En la selva colombiana la cocaína es moneda

PEñAS COLORADAS, Colombia (Reuters) – El valor de una gaseosa es de casi un gramo, el de una comida oscila entre tres y cinco y el de un puñado de anzuelos en casi dos. Aquí, la moneda es la cocaína.

Son épocas difíciles en esta población, en lo profundo de la selva de un remoto rincón del sur de Colombia, lejos del control del gobierno y bajo el dominio de la poderosa guerrilla marxista.

La hoja de coca, la materia prima de la cocaína, ha sido desde hace mucho el fundamento económico a lo largo del río Caguán en Caquetá, una de las regiones colombianas más prolíficas en la producción de la droga.

Los campesinos cosechan la hoja de coca en sus pequeños lotes de lo que era antes selva tropical virgen y la procesan con cemento, gasolina y ácido sulfúrico para obtener cocaína semiprocesada, o pasta base de la droga.

Pero durante los últimos tres meses los traficantes de la droga no se han aventurado por las aguas del Caguán en busca del polvo, que los residentes llaman «la mercancía». Y la escasez de efectivo ha alimentado un sistema de trueque con base en la droga.

«En este momento estamos recibiendo coca a cambio de insumos básicos a 2.000 pesos (un dólar) el gramo», dijo en una conversación con Reuters en diciembre Armando Lozano, que administra una farmacia en Peñas Coloradas. En las calles estadounidenses, este mismo gramo de cocaína refinada se vende entre 30 y 200 dólares.

La guerrilla regula

«No hay plata en el pueblo porque los narcos no han bajado para comprar coca», agregó Lozano, portavoz de los propietarios de la farmacia en la comunidad de unos 500 habitantes.

Nadie parece saber, con seguridad, por qué los narcotraficantes se mantienen a distancia. Algunos culpan una masiva operación policial a mediados de octubre, en la que unos 30 presuntos narcotraficantes fueron capturados en Bogotá y Medellín. Otros, sin embargo, creen que a los compradores les incomodó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) les ordenasen pagar precios más altos a los campesinos.

Un kilo de pasta base cuesta ahora unos 1.000 dólares, de los 650 dólares previos. Un kilo de cocaína refinada en Estados Unidos se comercia por 36.000 dólares a precios mayoristas y hasta en 200.000 al detalle.

Los campesinos se quejan de la falta de efectivo, pero ninguno de ellos es extraño a las penurias. La mayoría llegó a la región del Caguán como desplazados de otras partes del país durante los últimos 20 años, huyendo del enfrentamiento en la prolongada guerra de guerrillas que, en tan sólo los últimos 10 años ha dejado unos 35.000 muertos. El río Caguán es la unica ruta hacia dentro y fuera de la región y el coste de transporte es elevado.

El costo de enviar al mercado los productos comerciales legales, comola banana y la yuca, supera su valor real, por lo que desde los '80 los campesinos se han inclinado hacia el cultivo de la coca, única cosecha viable.

No todo es ganancia

«Me dijeron que la coca era rentable … pero en la práctica no es así», dijo el agricultor Nicolás Echavarría, de 43 años, mientras observaba su plantío de seis hectáreas a inmediaciones del caserío de Las Animas. Una vez deducidos los costos de la mano de obra y los insumos, Echavarría dijo que sus ingresos mensuales son de entre 500 y 750 dólares mensuales, apenas lo suficiente para sostener a su esposa y 4 hijos «Es precario. No hay una economía sólida. No tenemos mercado, aparte de la coca», agregó, quejándose de la carencia total de escuelas y atención médica.

Según Estados Unidos, Colombia abastece el 80%de la cocaína para el mercado mundial.

A pesar de un intenso programa de erradicación de cultivos, la producción se ha duplicado durante los últimos cuatro años, a unas 165 toneladas anuales. La policía nacional estima que para fines de 1999 se habían plantado con coca o amapola de opio más de 87.500 hectáreas, casi un 11% más que 1998.

Laboratorios narcos pagan a la guerrilla

El hedor de las sustancias químicas permea la atmósfera y una fina capa de polvillo blanco cubre los barriles, los hornos de microondas y las prensas metálicas en un laboratorio para procesamiento de drogas, oculto en lo profundo de la selva.

La «cocina» de cocaína, como se les llama a esos laboratorios de madera en este remoto rincón de Colombia controlado por los rebeldes, yace bajo una densa cubierta arbórea al final de una senda de tierra, al que un narcotraficante se refirió jocosamente como «el camino de la mafia».

Está completamente en silencio, a excepción de la cháchara de las loras en las ramas de los árboles y el sonido de los tapires mientras se abren paso a través de la maleza. Pero una vez que el laboratorio vuelva a la vida tras el receso de Año Nuevo, producirá diariamente unos 100 kilos de cocaína refinada, destinada al mercado estadounidense.

«Dicen que los grandes capos son colombianos, pero creo que el capo de capos tiene que estar en Estados Unidos. Es ahí donde está toda la plata», dijo José, un obrero. Agregó que la instalación es propiedad de un traficante del noroeste de Colombia.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla comunista y la más numerosa superviviente de la década de 1960, con unos 17.000 combatientes, son los nuevos amos del narcotráfico, afirman los gobiernos de colombia y EE.UU. Los rebeldes rechazan esas acusaciones.

La mayor parte de la producción de cocaína proviene del sur colombiano, incluyendo la región selvática del río Caguán, en el departamento del Caquetá, donde los dirigentes de las FARC son quienes emiten las órdenes. Muy poco ingresa a o sale de la región sin el conocimiento y la autorización de los rebeldes.

Según las fuerzas armadas colombianas, el tráfico de drogas se ha constituido en el «centro de gravedad» para las FARC, permitiendo a los rebeldes obtener en promedio 290 millones de dólares al año en una alianza con los narcotraficantes. El gobierno estima que las ganancias vinculados con el narcotráfico constituyen aproximadamente la tercera parte del total de ingresos de la guerrilla. Las estimaciones estadounidenses oscilan entre 100 y 500 millones de dólares anuales, que los rebeldes luego reinvierten en su guerra para derrocar al gobierno.

«Es difícil separar a los dos», dijo el jefe de las fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos, general Charles Wilhelm, durante una visita en diciembre a la base militar de Tres Esquinas, en el Caquetá. «La guerrilla es un ejército y, en gran medida, obtiene su sustento y apoyo de los narcotraficantes».

El comandante rebelde Fabián Ramírez admite que las FARC cobran un «impuesto de guerra» de un 15%, (unos 150 dólares) por kilo de cocaína a los narcotraficantes, cuando estos compran su cocaína semiprocesada a los campesinos, y 1.500 dólares por derechos de aterrizaje en las zonas bajo su control.

Pero Ramírez estimó en 10 millones de dólares los ingresos para las FARC producto de esos impuestos, rechazando las versiones de que los combatientes rebeldes protegen los cultivos de drogas, laboratorios y pistas de aterrizaje o que se encargan del transporte de cocaína.

«La versión de que las FARC están involucradas en el narcotráfico, es un pretexto para justificar un intervención militar de EE.UU. «, dijo Ramírez, segundo al mando del Bloque Sur de las FARC, mientras acunaba un rifle de asalto AR-15 de fabricación estadounidense.

El «experimento» rebelde

En un esfuerzo por desechar el calificativo de «narcoguerrilla», las FARC han instado al gobierno colombiano y otros del extranjero, a financiar un plan de sustitución de cultivos concebido por la guerrilla.

En un claro selvático el jefe rebelde Fabián Ramírez detalló el experimento que duraría unos cuatro años. Antes de que pueda empezar ese proceso, las FARC han insistido en que el gobierno debe retirar sus fuerzas de seguridad de Cartagena del Chaira, la municipalidad de 13.000 kilómetros cuadrados que abarca esta parte del Caguán.

Según el plan rebelde, los campesinos recibirían préstamos a un interés bajo y una subvención mensual. Expertos agrícolas asesorarían a los campesinos sobre qué tipo de cultivos, lucrativos y, a la vez, lícitos, emprender, además de que se instaurarían pequeñas plantas agroindustriales. Pero es improbable que el gobierno acepte el plan. La desmilitarización de Cartagena del Chaira, adyacente a la zona de paz, entregaría a los rebeldes un enclave autónomo desde las fronteras con Ecuador y Perú, rutas claves para el contrabando de armas, hasta el sur de Bogotá.