Estallido en Bariloche
Los saqueos de supermercados y de otros comercios, como los que acaban de producirse en Bariloche, siempre son obra de grupos politizados ya que, felizmente para los demás, los pobres e indigentes no suelen actuar así a menos que sean movilizados por expertos, pero hasta los agitadores más combativos necesitan contar con pretextos que en su opinión sirven para legitimar la delincuencia. Por desgracia, pretextos que les parecen más que suficientes abundan no sólo en Bariloche sino también en el resto del país, sobre todo en las villas miseria, donde viven millones de personas de ingresos que apenas les permiten alimentarse, que rodean todas las ciudades, tanto las grandes como las chicas. Aunque nuestro país se ha acostumbrado a esta situación nada satisfactoria que, por cierto, dista de ser nueva, últimamente se ha agravado mucho debido a una tasa de inflación cercana al 30% anual que parece destinada a continuar cobrando fuerza y al aumento, por ahora gradual, del desempleo, en blanco o en negro, a causa del estancamiento de la economía. Asimismo, la abrupta ralentización del crecimiento a partir de las elecciones del año pasado ha incidido de forma muy negativa en las expectativas; ya se ha apagado la ilusión de que, andando el tiempo, virtualmente todos llegarían a participar de la bonanza consumista que según el gobierno está experimentando el país y que tanto contribuyó a la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si bien el panorama es menos alarmante de lo que era once años atrás, cuando operadores políticos peronistas aprovecharon la oportunidad brindada por el derrumbe económico para provocar saqueos y disturbios multitudinarios en los barrios periféricos de la Capital Federal con el propósito de hundir al gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa, lo que lograron hacer, no es demasiado sorprendente que en Bariloche una pequeña minoría organizada de los presuntamente excluidos de la sociedad de consumo se haya puesto a apropiarse de electrodomésticos y alimentos. Tampoco lo sería que los emularan otros en el inmenso conurbano bonaerense donde, claro está, activistas de agrupaciones de izquierda que se oponen al gobierno de Cristina –y al provincial del gobernador Daniel Scioli– están más que dispuestos a protagonizar desmanes. Parecería que los ultras de este tipo creen que les ha llegado la hora de sacar provecho de la notoria caída del índice de aprobación de la presidenta y de las deficiencias cada vez más evidentes del “modelo” económico kirchnerista, de ahí los disturbios que en muchos lugares siguieron a la difusión del fallo de los jueces tucumanos a cargo del caso de Marita Verón. En aquella ocasión Cristina trató de ponerse a la cabeza de las protestas atribuyéndolas a una reacción popular contra la venalidad judicial, pero no le sería tan fácil reeditar la maniobra si hay más saqueos. En Bariloche las fuerzas policiales presentes, desbordadas por menos de un centenar de revoltosos en su mayoría jóvenes, asumieron una actitud defensiva. Como sus homólogos en la Capital Federal la semana pasada, los agentes se mostraban reacios a “reprimir”, lo que puede compararse con la actitud permisiva frente a las manifestaciones de ira supuestamente popular que el kirchnerismo ha reivindicado desde hace más de nueve años. Sin embargo, puesto que existe el peligro de que, a raíz del “efecto contagio”, otros grupos organizados supongan que en adelante podrán actuar con impunidad porque las fuerzas de seguridad, desmoralizadas por lo que perciben como la hostilidad del gobierno nacional, no se animarán a defender los derechos de propiedad de las víctimas de saqueos, a Cristina le convendría modificar su postura. De haber reaccionado con mayor vigor la policía barilochense frente a las bandas de ladrones se hubiera reducido el riesgo de que los asaltos a los supermercados resultaran ser sólo los primeros de una serie que, desde luego, socavaría aún más la autoridad de un gobierno que, en los últimos meses, ha cometido un error grotesco tras otro despilfarrando así con rapidez inverosímil el capital político que había acumulado un año antes pero que, lejos de estimularlo a prestar más atención a las tareas administrativas, sólo sirvió para tentarlo a “ir por todo”, ensañándose con buena parte de la sociedad.
Los saqueos de supermercados y de otros comercios, como los que acaban de producirse en Bariloche, siempre son obra de grupos politizados ya que, felizmente para los demás, los pobres e indigentes no suelen actuar así a menos que sean movilizados por expertos, pero hasta los agitadores más combativos necesitan contar con pretextos que en su opinión sirven para legitimar la delincuencia. Por desgracia, pretextos que les parecen más que suficientes abundan no sólo en Bariloche sino también en el resto del país, sobre todo en las villas miseria, donde viven millones de personas de ingresos que apenas les permiten alimentarse, que rodean todas las ciudades, tanto las grandes como las chicas. Aunque nuestro país se ha acostumbrado a esta situación nada satisfactoria que, por cierto, dista de ser nueva, últimamente se ha agravado mucho debido a una tasa de inflación cercana al 30% anual que parece destinada a continuar cobrando fuerza y al aumento, por ahora gradual, del desempleo, en blanco o en negro, a causa del estancamiento de la economía. Asimismo, la abrupta ralentización del crecimiento a partir de las elecciones del año pasado ha incidido de forma muy negativa en las expectativas; ya se ha apagado la ilusión de que, andando el tiempo, virtualmente todos llegarían a participar de la bonanza consumista que según el gobierno está experimentando el país y que tanto contribuyó a la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si bien el panorama es menos alarmante de lo que era once años atrás, cuando operadores políticos peronistas aprovecharon la oportunidad brindada por el derrumbe económico para provocar saqueos y disturbios multitudinarios en los barrios periféricos de la Capital Federal con el propósito de hundir al gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa, lo que lograron hacer, no es demasiado sorprendente que en Bariloche una pequeña minoría organizada de los presuntamente excluidos de la sociedad de consumo se haya puesto a apropiarse de electrodomésticos y alimentos. Tampoco lo sería que los emularan otros en el inmenso conurbano bonaerense donde, claro está, activistas de agrupaciones de izquierda que se oponen al gobierno de Cristina –y al provincial del gobernador Daniel Scioli– están más que dispuestos a protagonizar desmanes. Parecería que los ultras de este tipo creen que les ha llegado la hora de sacar provecho de la notoria caída del índice de aprobación de la presidenta y de las deficiencias cada vez más evidentes del “modelo” económico kirchnerista, de ahí los disturbios que en muchos lugares siguieron a la difusión del fallo de los jueces tucumanos a cargo del caso de Marita Verón. En aquella ocasión Cristina trató de ponerse a la cabeza de las protestas atribuyéndolas a una reacción popular contra la venalidad judicial, pero no le sería tan fácil reeditar la maniobra si hay más saqueos. En Bariloche las fuerzas policiales presentes, desbordadas por menos de un centenar de revoltosos en su mayoría jóvenes, asumieron una actitud defensiva. Como sus homólogos en la Capital Federal la semana pasada, los agentes se mostraban reacios a “reprimir”, lo que puede compararse con la actitud permisiva frente a las manifestaciones de ira supuestamente popular que el kirchnerismo ha reivindicado desde hace más de nueve años. Sin embargo, puesto que existe el peligro de que, a raíz del “efecto contagio”, otros grupos organizados supongan que en adelante podrán actuar con impunidad porque las fuerzas de seguridad, desmoralizadas por lo que perciben como la hostilidad del gobierno nacional, no se animarán a defender los derechos de propiedad de las víctimas de saqueos, a Cristina le convendría modificar su postura. De haber reaccionado con mayor vigor la policía barilochense frente a las bandas de ladrones se hubiera reducido el riesgo de que los asaltos a los supermercados resultaran ser sólo los primeros de una serie que, desde luego, socavaría aún más la autoridad de un gobierno que, en los últimos meses, ha cometido un error grotesco tras otro despilfarrando así con rapidez inverosímil el capital político que había acumulado un año antes pero que, lejos de estimularlo a prestar más atención a las tareas administrativas, sólo sirvió para tentarlo a “ir por todo”, ensañándose con buena parte de la sociedad.
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