En otro país

Redacción

Por Redacción

Si bien algunos militantes antiimperialistas, anticolonialistas y antioligárquicos festejaron con júbilo lo que tomaron por la recuperación por “el pueblo” del predio de la Sociedad Rural en Palermo, la reacción mayoritaria fue de perplejidad. Parecería que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner esperaba que el zarpazo contra una entidad que figura en un lugar destacado de la lista cada vez más larga de enemigos mortales de su “proyecto” sirviera para distraer a la opinión pública de la ola prenavideña de saqueos que comenzó en Bariloche y que en seguida se difundió por todo el país, pero el impacto de la medida fue escaso. Lejos de brindar la impresión de que un gobierno seguro de sí mismo estaba resuelto a avanzar sobre los pocos reductos que aún le quedan al viejo establishment terrateniente, fue interpretado como una manifestación de debilidad, cuando no un síntoma de pánico, de personas que se sentían desbordadas por los acontecimientos. Puede que a ojos de los ideólogos oficialistas la Sociedad Rural sea de gran importancia simbólica, de suerte que despojarla de golpe del predio en Palermo significaría que la epopeya kirchnerista sigue cobrando fuerza, pero desde el punto de vista de la mayor parte de la ciudadanía se trata de un asunto menor que, por cierto, no debería considerarse prioritario. Pero, claro está, ya es penosamente evidente que las prioridades de Cristina y sus simpatizantes más entusiastas no son las del resto del país. Mientras que los kirchneristas se concentran en la furiosa batalla “cultural” que están librando contra el Grupo Clarín y otros adversarios mediáticos, además de la Sociedad Rural, los sindicatos peronistas que se resisten a someterse a la tutela gubernamental y muchos otros, el grueso de la ciudadanía se siente decididamente más preocupado por la inflación, que está provocando estragos dolorosos en las cuentas familiares del 80% de la población que según las pautas del mundo desarrollado vive por debajo de la línea de pobreza; por la inseguridad, que se ha visto agravada por la existencia de una franja creciente de marginados, y por la corrupción en las filas oficiales que, como siempre sucede cuando la economía entra en una de sus recurrentes fases recesivas, es motivo de repudio generalizado. Así, pues, la alusión oficial al precio vil que a juicio del gobierno pagó la Sociedad Rural por su predio palermitano sólo sirvió para recordarles a muchos los negocios inmobiliarios extraordinariamente lucrativos en El Calafate del fallecido Néstor Kirchner y su esposa, la presidenta actual. Es evidente que el gobierno nacional, es decir, Cristina y los integrantes de su pequeño círculo áulico, vive en un mundo propio, uno en el que están llevando a cabo una revolución destinada a remodelar el país para que se asemeje a la Argentina propuesta por ciertos estudiantes universitarios hace cuarenta años, en la década de los setenta, pero sucede que la relación del país real con aquel de las fantasías oficiales se parece a la de la situación socioeconómica auténtica con la inventada por los empleados del Indec. Los principales funcionarios del gobierno, obligados como están a hacer pensar que comparten las obsesiones de Cristina, se han distanciado tanto de la sociedad que efectivamente existe que no es del todo sorprendente que últimamente hayan protagonizado un papelón grotesco tras otro. Asimismo, aunque es posible que sean limitados los “costos políticos” de la expropiación imprevista del predio de la Sociedad Rural, una institución que hace décadas dejó de tener la influencia que ostentaba en épocas ya lejanas, el desprecio manifiesto del gobierno por los derechos ajenos que acaba de subrayar nuevamente no podrá sino incidir en el estado de ánimo, ya nada optimista, de los inversores en potencia, tanto argentinos como extranjeros, con consecuencias muy negativas para el país. Huelga decir que entre los directamente perjudicados por la falta de inversiones productivas estarán los millones de personas que se han acostumbrado a vivir de “la caja” gubernamental pero que, al mermar el dinero necesario para financiar el gasto social, tendrán que valerse por sí mismos, desafío éste que, a juzgar por lo que está ocurriendo en el país, muy pocos estarán en condiciones de superar a menos que obren conforme a la consigna kirchnerista de “vamos por todo”.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.031.695 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 26 de diciembre de 2012


Si bien algunos militantes antiimperialistas, anticolonialistas y antioligárquicos festejaron con júbilo lo que tomaron por la recuperación por “el pueblo” del predio de la Sociedad Rural en Palermo, la reacción mayoritaria fue de perplejidad. Parecería que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner esperaba que el zarpazo contra una entidad que figura en un lugar destacado de la lista cada vez más larga de enemigos mortales de su “proyecto” sirviera para distraer a la opinión pública de la ola prenavideña de saqueos que comenzó en Bariloche y que en seguida se difundió por todo el país, pero el impacto de la medida fue escaso. Lejos de brindar la impresión de que un gobierno seguro de sí mismo estaba resuelto a avanzar sobre los pocos reductos que aún le quedan al viejo establishment terrateniente, fue interpretado como una manifestación de debilidad, cuando no un síntoma de pánico, de personas que se sentían desbordadas por los acontecimientos. Puede que a ojos de los ideólogos oficialistas la Sociedad Rural sea de gran importancia simbólica, de suerte que despojarla de golpe del predio en Palermo significaría que la epopeya kirchnerista sigue cobrando fuerza, pero desde el punto de vista de la mayor parte de la ciudadanía se trata de un asunto menor que, por cierto, no debería considerarse prioritario. Pero, claro está, ya es penosamente evidente que las prioridades de Cristina y sus simpatizantes más entusiastas no son las del resto del país. Mientras que los kirchneristas se concentran en la furiosa batalla “cultural” que están librando contra el Grupo Clarín y otros adversarios mediáticos, además de la Sociedad Rural, los sindicatos peronistas que se resisten a someterse a la tutela gubernamental y muchos otros, el grueso de la ciudadanía se siente decididamente más preocupado por la inflación, que está provocando estragos dolorosos en las cuentas familiares del 80% de la población que según las pautas del mundo desarrollado vive por debajo de la línea de pobreza; por la inseguridad, que se ha visto agravada por la existencia de una franja creciente de marginados, y por la corrupción en las filas oficiales que, como siempre sucede cuando la economía entra en una de sus recurrentes fases recesivas, es motivo de repudio generalizado. Así, pues, la alusión oficial al precio vil que a juicio del gobierno pagó la Sociedad Rural por su predio palermitano sólo sirvió para recordarles a muchos los negocios inmobiliarios extraordinariamente lucrativos en El Calafate del fallecido Néstor Kirchner y su esposa, la presidenta actual. Es evidente que el gobierno nacional, es decir, Cristina y los integrantes de su pequeño círculo áulico, vive en un mundo propio, uno en el que están llevando a cabo una revolución destinada a remodelar el país para que se asemeje a la Argentina propuesta por ciertos estudiantes universitarios hace cuarenta años, en la década de los setenta, pero sucede que la relación del país real con aquel de las fantasías oficiales se parece a la de la situación socioeconómica auténtica con la inventada por los empleados del Indec. Los principales funcionarios del gobierno, obligados como están a hacer pensar que comparten las obsesiones de Cristina, se han distanciado tanto de la sociedad que efectivamente existe que no es del todo sorprendente que últimamente hayan protagonizado un papelón grotesco tras otro. Asimismo, aunque es posible que sean limitados los “costos políticos” de la expropiación imprevista del predio de la Sociedad Rural, una institución que hace décadas dejó de tener la influencia que ostentaba en épocas ya lejanas, el desprecio manifiesto del gobierno por los derechos ajenos que acaba de subrayar nuevamente no podrá sino incidir en el estado de ánimo, ya nada optimista, de los inversores en potencia, tanto argentinos como extranjeros, con consecuencias muy negativas para el país. Huelga decir que entre los directamente perjudicados por la falta de inversiones productivas estarán los millones de personas que se han acostumbrado a vivir de “la caja” gubernamental pero que, al mermar el dinero necesario para financiar el gasto social, tendrán que valerse por sí mismos, desafío éste que, a juzgar por lo que está ocurriendo en el país, muy pocos estarán en condiciones de superar a menos que obren conforme a la consigna kirchnerista de “vamos por todo”.

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