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Pacto de Mayo: las omisiones que abren interrogantes en el sector petrolero

El Pacto del 25 de Mayo omitió obligaciones que exige la Constitución Nacional sobre la explotación de recursos naturales. Por su parte, las petroleras esperan "desregulaciones" que permitan acelerar inversiones y producción.

La propuesta oficial de un nuevo “pacto fundacional” para Argentina, que delineó el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones en el Congreso, omitió obligaciones en cuanto a la explotación de recursos naturales que plantearon interrogantes. Mientras tanto, la industria petrolera espera desregulaciones para acelerar inversiones y producción.  

El denominado Pacto del 25 de Mayo enumeró 10 puntos para “reconstruir” las bases del país, donde no se dieron mayores precisiones más que estará atado a la “previa” aprobación de la Ley Ómnibus, que tendría una versión más acotada que la conocida y rechazada.  

De manera indirecta, en el punteado se refirió a la materia energética con la mención de “recursos naturales” en el punto 6: “Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Además, remarcó el espíritu de volver a ser una “potencia” en el sector. 

Desde la consultora Paspartú, que lidera el exsubsecretario de Hidrocarburos de Nación, Juan José Carbajales, señalaron que el Pacto de Mayo “no menciona que dicha explotación deba ser ‘sustentable’ o ‘racional’ como exige la Constitución Nacional”. 

Hacen referencia al artículo 41 y 124 de la Constitución Nacional. El primero habla sobre el derecho al Ambiente sano; y el segundo hace referencia al dominio provincial sobre este tipo de recursos. 

Volver a ser una ‘potencia’ energética a nivel ‘global’ es loable, pero fuera de toda proporción, por escala, productividad, renta y acceso a tecnología».

Consultora Paspartú.

Volver a ser una ‘potencia’ energética a nivel ‘global’ es loable, pero fuera de toda proporción, por escala, productividad, renta y acceso a tecnología. Ello, ni siquiera sumando toda la paleta de recursos fósiles y renovables disponibles”, indicaron desde Paspartú. 

Un dato no menor es que se pone como “requisito previo” a la aprobación de la nueva ley ómnibus que, para cumplir con los plazos, impone al Congreso que dé trámite y apruebe el texto, que será multitemático, en menos de dos meses.  

“Sin ahondar en ideas ya conocidas del modelo libertario, la inclusión explícita de los hidrocarburos y la minería en el decálogo de Mayo les otorga relevancia en un modelo ¿productivo? de corte netamente exportador. Pero su viabilidad sigue dependiendo de normas non natas...”, concluye el análisis de la consultora. 


Pacto de Mayo en hidrocarburos: la lectura de las petroleras  


Las empresas del sector consultadas por este medio fueron cautas en el análisis sobre el tema y plantearon que, por ahora, no ven que las omisiones en la propuesta oficial sean una confirmación de lo que se trasladará a las nuevas regulaciones o potenciales modificaciones.  

Por los encuentros que tuvieron con el Gobierno, las petroleras entienden que el plan oficial no está orientado al arribo “masivo” de nuevos jugadores para el sector. Sino más bien a acelerar los proyectos en marcha que, vale la pena subrayar, tienen un potencial de crecimiento amplio, tanto en petróleo como en gas.  

Entonces lo que espera el sector del Gobierno son desregulaciones que les permitan adelantar en el tiempo inversiones y sus metas de producción y actividad. Un ejemplo de esto es el pedido de “agilizar” los permisos de exportación para hacer contratos a largo plazo con clientes y conseguir mejores precios en fletes. 

Las regulaciones ambientales para la explotación de recursos naturales en el país son de altos estándares, incluso más que en países con desarrollos de escala colosal, como en Estados Unidos.  

Además de las legislaciones ambientales tanto en Provincia como en Nación, las empresas deben respetar objetivos de emisiones fijados por sus casas centrales, fuentes de financiamiento y, en algunos casos, por socios internacionales.  

No sólo eso, sino que el mercado objetivo es el internacional y los clientes son cada vez más exigentes en cuanto a la provisión de barriles “verdes” (de bajas emisiones) por los que, además, pagan más caro.  

Es por esto que las operadoras de mediana y gran escala deben cumplir legislaciones ambientales estrictas, aunque también les conviene producir a bajas emisiones por el bonus de precio que pagan los clientes. 

Ahora bien, las omisiones en materia ambiental y de jurisdicción que marcaron desde la consultora Paspartú, podrían originar un nuevo rechazo de provincias productoras y legisladores a la nueva ley ómnibus, lo que condicionaría todavía más la tensa relación actual.  


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