El origen del juicio por la expropiación de YPF y del fallo que supera los 17.000 millones de dólares

YPF quedó bajo control del Estado en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar el 51% de las acciones de la compañía y así desplazar a la española Repsol. A 13 años de aquella medida, la jueza Loretta Preska, a cargo de la corte del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de Argentina y obliga al país a pagar 17.000 millones de dólares o a entregar a los demandantes ese porcentaje de la empresa. Hasta aquí la historia reciente. Pero esto comenzó desde el mismo 2012.

Después de que Repsol cobró la indemnización de 5.000 millones de dólares y renunció a reclamos en tribunales internacionales, el Grupo Petersen, que era accionista, pasó a tener derecho a reclamar. Sin embargo, después de la estatización y transformación de YPF en una empresa mixta, el holding de la familia Eskenazi entró en crisis dado que dejó de recibir dividendos -con los cuales pagaba su incorporación como accionista, en esa compleja y curiosa ingeniería financiera que comenzó en 2008- y las empresas con sede en España quedaron en manos de un síndico.

En detalle: el intento de «argentinización» de la YPF de Repsol comenzó con los Eskenazi, una familia con empresas vinculadas a la construcción, comprando el 25% de las accionista y pagando su parte con el giro de los dividendos. Es decir, ingresó casi sin poner dinero y pagaba con ganancias futuras. Como se dijo antes, el pago se interrumpió con la estatización de 2012 y la empresa argentina entró en quiebra.

El síndico fue quien encontró la oportunidad para llevar a juicio al Estado argentino por no haber acatado los estatutos de YPF y en lo que se denominó «mala praxis expropiatoria». Ese fue el término utilizado por Preska en 2023 y que determinó el pago de 16.000 millones de dólares e intereses sumados de 1.000 millones más. Un total de 17.000 millones de dólares.

El fondo inglés Burford entró en escena en 2015, primero contra YPF y el Estado argentino. Vale aclarar que la jueza Preska entendió que la demanda es sólo contra el Estado por cómo gestionó la expropiación en 2012 y las acciones que tiene actualmente -el 51% del total de YPF, repartido también entre las provincias petroleras- y no alcanza a la compañía que lidera la actividad en Vaca Muerta.

Si bien Burford cedió al Grupo Petersen un arreglo de cobro por el 30% de la sentencia, Sebastián Maril, analista internacional que viene siguiendo el juicio desde el comienzo, aclaró que esa parte la maneja el síndico concursal nombrado por la Corte Mercantil de Madrid. «Cualquier dinero que ingrese correspondiente a ese 30%, será administrado por el síndico y supervisado por un juez madrileño quien distribuirá los fondos a los acreedores de las empresas Petersen», escribió Maril en su cuenta de X, donde ha informado cada paso de lo que ocurrió sobre este juicio a YPF en Nueva York.

Uno de los puntos clave de la demanda es la violación del Estado del Estatuto de YPF en ese entonces, y que Kicillof cuando era viceministro de Economía calificó de «leonino estatuto interno», en particular del Artículo 7. Si alguna empresa compraba más del 15% de las acciones, debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. A esto se le suma la suspensión del giro de dividendos.

Si bien desde 2015 pasaron cuatro administraciones –Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei-, la estrategia de la defensa argentina no cambió. En la presidencia de Macri se apuntó que la compra de acciones por parte de Petersen fue «fraudulenta» y que el conflicto debía trasladarse a Argentina, sede de YPF. Pero en 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la jurisdicción en Nueva York.

Burford pidió entre 12.000 y 16.000 millones de dólares en 2021. Fue en septiembre de 2023 cuando Preska determinó que la fecha exacta de la estatización de YPF había sido el 16 de abril de 2012 y a partir de ahí inició el cálculo de los intereses, aceptando así la propuesta de los peritos de Burford.

La magistrada neoyorkina le ordenó al país entregar las acciones “Clase D” que están en poder del Estado, el 51% del total, en un fallo que sacudió a la política y al mercado (las acciones de YPF cayeron un 5,6% en un par de horas ayer lunes). Por su parte, el presidente Milei confirmó que apelará el fallo y acusó al ahora gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la forma en la que se realizó la expropiación en 2012.