Ex gobernantes en la mira

Como consecuencia de la muerte de una treintena de personas en los disturbios violentos que contribuyeron a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, el ex presidente, el ex ministro del Interior, Ramón Mestre; el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, se han visto convertidos en blancos de una ofensiva judicial emprendida por diversos jueces, fiscales y abogados, algunos de los cuales no han disimulado su vivo deseo de que todos terminen entre rejas y que uno, el ex presidente, sea condenado a la pena máxima de 25 años de reclusión. Es posible que en algunos casos las iniciativas se hayan inspirado en el profundo respeto por la vida que sienten los autores, pero tanto en el exterior como en el país mismo muchos darán por descontado que sus motivos han tenido más que ver con el oportunismo político que con cualquier compromiso con la paz o con el imperio de la ley. Al fin y al cabo, nadie ignora que «la gente» está enojada y que los nombrados, además del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, -el que a pesar de tener razones para temer por su vida no puede salir del país porque a un juez se le ocurrió desempolvar una vieja causa en su contra- no son muy populares en este momento. Aquí, los «emblemáticos» de turno siempre son presas fáciles no sólo de las turbas sino también de «la Justicia».

Si los saqueos, las manifestaciones callejeras y los desmanes de toda clase que se produjeron la semana pasada constituyeran incidentes totalmente insólitos sin que existiera el peligro de que se repitieran, los intentos de perseguir legalmente a las personas formalmente responsables por la conducta de las fuerzas de seguridad podrían considerarse a lo sumo inocuos y acaso saludables por suponer que en adelante los altos funcionarios operarían con mucho más cuidado que antes. Pero ocurre que, algunos ilusos aparte, nadie cree que después del «estallido» todo volverá a la normalidad sin que haya necesidad alguna de que la Policía y la Gendarmería se manifiesten dispuestas a reprimir. De difundirse la idea de que los saqueadores, los vándalos encapuchados y bien armados, los militantes con celulares que dirigen operativos claramente políticos y también siembran el miedo hablando de la llegada inminente de hordas de predadores violentos, pueden actuar con la más absoluta impunidad porque ningún funcionario se animaría a ordenar la represión, no habrá forma de impedir un baño de sangre. Por cierto, de no poder confiar en la protección que debería brindarles el Estado, los comerciantes y otros propietarios que han estado bajo ataque no vacilarán un solo momento en organizar sus propias unidades defensivas, como ya ha ocurrido en otras partes de América Latina. ¿Qué otra alternativa tendrían?

Le corresponde al Estado garantizar los derechos básicos de la ciudadanía, lo cual, por desgracia, a menudo lo obliga a reaccionar ante la violencia privada con una mayor violencia aún. Es así en todos los países del mundo porque si el Estado no lo hace, ya por no disponer de fuerzas capaces de conservar la paz, ya porque nadie se siente facultado para dar las órdenes apropiadas, el resultado no es la convivencia civilizada sino la ley de la selva, es decir, una lucha darwiniana en la que terminarán imponiéndose los más fuertes que, es innecesario decirlo, no suelen ser ni los defensores de los derechos humanos, los progresistas moderados o los pacifistas ni los representantes de la izquierda combativa, sino los resueltos a reprimir cueste lo que costare. Se equivocan aquellos jueces y otros que se han ensañado con De la Rúa y sus colaboradores si creen que, gracias a su vigilancia, de estallar más disturbios habrá menos muertos para lamentar. Por el contrario, la mejor manera de provocar más tumultos sanguinarios y por lo tanto más muertos consiste precisamente en hacer pensar que los desmanes serán tolerados por las autoridades, realidad ésta que entienden muy bien los militantes de movimientos totalitarios que, antes de alcanzar el poder, dan por descontado que la violencia «de abajo» es buena por antonomasia, mientras que la «de arriba» siempre es irremediablemente mala.