Estallido político

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La detención del ex presidente Carlos Menem ha impulsado a ciertos compañeros a pensar en vengarse promoviendo causas judiciales contra sus adversarios radicales y frepasistas, además de Domingo Cavallo, a fin de brindarle al gobierno un motivo muy bueno para solidarizarse con el prisionero. Puesto que con un poco de ingenio por parte de un abogado cualquier dirigente podría ser calificado de jefe de una asociación ilícita, no carecerán de municiones. Tampoco tendrían dificultades en este ámbito los aliancistas: ni siquiera al peronista más furibundo se le ocurriría afirmar que el PJ y los sindicatos que le son afines estén conformados exclusivamente por dechados de virtud cívica. Si los enojados por el arresto de su jefe concretan sus amenazas, pues, el grueso de la clase política nacional quedaría entre rejas lo cual, desde luego, plantearía a los constitucionalistas algunos problemas que hasta ahora sólo han interesado a los teóricos más imaginativos.

Por lo común, los caníbales se alimentan de los cuerpos de miembros de otras tribus, pero es de suponer que en tiempos de emergencia se resignan a comerse los unos a los otros, dejando sólo a aquellos que carezcan de valor nutritivo. En política ocurre algo similar. Antes de que la Justicia tocara al jefe formal de la oposición, parecía imperar un acuerdo nunca confeso según el cual los ubicados en la cima disfrutarían de impunidad por graves que fueran las acusaciones en su contra. En aquellos días, era lícito ensañarse con un ex gobernador como Eduardo Angeloz, pero no con un integrante activo de las cúpulas radical o peronista que estaba en condiciones de contraatacar. Desde que Menem cayó, empero, las viejas reglas ya no tienen vigencia. Cualquier político, sin excepción alguna, corre el riesgo de ser devorado por la Justicia que, por ser fruto del trabajo de generaciones de hombres convencidos de que leyes supuestamente rigurosísimas serían interpretadas con flexibilidad pragmática, nunca pudieron prever que llegaría un momento en que hasta las más discutibles serían tomadas al pie de la letra.

El financiamiento poco transparente de la actividad política siempre ha constituido uno de los caballos de batalla favoritos de los deseosos de emprender una limpieza general, porque es de dominio público que los gastos reales de los distintos partidos no guardan relación alguna con los registrados, de suerte que un menemista despechado podría calificar de «jefe de una asociación ilícita» a Raúl Alfonsín y de subjefes a todos sus operadores. Otra veta sería la costumbre de los poderosos de apropiarse de los bienes públicos para su uso personal, como, se ha informado, hicieron el presidente Fernando de la Rúa y miembros de su familia al trasladarse al balneario de Chapadmalal en el Tango 02. Asimismo, por ser los integrantes del gabinete los responsables formales de cuanto sucede en sus reparticiones, es sencillo vincularlos con la corrupción de sus subordinados, detalle que ya ha incomodado a los muchos ex ministros que se han visto obligados a explicar su conducta ante jueces de actitudes imprevisibles.

Por desgracia, el orden político existente se basa en la complicidad mutua. De romperse este pacto, los juzgados se verán inundados de denuncias adecuadamente fundadas que acaso ayuden a prestigiar momentáneamente a la Justicia pero que, lejos de contribuir a mejorar la salud de la clase política nacional, bien podrían paralizarla por completo. A juicio de algunos, sería inmoral desistir de depurar a dicha clase de los culpables por comisión u omisión de actos que podrían juzgarse ilegales, pero sucede que por ahora cuando menos el país no puede darse el lujo de intentar reemplazar a sus «dirigentes» actuales por otros es de esperar más honestos. Por lo tanto, sería aconsejable proceder con cierta cautela, limitándose a los casos más escandalosos de enriquecimiento ilícito, con el propósito de avanzar más en el futuro. Incluso podría estudiarse la conveniencia de una amnistía parcial destinada a proteger a los eventualmente culpables de delitos rutinarios -de «robar para la corona»- de los claramente inaceptables. Sería vergonzoso, ¿qué duda cabe?, pero también sería una forma de sincerarse antes de iniciar una etapa nueva y, es de esperar, más limpia, que las transitadas hasta ahora.