Embarazo riesgoso: realizaron una cesárea con autorización judicial en Cipolletti
La madre quería que naciera por parto natural, pero corrían riesgo de vida. La orden la dispuso la jueza de Familia Marissa Palacios.
Solicitan que quienes necesiten atención por cuadro leves asistan a la Unidad de Pronta Atención (UPA) en el hospital de la calle Fernández Oro. Foto: Archivo.
Muchísima tensión invadió al servicio de obstetricia del hospital de Cipolletti. De madrugada, una madre ingresó a la guardia con un embarazo de riesgo. No se había realizado controles, presentaba un cuadro de anemia severa y los latidos del bebé disminuían. Como la mujer insistía con el parto natural, a pesar del grave cuadro, le hicieron una cesárea con autorización judicial. El niño se encuentra en buen estado de salud.
Mientras estaba siendo atendida y, con el argumento de que el resto de sus hijos habían nacido por parto natural, se resistió a que le practicaran una cesárea. Su pareja, y padre del bebé, acompañaba esa decisión.
Sin embargo, la jefa del servicio de Tocoginecología del hospital de Cipolletti interpuso un recurso por WhatsApp al teléfono de turno del Juzgado de Familia. Explicó que se encontraba en un dilema entre el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y el derecho a la vida que tenía el niño por nacer.
Sostuvo que la embarazada se había presentado con un cuadro de anemia severa, que tenía un solo control en nueve meses y que, con cada monitoreo, los latidos del bebé disminuían. Era necesario terminar el proceso de gestación mediante una cesárea y salvar la vida de ese niño.
Cuando le explicaron a la pareja acerca de los riesgos de muerte que presentaba su caso, y buscaron el consentimiento informado, tanto la madre como el padre se negaron a la práctica quirúrgica. La mujer adujo que había tenido hijos por parto natural y que pretendía mantener la modalidad.
A las cinco de la madrugada, la jueza de Familia Marissa Palacios le dio intervención a la defensora de menores Débora Fidel. La defensora contestó con toda la legislación, desde los pactos internacionales hasta el derecho nacional y provincial, y dijo – palabras más, palabras menos- que ante una coalición de derechos del mismo rango siempre deben prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La jueza le pidió explicaciones médicas a la jefa del servicio de Tocoginecología y la obstetra fundamentó el riesgo que se corría a través de un mail. Entonces, la magistrada habló por teléfono con el padre y con la madre. Y ambos insistieron que pese a la situación médica informada no querían la cesárea.
En ese contexto, Palacios autorizó a la obstetra a llevar adelante el procedimiento para salvar la vida del niño. Resolvió con perspectiva de género, aunque sostuvo que entre el derecho de la madre a decidir sobre su propio cuerpo y la vida del bebé prevalecía el niño. La cesárea se realizó con éxito y el niño se encuentra en buen estado de salud, se informó.
Un caso similar en Roca
A principios de septiembre en Roca se presentó una situación similar en el hospital público. Sin embargo, allí la madre, por razones de salud, pedía una cesárea y el servicio médico insistía que tuviera a su bebé por parto natural.
La mujer fue obligada a presentar un recurso de amparo de forma tradicional y una jueza civil, antes de resolver, intimó al hospital a respetar la decisión de la embarazada.
En su primera intervención, la titular del juzgado comunicó al hospital de Roca “que deberá respetar lo decidido por la señora y ajustar su actuación en consecuencia, removiendo los obstáculos internos que pudieren existir para evitar a futuro nuevos supuestos que impliquen restar plena operatividad y eficacia a los derechos de las mujeres”.
Sin embargo, dos días después, la señora volvió al juzgado para informar una nueva negativa del nosocomio para la cesárea. Entonces la jueza pidió personalmente explicaciones al hospital y horas después recibió un informe del área de tocoginecología en el que se explicaban “las dificultades que plantea la ‘cesárea a demanda’, los intereses de la medicina, la estimulación de la práctica de la autonomía por parte de pacientes basada en un asesoramiento adecuado (…) y los riesgos potenciales”. Se reiteró allí “que la indicación de operación cesárea es una indicación médica” y no una elección de la paciente.
Ante tal respuesta, la jueza intimó al hospital “para que proceda en forma inmediata” bajo apercibimiento de aplicar una multa de 100.000 pesos diarios a favor de la señora, “ante el potencial perjuicio que le traería aparejado el mantenimiento de la postura por parte del Hospital”.
En el caso de Cipolletti, lo llamativo fue que la jueza de Familia resolvió la presentación por WhatsApp, de madrugada, y como el tiempo la apremiaba, lo hizo sin demasiada burocracia.
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