En cuestión de horas, dos jueces se contradijeron en el abordaje de la ocupación mapuche de El Bolsón
En una audiencia que se llevó a cabo hoy al mediodía, el juez Bernardo Campana prorrogó las medidas cautelares en Cuesta del Ternero y rechazó el ingreso de abrigo y alimento.
El juez Bernardo Campana informó previo a la audiencia su condición de socio del Club Andino Bariloche. Archivo
El juez Bernardo Campana rechazó el pedido de impugnación de la formulación de cargos a cuatro personas por la ocupación de la comunidad Quemquemtrew en Cuesta del Ternero. Prorrogó por 30 días las medidas cautelares para que mantengan una distancia de 5 kilómetros del lugar en conflicto, el denunciante y su familia. Y por último, negó a los defensores públicos el ingreso de alimentos y abrigo al predio.
En primer lugar, el magistrado denegó el pedido de la defensa para impugnar la formulación de cargos a Mauro Javier Vargas, Alejandro Javier Morales Godoy, Lautaro Cárdenas Despou y Juan Cruz Baez, que se llevó a cabo el 24 de septiembre.
«No hubo objeciones durante esa audiencia. No se sostuvo que el juez Pichetto fuera abitrario, absurdo o que carecía de objetividad. Solo se mencionó que el Ministerio Público debería haber agotado la instancia de diálogo, pero en varias oportunidades, se acercó sin resultados positivos. Por el contrario, recibió agresiones e insultos», especificó Campana en la audiencia que se extendió por más de dos horas.
Por otro lado, hizo lugar al pedido de la fiscal Betiana Cendón para extender las medidas cautelares y revocó, de esta forma, la resolución del juez Ricardo Calcagno dos horas antes. «En este caso, un juez habló de presunción de delito de usurpación. El señor Rocco y su familia deben ser protegidos de actos violentos. Las medidas cautelares se condicen con la protección de quien se presenta como víctima. Son acordes a la situación», consideró.
Horas antes, Calcagno había rechazado el pedido de prórroga de la cautelar, argumentando la ausencia de los imputados ya que no pudieron ser notificados. En este sentido, Campana destacó que no se los pudo encontrar en los domicilios denunciados y que, por esa razón, no estuvieron presentes.
Por último, respecto al pedido de los defensores públicos para ingresar alimentos o abrigo al predio, consideró que «las personas que allí se encuentran, no están privadas de su libertad y generan una situación de temor e intranquilidad. Entonces, no voy a permitir esto porque sería convalidar un acto ilegal«. De todos modos, habilitó el ingreso de los defensores al lugar para transmitir su decisión a la gente.
El pedido de la Defensa Pública
Al comienzo de la audiencia que se llevó a cabo hoy al mediodía, la defensora pública Blanca Alderete mencionó que «este es un caso particular que involucra a una comunidad mapuche. El abordaje de los operadores debería ser distinto. Con toda la normativa vigente, se tendrían que haber puesto en marcha mecanismos antes de la formulación de cargos».
En relación al predio en conflicto, la defensora planteó que el denunciante (Rolando Rocco) «solo cuenta con una tenencia precaria porque no es un lote de su propiedad. A él se lo dieron en calidad de ocupante».
Por último, pidió una mesa de diálogo para «todas las partes en conflicto» y cuestionó la prohibición para ingresar alimentos y abrigo al lugar. En este sentido, el defensor Marcos Miguel pidió autorización para que la Defensa Pública «pueda hacerse presente en el lugar cada tres o cuatro días a fin de acercar provisiones de alimentos y frazadas a modo de asistencia».
La respuesta de la fiscalía
«En la audiencia del 24 de septiembre, Marcos Miguel dijo que no se oponía a la formulación de cargos. Ahora resulta que sí encuentran objeciones», recordó la fiscal Betiana Cendón en un primer momento.
En relación al pedido de la mesa de diálogo, señaló que el personal del Ministerio Público Fiscal concurrió en seis ocasiones al lugar para intentar hablar con los ocupantes «y fueron recibidos con piedrazos». «Como no sabíamos quiénes eran y no se querían identificar, se solicitó una orden de allanamiento para ingresar al predio que Calcagno autorizó. Ninguna persona del predio resultó lesionada pero sí dos empleados policiales», expresó Cendón.
«Me sorprende -continuó- que la defensa venga a exigir diálogo cuando desde el 18 de septiembre no hubo nadie que colaborara con el diálogo. Entonces, pretender el diálogo o que se revoque la formulación de cargos es irrisorio e ilógico«.
Sobre el pedido para ingresar alimentos, la fiscal fue contundente: «Si hay una toma de rehenes, no podemos llevar comida y bebida porque avalamos que ese ilícito continúe. Calcagno fue muy preciso. Entendió que autorizar lo solicitado implicaba avalar la consolidación del ilícito».
Comentarios