Aseguran que no se estudió la factibilidad de la cuarta central nuclear
Los exSecretarios de Energía le reclamaron al gobierno “transparentar” el contrato de Atucha III. Señalaron que el Estado podría afrontar hasta el 40% de los costos.
Raúl Olocco, Daniel Montamat, Jorge Lapeña, Alieto Guadagni, Emilio Apud, Julio César Araoz, Enrique Devoto son los actuales miembros del grupo. (Foto: gentileza)
El grupo opositor de exSecretarios de Energía rechazó la contratación para la construcción de la cuarta central nuclear y aseguró que Nación no realizó ningún estudio de factibilidad integral que evidencie que la central es realizable. Además, reclamaron que debió haberse hecho una audiencia pública para “transparentar” los actos del gobierno.
“Una central de esta naturaleza no debería haberse contratado sin previamente haber realizado un Estudio de Factibilidad Integral que asegure que la central es factible desde un punto de vista: técnico, económico, financiero, tarifario y ambiental”, señalaron desde el grupo compuesto por Emilio Apud, Julio Cesar Araóz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco.
En detalle, el contrato se celebró entre la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC). Se trata de una inversión de US$ 8.300 millones para construir una central de uranio enriquecido de 1.200 MW, cuya ejecución demandará 8 años.
“Se ha omitido informar los gastos realizados en moneda local que no serán financiados por los créditos chinos como los gastos de administración e inspección de obra, construcción de infraestructura local, pago a proveedores argentinos, costos logísticos, y de las obras de trasmisión para la evacuación de la potencia”, indicaron.
Aseguraron que los costos no informados podrían representar un 40% del total y que la nueva central podría alcanzar un costo total por KW instalado del orden de los US$ 13.500.
“No se trata de una inversión china se trata de una obra realizada por una empresa china con financiamiento incluido, que deberá ser repagada íntegramente por la Argentina, quien asumirá íntegramente los riesgos inherentes a la operación”, agregaron.
Por último, le “recomendaron” al gobierno que aclare ante la opinión pública y el periodismo especializado las características de todo proyecto, y les pidieron a las fuerzas políticas con representación parlamentaria que soliciten informes sobre el contrato.
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