“Nosotros no tenemos por qué creer que existe un vínculo entre Machado y el astillero del Puerto”

Lo dijo el asesor legal de San Antonio, Gustavo Arbués, que anunció que analizan acudir a la Justicia para que devele “por qué los concejales opositores lo sostienen”. Además, el ex intendente Luis Ojeda (FDT) aseguró que durante su gestión “no entregó nada”, aunque no explicó por qué reservó la misma tierra que luego fue objeto del convenio con Adrián Casadei (JSRN)

Una inversión en San Antonio Este se vinculó con Machado y generó revuelo. La empresa adjudicataria lo desmiente. (Gentileza)

Una inversión en San Antonio Este se vinculó con Machado y generó revuelo. La empresa adjudicataria lo desmiente. (Gentileza)

“Nosotros no tenemos por qué creer que existe un vínculo entre Max Technology (la empresa con la que firmamos un acuerdo para la construcción de un astillero en el Puerto SAE) y Federico ‘Fred’ Machado, el viedmense que fue detenido en Neuquén por una solicitud de Interpol” aseguró Gustavo Arbués, el representante legal del municipio. Por eso, lo que buscaremos es que la Justicia indague sobre las afirmaciones de los concejales de la oposición (FDT), que son los que sospechan que ese vínculo existe” aseguró el abogado.

De esta manera, la municipalidad salió a respaldar a la firma que lideran Juan Gatti y Diego Goñi, este último un piloto militar retirado que se presume que habría llegado a la zona a instancias de Machado, que es dueño de dos empresas de alquiler, compra y venta de aviones.

En la misma línea se manifestó el concejal Daniel López (JSRN), que, debido a que el intendente Adrián Casadei se encuentra de licencia, asumió la jefatura del CD, ya que Alicia Paugest, que es quien ocupa ese puesto, está a cargo de la intendencia. 

“Podríamos decir que el acuerdo de cesión de tierras para el astillero está en stand-by, hasta que se realice la presentación y se develen las sospechas que plantea la oposición” aseguró López, subrayando que no es definitiva la determinación de frenar la entrega de tierras.

El jueves o viernes, y a pedido del ejecutivo municipal (JSRN)- prosiguió Arbués- definiremos qué tipo de acción realizaremos, y ante que estamento. Tal vez podría ser una acción declarativa de certeza, pero que busque develar por qué los concejales opositores sostienen esa acusación” afirmó el letrado.

Además, Arbués aseguró que Max Technology acudiría a la Justicia para solicitar lo mismo, y, que, en caso de no comprobarse vinculación alguna con el empresario detenido, iniciarían “acciones por los dichos de los concejales”.

Un proyecto que atraviesa las gestiones de Casadei y de Luis Ojeda

Esta férrea defensa del proyecto del astillero y de los intereses de la empresa que manifiestan desde el municipio ya había sido señalada ayer por el ex director de medio ambiente de Casadei, Diego Luzzatto, que aseguró que oponerse a la iniciativa “le costó el puesto” y que “todo el gabinete municipal hace lobby por el emprendimiento”. Incluso, recordó que el proyecto atravesó dos gestiones municipales, porque se inició durante la intendencia de Luis Ojeda (FDT). El justicialista llegó a realizar una reserva de tierras, afectando las mismas hectáreas que Casadei pretende entregar por convenio.

Consultado sobre el tema, Ojeda no explicó porque realizó esa reserva. Pero se esforzó en aclarar que “durante mi gobierno no se le otorgó nada (a la firma)”. Y aseguró que la iniciativa-sobre la que no quiso abundar- “se envió para el estudio y análisis del Concejo Deliberante”, a los que remarcó que “no les pedí que votaran o se expresaran a favor”.

Cabe recordar que la actual gestión municipal cedería dos valiosas hectáreas costeras del área natural protegida ubicadas en el Puerto San Antonio Este, cerca de Punta Villarino, a la empresa Max Technology. Las usarían para la presunta construcción de un astillero y un taller naval, en un área que no contempla esos usos.

Tras revelarse las sospechas por la supuesta vinculación comercial con Machado (sobre quien pesa un pedido de captura de Interpol por vínculos con el narcotráfico y lavado de activos) la municipalidad frenó el convenio.


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