del esquema irracional existente no está entre los planes inmediatos del gobierno que tiene prioridades que por motivos comprensibles considera más importantes, de modo que una vez más el país está asistiendo a un «diálogo» entre el Poder Ejecutivo nacional, cuya actitud en esta situación se asemeja a aquella del FMI hacia la Argentina, y los gobernadores provinciales que se resisten a ajustar y que esgrimen argumentos políticos y humanitarios muy similares a los empleados por Eduardo Duhalde en sus esfuerzos por obtener más dinero de los países ricos. Sin embargo, a diferencia de lo que era el caso en otras ocasiones, en ésta el gobierno nacional no está en condiciones de ceder. Tendrá que reducir de forma brutal la cantidad de dinero que gire a los gobiernos provinciales que, en consecuencia, se verán obligados a bajar los salarios de los estatales, lo cual, huelga decirlo, provocará reacciones violentas y deprimirá todavía más las ya postradas economías regionales. En algunos distritos, el ajuste que viene podría redundar en la renuncia de los mandatarios que dirían que los recortes obligatorios no son «políticamente viables». Puede que no lo sean, pero esto no significaría que sea posible abstenerse de llevarlos a cabo.

Especialmente graves son los problemas planteados por la provincia de Buenos Aires que, por la proximidad del conurbano al centro de la Capital Federal, pesa de manera amenazadora sobre el gobierno nacional. Como señalan los gobernadores de las provincias chicas, el déficit que ya ha aplastado al país se debe en gran medida a la responsabilidad de Duhalde y de su canciller, Carlos Ruckauf, que por considerarse presidenciables habían aprovechado al máximo su poder político para presionar al presidente Carlos Menem primero y a su sucesor Fernando de la Rúa después para que les enviaran los fondos que les permitieron aumentar notablemente los salarios de los empleados públicos e invertir en el aparato político peronista: entre 1995 y 2000, el gasto en personal de la provincia de Buenos Aires se fue de 3.498 millones de pesos/dólares hasta 5.464 millones, aunque en el período así supuesto el crecimiento económico no justificó tamaño incremento. Además de acumular un déficit propio que resultaría inmanejable, los bonaerenses aseguraron que los demás gobernadores reclamarían más dinero por no querer verse rezagados.

En el corto plazo, sin la llegada de un paquete colosal de ayuda extranjera no habrá ninguna «solución» para las dificultades enormes atribuibles al gasto provincial excesivo y la necesidad ya innegable de reducirlo al nivel de cinco o diez años atrás. En el largo plazo -lapso que en la Argentina podría resultar ser muy breve-, cualquier solución viable supondría un sistema federal auténtico en el que los gobiernos provinciales dependan mucho más de lo que logren recaudar, lo que a su vez exigirá la transferencia a las provincias de una multitud de programas nacionales más los fondos correspondientes, cambio que con toda seguridad no será del agrado de Duhalde.