Nación prorrogó las concesiones hidroeléctricas y encendió el enojo de las provincias
La secretaría de Energía extendió los contratos de las actuales concesionarias por otros 60 días. Desde la gestión de Milei no se dará un comanejo de las centrales a las provincias. Cómo es la alternativa del cobro de un canon.
El futuro de las centrales hidroeléctricas reabrió la polémica entre las provincias y Nación.
Faltando apenas dos días para el vencimiento del plazo extendido de las concesiones de cinco de las centrales hidroeléctricas de la región, el gobierno nacional volvió a prorrogar los contratos, pero esta vez por solo 60 días. La medida no solo reactivó los reclamos de Río Negro y Neuquén por participar del futuro manejo de las represas, sino que dejó sentada una postura de la gestión de Milei alejada de los acuerdos sellados con el anterior gobierno y también de las previsiones de las empresas.
En la región del Comahue existen seis centrales hidroeléctricas, de éstas, cinco llegaron el año pasado al final de su concesión de 30 años sin que se haya definido claramente su futuro. El anterior gobierno nacional había dispuesto que los complejos pasen a manos de Enarsa, la empresa estatal que es la misma que controla el Gasoducto Néstor Kirchner, y había preacordado una suerte de participación de las provincias en la futura administración.
Sin resolver cómo sería esta nueva etapa para las represas, lo que se hizo fue dar una serie de prórrogas a las concesiones, que originariamente vencieron el 11 de agosto en cuatro casos, y el 29 de diciembre en el restante.
El plazo extendido era hasta hoy, viernes 19, dando así un “aire” de un mes a la gestión de Milei para definir qué hacer. Sin embargo, el nuevo gobierno tuvo a las empresas concesionarias y sus 120 empleados cortando clavos hasta este miércoles cuando se publicó en el Boletín Oficial una nueva extensión, pero con una sorpresa.
Desde las empresas concesionarias se esperaba que Nación apostara al plazo máximo, es decir hasta agosto, para definir en ese período una nueva licitación. Sin embargo, la resolución del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo es por apenas 60 días, venciendo así todo nuevamente el 19 de marzo para El Chocón – Arroyito, Alicurá y Cerros Colorados, y el 28 de abril en el caso de Piedra del Águila.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, plantó bandera con su reclamo y explicó a EnergíaOn: “Estamos trabajando en conjunto con la provincia de Río Negro para defender lo nuestro, como lo hicimos con la pesca, con el gas y el petróleo, y como lo vamos a hacer con las hidroeléctricas”.
En ese sentido, contó que el mismo miércoles se mantuvo un encuentro con el gobierno rionegrino para coordinar acciones y gestiones que estarán encabezadas por la Fiscalía de Estado de cada provincia.
Existen dos ejes de controversia en cuanto al futuro de las centrales hidroeléctricas. El más claro es el control de las represas, y con ello, de parte de los ingresos que generan.
Mientras desde las provincias insisten en el reclamo de un ente tripartito con Nación, el titular de Energía ya dio por cerrada esa ventanilla la semana pasada cuando ante el Congreso remarcó que “los contratos literalmente vencieron. Y cuando el contrato vence, los bienes que fueron dados en uso revierten al Estado Nacional, la presa y los equipos de la concesionaria. Esto es bastante claro en la Ley 15.336 que no fue alterado por la Reforma Constitucional de 1994”.
Y por si no quedó el claro, remarcó que “en el caso de las centrales hidroeléctricas, los ríos siempre fueron provinciales, lo que el Estado se reservó es el aprovechamiento hidroeléctrico. Porque una cosa es el agua y otra la energía”.
Alerta: la discordia por el manejo del agua
El segundo punto de discordia con el gobierno nacional está en el manejo del agua, que desde la región se reclama que sea prudente, priorizando los usos consuntivos, estos son los de dar agua al riego, a las industrias y a las ciudades, antes que priorizar exclusivamente la generación de energía.
Sobre este eje, el actual presidente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Elías Sapag, cuestionó “¿Qué significa extender las concesiones por solo 60 días?”, para enumerar una extensa lista de puntos sin resolver vinculados que difícilmente puedan darse en ese plazo.
“Hay que llamar a las provincias para definir las normas de manejo del agua, de cuidado del ambiente, de la seguridad, definir quién va a ser la autoridad de control de las normas actuales, quién va a pagarle a la AIC y a la Orsep -el organismo de control de seguridad”, repasó. Y enfatizó que “hay que dar todas estas discusiones, pero en 60 días no sabemos qué significa. No entendemos por qué no se extendieron los contratos hasta agosto”.
La extensión por dos meses de las concesiones también sorprendió a las empresas a cargos de las centrales, la italiana Enel en El Chocón – Arroyito, la norteamericana AES en Alicurá, y las nacionales Central Puerto en Piedra del Águila y Aconcagua Energía en Cerros Colorados.
El exiguo plazo no se condice con el necesario para realizar una licitación, que se estima en seis meses, y abre el interrogante de si el gobierno nacional apostará a un sistema de concurso de ofertas cerrado, o si en dos meses volverá a postergar todo el proceso.
Concesiones hidroeléctricas: la alternativa de un nuevo canon
Mientras tanto, desde la AIC Sapag advirtió que las provincias tienen aún una carta bajo la manga.
“Tanto la ley del Departamento Provincial de Agua de Río Negro (DPA), como la 899 de Recursos Hídricos de Neuquén habilitan a las provincias a cobrar un canon por el uso del agua, algo que se hace a las industrias, se le cobra al petróleo, a las centrales térmicas, entre otras”, indicó.
Y señaló que el cobro de un canon no requiere de la intervención del gobierno nacional, sino de una coordinación entre las provincias y sería mucho más beneficioso económicamente que el actual sistema de regalías.
Con un cobro, por ejemplo, de 50 centavos de dólar por metro cúbico, se estima que el canon a las hidroeléctricas podría superar los 250 millones de dólares anuales -a dividir entre las provincias- multiplicando casi por 10 lo que se recibe en concepto de regalías hidroeléctricas desde que el gobierno nacional cambió la forma de liquidarlo en perjuicio de las provincias.
Análisis: Desde lejos no se ve
Las represas en debate, en este caso de los ríos Neuquén y Limay, dependen para el gobierno nacional de la secretaría de Energía. Sin embargo, si se lee con detenimiento cuáles son sus funciones, queda en evidencia algo, que desde Buenos Aires, parece que no se ve.
La principal función de las represas no es la generación de energía eléctrica, sino la regulación del agua de los dos ríos clave para el norte de la Patagonia.
Los complejos no solo permiten evitar el impacto que las crecidas tendrían sobre las ciudades del Alto Valle, que no hay que ir lejos en el tiempo para analizar lo que pasó dos veces el año pasado con el río Neuquén.
Pero en épocas de sequía, las represas son la reserva de agua necesaria para todas las demás actividades de la región: de ellas depende el agua para las ciudades, para las fábricas, industrias, para Vaca Muerta, y por supuesto para regar las más de 70.000 hectáreas productivas del Valle.
Pese a esto, algo que está fijado como los usos consuntivos de las represas, no se llegó pactar entre las provincias y Nación un acuerdo en el uso del agua, y de hecho, desde la AIC se asegura que el actual gobierno ya anticipó que para ellos la prioridad será, a contramano, la generación de energía.
“Nos libramos de España, pero no de Buenos Aires”, fue la frase con la resumió un referente del sector esta discusión que ya lleva 30 años, entre las provincias y Nación por uso de un elemento tan importante, como es el agua.
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