Por las represas, Neuquén envió una carta a Nación: una por una, las propuestas

La Provincia reiteró la propuesta a Nación de crear una empresa hidroeléctrica regional tripartita, conformada por el Estado Nacional y las provincias de Neuquén y Río Negro. Plantearon "contemplar una renta por la explotación comercial" de las represas.

El gobierno de Neuquén envió una nota a la secretaría de Energía de la Nación sobre el manejo de las represas cuyas concesiones están próximas a vencer. Reiteró la propuesta de crear una empresa hidroeléctrica regional tripartita conformada por el estado nacional y las provincias de Neuquén y Río Negro. Uno de los ejes centrales de la carta apunta a una renta por la explotación comercial de las centrales.

En pocos días, el 11 de agosto, finalizan los contratos hechos desde la privatización de las represas en 1993. Pertenecen a las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el río Limay y Neuquén: Alicurá, operada por AES; El Chocón y Arroyito, administrada por Enel; Planicie Banderita, por Orazul y Piedra del Águila, que vence el 29 de diciembre y es operada por Central Puerto.

La Provincia solicitó que deje sin efecto la decisión del gobierno nacional de que la operación de las represas hidroeléctricas de ambos ríos queden en manos del Estado nacional. Expresaron que la postura de la secretaría de Energía de la Nación es una “intromisión”.

El gobierno provincial ya había expresado en varias ocasiones la creación de esta empresa tripartita para llevar adelante la administración de las represas. Con la carta, insistieron con que la administración de las centrales no quede en manos de Energía Argentina SA (Enarsa) «ni de manera transitoria ya que en nuestro país las cuestiones transitorias tienden a transformarse en permanentes”.

«Entre los ejes centrales del proyecto, se deberá contemplar una renta por la explotación comercial de las centrales generadoras que permita la ejecución de un programa de obras hidroeléctricas multipropósito, de infraestructura y de desarrollo productivo a consensuar entre las partes”, sostiene el documento.

La Provincia propone que se contemple una tarifa «que permita, por un lado llevar adelante correctamente y de manera segura la operación y mantenimiento de las represas, que permita realizar las obras de mantenimiento y de seguridad que fueran necesarias, que se incorpore una contribución a los municipios y/o comisiones de fomento aledaños a los emprendimientos».

A la vez, «que permita el fondeo de un fondo específico para obras hidroeléctricas y/o productivas en nuestra misma región, dando prioridad a aquellas que aseguren el resguardo de vidas y bienes de la población aguas abajo».

Según la propuesta, la tarifa debe contemplar también el financiamiento para el funcionamiento adecuado de los organismos interjurisdiccionales de control sobre las represas como lo son la Autoridad interjurisdiccional de cuencas (AIC) y de seguridad de presas (Orsep).

La nota indica que las provincias se deben actualizar y fijar las nuevas normas de manejo del agua, sobre cuidados ambientales y de seguridad de presas que van a regir de ahora en más. Estas reglas deberán formar parte del futuro contrato de operación o de concesión que se vaya a otorgar a la empresa encargada de la administración y operación de las represas.


Represas: la provincia remarcó la titularidad del agua de los ríos


En la nota, la Provincia remarcó que el debate por el manejo de las centrales hidroeléctricas es «más amplio que una simple concesión o de buenas prácticas de federalismo. Es el uso del agua en todas sus formas».

“Desde hace años se ha intentado mediante mecanismos de concertación, que se defina junto a Río Negro el destino de los aprovechamientos hidroeléctricos. Sin embargo, solo se obtuvieron respuestas evasivas por parte de las autoridades nacionales«, subrayaron.

La secretaría de Energía de la Nación «se arrogó facultades en forma excluyente sobre el futuro de los Complejos Hidroeléctricos, en clara violación de la buena fe que debió prevalecer en las negociaciones”. La nota fue firmada por el fiscal de Estado, Raul Gaitán y el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro, dirigida a la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón.

El gobierno provincial ratificó también su posición sobre «volver a instrumentar para las provincias de Neuquén y Río Negro la Tarifa Comahue como una herramienta de estricta justicia para con los habitantes de ambas provincias que hoy ven encarecida sus tarifas por el impacto de los costos de transporte y las pérdidas del sistema que se aplica«, subrayaron.


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