Estafados pagaron más de 30 millones de pesos por las casas que no están

El empresario imputado es Horacio Souza y está acusado de 58 hechos de estafa. Recibió pagos en efectivo, en pesos y en dólares, transferencias bancarias y entrega de propiedades, lotes y vehículos.



Hoy se realizó la audiencia de formulación de cargos contra el empresa Horacio Souza.

Hoy se realizó la audiencia de formulación de cargos contra el empresa Horacio Souza.

El expediente judicial en la causa que se inició en Bariloche por el delito de estafa con las viviendas de construcción en seco suma 58 víctimas que acreditaron haber pagado al imputado, el empresario Horacio Luis Souza, más de 30 millones de pesos por las propiedades que nunca recibieron.

La suma estimada es conservadora, a un promedio de medio millón de pesos de pago realizado por los damnificados por la vivienda, aunque hay decenas de casos que multiplicaron esa suma.

El perjuicio global podría ser mayor ya que según los datos aportados por la fiscalía, muchas familias firmaron contratos por viviendas por hasta 3 millones de pesos. Los contratos partían de una base promedio de 500.000 pesos para una edificación unifamiliar de 50 metros cuadrados.

Los fiscales Inti Isla y Gerardo Miranda expusieron hoy en una audiencia de formulación de cargos cada uno de los casos en los que Souza firmó contratos para la construcción de viviendas y ofrecieron ante el juez de Garantías Martín Arroyo un minucioso detalle de los pagos efectuados por los damnificados y que el empresario cobró ya sea con dinero en efectivo (en pesos argentinos y en dólares), transferencia bancaria o mediante la entrega de bienes como vehículos, terrenos y propiedades.

Los casos que forman parte de la investigación judicial, que tiene un plazo de un año para realizarse, afectan a familias de Bariloche, Villa la Angostura, Dina Huapi, San Martín de los Andes, Esquel, Junín de los Andes y Villa Regina.

Según el detalle difundido hoy por los fiscales, en 47 casos el propietario de la firma HS Negocios SRL no construyó nada y solo en 11 casos mostró algún tipo de avance como la edificación de platea, el levantamiento de esqueletos de madera o un porcentaje menor de la construcción de la vivienda.

Entre los estafados no solo hay personas que contrataron la edificación de la vivienda unifamiliar sino que hay algunos que pagaron por departamentos de un complejo de 14 unidades funcionales en el barrio Las Victorias, que tenía alguna edificación en el terreno de la calle Quilmes y Carmen de Patagones, pero la propiedad no estaría a nombre de Souza ni de HS Negocios SRL. También hay damnificados que habían contratado la compra de más de una propiedad y otro afectado que acordó la edificación de seis bungalows.

En uno de los casos que forma el expediente, una familia contrató la construcción de una vivienda de material en Villa Regina, en el Alto Valle de Río Negro, por un valor cercano a los 3 millones de pesos. Cuando los afectados reclamaron por el plazo vencido y la falta de obra, el empresario les habría admitido que no construía ese tipo de viviendas y habría comprometido un resarcimiento que nunca cumplió.

Como parte de pago, Souza recibió de diversos damnificados, además de dinero en efectivo o por transferencia bancaria, un departamento céntrico en Bariloche, terrenos en diversos puntos de la ciudad, un automóvil marca Audi y otro Honda Civic, dos camionetas (una de ellas 4x4) y un camión Mercedes Benz.

Los fiscales exhibieron un modus operandi similar en todos los casos en los que Souza comprometía la construcción de las viviendas, llave en mano, en plazos de 180 a 300 días una vez aprobados los planos de obra, exigía pagos por anticipado y una vez que los afectados llegaban para reclamar por los plazos vencidos, justificaba las demoras y aseguraba que iba a cumplir. Esto ocurrió hasta poco antes de cerrar su oficina y profugarse de la Justicia en abril pasado.

Souza firmó la mayoría de los contratos en sus oficinas de Esandi 215 y en agosto de 2018 modificó su sede a una nueva oficina en la calle Henry Ford, donde rubricó los acuerdos más recientes y de donde la fiscalía obtuvo más de 50 cajas con documentación y dos computadoras, como parte del secuestro de evidencia que se ordenó en abril pasado cuando se inició la investigación.

Los fiscales no descartan que puedan existir otras personas responsables de la estafa y según indicaron al juez Arroyo, se reservan la posibilidad de modificar el delito penal según el avance de la investigación.

En la causa inicial se habían constatado 29 hechos similares de estafa y hoy en la nueva audiencia se sumaron 29 casos más, que totabilizan 58 hechos. Por ahora hay nueve querellantes en la causa.


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