Enfoque equivocado

Por sus propios motivos, los que no guardan ninguna relación con la preocupación por el bienestar del país, la mayoría de los políticos se ha convencido de que el problema principal del sector público tiene que ver con los costos globales, de suerte que cuando es físicamente imposible continuar soportándolos, la única solución consiste en ordenar una rebaja general aunque, por «solidaridad», los mejor remunerados deberían sacrificar mucho más que los que cobran muy poco. Como consecuencia, desde hace varias décadas el término «reforma del Estado» quiere decir achatamiento salarial, proceso que esperaba profundizar el presidente efímero Adolfo Rodríguez Saá cuando decidió que nadie ganaría más de 3.000 pesos mensuales. Por fortuna, este tope ridículo está en vías de eliminación para los funcionarios de carrera, no cargos políticos, por el gobierno de Eduardo Duhalde que encontró que escaseaban los técnicos capaces que estuvieran dispuestos a seguir trabajando por una suma inferior a la que muchos podrían percibir en el sector privado. Sin embargo, aunque la toma de conciencia así supuesta le permitirá al gobierno solucionar algunos problemas puntuales, no servirá para mucho más porque los perjuicios que han ocasionado tantos años de igualitarismo falso nos ha dejado con un Estado que es una pobre parodia de sus equivalentes de países mejor organizados que no está en condiciones de desempeñar sus funciones básicas no por carecer de fondos, sino porque no sólo los encargados de manejarlo sino también muchos empleados jerárquicos son políticos que de la administración de grandes organizaciones no saben nada.

Si bien nadie negaría que el costo global del sector público sí constituye un factor muy importante que ha contribuido mucho al colapso de la economía nacional, a la larga ha incidido menos que su calidad abismal. A diferencia de lo que ha sucedido en los países del «Primer Mundo», no se ha hecho ningún esfuerzo por formar cuadros administrativos que por la capacidad de sus integrantes sean plenamente comparables con los existentes en el sector privado. Por el contrario, políticos y sindicalistas han hecho todo lo posible por mantener a raya a los talentosos, asegurando de este modo que a sus propios allegados, por mediocres que fueran, les resultara fácil apoderarse de reparticiones enteras sin que a nadie se le ocurriera cuestionar su idoneidad. Puede que haya algunos funcionarios vocacionales que todavía sigan en la administración pública a pesar de la presencia ubicua de individuos designados por sus vínculos con alguno que otro influyente, pero sorprendería que hubiera muchos fuera de los ámbitos especializados como la Cancillería.

A primera vista, resulta contradictorio el desprecio manifiesto que sienten tantos políticos por el Estado con su apego a ideologías políticas estatistas o dirigistas. En buena lógica, quienes dicen pensar de este modo deberían haberse dedicado a dotar al país de un sector público de la calidad más alta factible, emulando a sus homólogos franceses o japoneses. El que no lo hayan hecho es una prueba más tanto de su falta de coherencia como de su voluntad indisimulada de incorporar al Estado -o sea, los aportes de los contribuyentes- a sus propios imperios clientelares. Al desvirtuar la idea misma del servicio público, tales políticos pudieran seguir operando con impunidad confiando en que no tendrían que enfrentarse con funcionarios profesionales prestigiosos resueltos a impedir que sus reparticiones fueran invadidas por hordas de activistas incompetentes, cuando no de corruptos o familiares de poderosos.

Lo mismo que otros gobiernos anteriores, el encabezado por Duhalde ya ha aludido con frecuencia a la necesidad de reformar el Estado. Si lo que tiene en mente es ahorrar dinero, lo único que logrará es desatar una serie de conflictos gremiales que servirán para que la administración pública sea aún menos ineficaz. Para que la reforma del Estado tenga sentido, tendrá que suponer una renovación total, sobre bases muy distintas de las tradicionales, para que por fin la Argentina tenga un sector público profesional que privilegie la capacidad y que, obvio es decirlo, no sea usado nunca más para crear «fuentes de trabajo» para los que ninguna empresa privada pensaría en emplear o para dar un ingreso adicional a militantes políticos y sus familiares.